El Gobierno definirá aumentos en las tarifas de gas y las facturas podrían multiplicarse por seis

El Gobierno está decidido a transparentar los costos de producir gas y generar electricidad en las boletas de estos servicios y cree que es necesario un cambio sustancial en la forma de subsidiar. “La energía vale igual para todos; en cambio, el subsidio se relaciona con la capacidad de pago de la gente”, repiten los funcionarios, al explicar los futuros aumentos de tarifas, que se concentrarán fuertemente en los próximos tres meses.

Bajo este concepto, entre febrero y abril, la Secretaría de Energía buscará reducir al mínimo los subsidios y que los hogares paguen el costo pleno de la energía. En el caso del gas, el secretario Eduardo Rodríguez Chirillo dijo el lunes durante la audiencia pública que, en promedio, los usuarios hoy pagan solo el 17,5% del costo de producción.

El gobierno anterior había dicho que los usuarios de ingresos altos ya no recibían más subsidios. Sin embargo, al congelar las tarifas durante casi todo el año pasado y con la suba del tipo de cambio oficial, la cobertura del costo del gas cayó fuertemente en los últimos meses.

La consultora Economía & Energía dio precisiones acerca de qué porcentaje cubren con las boletas los distintos usuarios: los hogares considerados de altos ingresos pagan el 22% del total de costo de producción; los de bajos ingresos, el 6,5%, y los de ingresos medios, el 8%. Por lo tanto, el aumento de tarifas sería mayor para los usuarios de menor poder adquisitivo.

Bajo el supuesto de que se quita el 100% de los subsidios, los usuarios de ingresos altos de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que consumen alrededor de 662 m3 anuales, pasarían de pagar la boleta final con impuestos de $4558, en enero, a $7847, en febrero (72%); $11.137, en marzo (42%), y $14.426 en abril (30%). Esto significaría una suba en la boleta total de 217% en apenas tres meses, según la consultora que dirige el economista Nicolás Arceo.

Los usuarios de ingresos medios, en tanto, pasarían de pagar $3104, en enero, a $8712, en febrero (181%); $12.698, en marzo (46%), y $14.426 en abril (14%). Esto significaría un aumento de 365%.

Para los usuarios de ingresos bajos, la consultora hizo el supuesto de que se subsidiará el 50% del costo de abastecimiento. De esta forma, se pasaría de pagar $2179, en enero, a $5285, en febrero (143%); $6811, en marzo (29%), y $7800 en abril (15%). Esto significaría una suba de 258%.

En todos los casos no se tiene en cuenta que la Secretaría de Energía decretará además aumentos en los servicios de transporte de gas y de distribución, que también están incluidos en el precio final de las boletas.

En la audiencia pública, las empresas transportistas (TGN y TGS) pidieron recomponer sus ingresos con aumentos de 524%, mientras que las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) solicitaron subas de 462%.

En el Gobierno dijeron que la nueva tarifa no debe reconocer ajustes que no se dieron en el pasado, aunque se espera algún tipo de aumento, ya que la mayoría de las empresas mostró sus balances en rojo el año pasado, debido al congelamiento de sus ingresos en un contexto de alta inflación. Además, se quiere avanzar con subas mensuales de las tarifas, indexadas a la inflación del mes anterior.

“En la audiencia pública, cada prestador de transporte y distribución de gas llevó su prolija cuenta de actualización y presentó una cifra de aumento que puede ser en promedio $2000 para una transportista y $5000 para un distribuidor. Se basan en criterios de rentabilidad o más bien sostenibilidad, porque los ingresos no cubren los costos más la rentabilidad razonable. El problema es que ellos son solo la infraestructura de transporte y distribución del gas. Después de ellos viene el ajuste del costo del gas, que es donde están los subsidios fiscales. Y después vienen los distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), que piramidan sobre estos aumentos con tasas porcentuales de impuestos”, analizó Fernando Navajas, economista jefe de la fundación FIEL.

“Cuando se suman todas estas cosas, la agregación de todo ello termina haciendo que lo que son presentaciones de pedidos de aumentos de $7000, tranquilamente puede terminar en $70.000. Eso no cierra, no pasa el test de asequibilidad de la familia promedio. Manda a pobreza energética (un test simple que compara gasto de energía con ingreso del hogar) a más de la mitad de la población”, agregó el economista especializado en energía.

En los próximos días, se espera que el Gobierno confirme cuál será la quita final de subsidios en las tarifas y los aumentos que recibirán las empresas distribuidoras y transportistas. A su vez, habrá otra audiencia pública para debatir el nuevo esquema de subsidios, que comenzaría a regir a partir de abril.

La Secretaría de Energía diseñará una canasta básica energética, para que los subsidios estén destinados al usuario final. La idea del Gobierno es subsidiar cuando el costo de la canasta supere un porcentaje de los ingresos totales de quienes viven en el hogar. “Es necesario transparentar los costos del suministro. Si uno no ve ese costo en su factura, es como que no existe”, dicen en el Gobierno.

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