El gobierno de Milei recaudó $855.000 millones del impuesto PAIS para obras que no se ejecutaron
El Presidente decretó que cerca de un tercio del tributo iría a “obras de infraestructura económica”, pero sólo se gastó el 1% de esos recursos; los gobernadores reclaman reactivar proyectos; fuentes oficiales admiten que esos fondos son parte del ahorro que permitió llegar al superávit fiscal
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LA NACIONIgnacio Grimaldi
Para qué se usa la plata de los impuestos siempre es un tema sensible. Si se observaran resultados positivos de inversiones realizadas con fondos de la recaudación, se encontraría fácilmente el sentido del pago de los tributos. Sin embargo, cuando el fisco aprieta y el Poder Ejecutivo no ejecuta, comienzan los problemas.
La trama involucra al presidente Javier Milei y a los gobernadores, y unos $855.000 millones del impuesto PAIS que se recaudaron para obras públicas que no se hicieron. Esta historia acumula varios capítulos, pero en el acto ante el Monumento a la Bandera, en Rosario, el jueves pasado, sumó uno nuevo cuando el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro, reclamó: “Señor Presidente: mire a este país, nos faltan obras de infraestructura”.
Paradójicamente, Milei aumentó la proporción de los fondos recaudados con el impuesto PAIS que deberían utilizarse para financiar obras de infraestructura. Sin embargo, esos cientos de miles de millones de pesos, tal como indicaron fuentes oficiales, no se utilizaron. Es decir, quedaron congelados, al igual que las obras.
En 2020, el entonces presidente, Alberto Fernández, firmó el decreto 184, , que establecía que el 30% de lo recaudado con el impuesto PAIS tenía la finalidad de financiar distintos tipos de proyectos. Según la normativa, 65% de ese 30% debía distribuirse para “obras de infraestructura económica”. La actual administración modificó esa reglamentación mediante el decreto 193/2024, que lleva las firmas de Milei, del exjefe de Gabinete Nicolás Posse y del ministro de Economía, Luis Caputo. Ellos elevaron el porcentaje de lo recaudado para esa finalidad. De esta manera, el rubro obras de infraestructura absorbería ahora el 94% de ese 30% del impuesto PAIS.
Según el sitio oficial Presupuesto Abierto, hasta el 18 de junio la Secretaría de Obras Públicas había registrado ingresos equivalentes a $863.128 millones por el cobro de este impuesto. De hecho, la información describe que esos fondos corresponden a lo recaudado para “obras de infraestructura económica”. El contraste llega cuando se analiza que la misma Secretaría ejecutó $8823,53 millones, que sólo representan el 1% de los fondos que absorbió por el impuesto PAIS.
Aquí se abre un interrogante: ¿para qué se cobra un impuesto que tiene una finalidad específica y su recaudación no se invierte en los términos que reguló el Presidente? Fuentes oficiales explicaron a LA NACION que el 99% restante de lo recaudado no se utilizó para nada, ya que forma parte del superávit fiscal.
Para ponerlo en perspectiva, los $854.304 millones que no se gastaron equivalen a diez veces el costo de las obras pendientes en tres tramos del camino del Buen Ayre, en el conurbano.
En paralelo, la suma de los superávits primarios mensuales desde enero a mayo informados por el Ministerio de Economía asciende a $6.465.462 millones. Por lo tanto, lo recaudado del impuesto PAIS para obras de infraestructura que no se gastó representa el 13,2% del superávit primario de los primeros cinco meses del año. Es decir, los resultados positivos en las cuentas públicas no dependieron del ahorro provocado por la retención de estos recursos, aunque estos hicieron su aporte.
Sobre estos fondos existen algunos señalamientos relevantes. Uno de ellos es que, en la medida en que se prolongue el impuesto PAIS, su recaudación dotará a la Secretaría de Obras Públicas de más recursos. Otra aclaración importante es que esa inyección de miles de millones de pesos tiene fecha de vencimiento, dado que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que modificaría el tributo luego de la sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. Incluso el gravamen se eliminaría una vez levantado el cepo cambiario.
Mientras tanto, esos aportes de los contribuyentes continúan en las arcas del Estado y, con el desgaste inflacionario, perderán poder de compra en las contrataciones para obras públicas.
Por Ignacio Grimaldi
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