El dólar soja y un ajuste en el gasto le permitieron al Gobierno sobrecumplir la meta fiscal con el FMI

Pese a las dudas iniciales, la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía significó un cambio en las erogaciones del Estado. Gracias a la mayor recaudación por el esquema del dólar soja y tras aplicar un ajuste en los gastos, el Gobierno logró cumplir con la meta fiscal de 2022 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Palacio de Hacienda anunció que en el último año hubo un déficit primario de $1,96 billones, equivalente al 2,4% del PBI, menor al 2,5% acordado con el organismo. El año pasado, los gastos del Estado crecieron 70,5%, por debajo de la inflación promedio anual de 72,5%, que muestra el ajuste llevado a cabo. Los ingresos, por su parte, aumentaron 79% interanual.

“Se alcanzó un déficit primario de 2,4% del PBI, a partir de una serie de decisiones en materia fiscal llevadas a cabo por las autoridades del Ministerio de Economía, con el fin de ordenar las cuentas públicas y los desvíos preexistentes. Esto representa el sobrecumplimiento de la meta fiscal establecida en el programa de Facilidades Extendidas para el Sector Público Nacional No Financiero (2,5% del PBI)”, indicó el equipo de Massa.

Por el lado de los ingresos, el Estado logró una mejor recaudación por derechos de exportación (retenciones) gracias a las dos ediciones del dólar soja, que le otorgaba a los productores un tipo de cambio más alto.

“El dólar soja generó dos efectos. Por un lado, se adelantaron ventas que no se hubieran hecho o que se iban a hacer en la próxima cosecha. Por otra parte, el Estado le pagó un precio más alto por cada tonelada de soja por el diferencial del tipo de cambio. Esa mayor emisión monetaria que hizo el Banco Central, el Tesoro la respaldó con la colocación de una letra intransferible”, explicó el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma.

En septiembre, cuando el Ministerio de Economía lanzó el primer dólar soja de $200, el tipo de cambio oficial mayorista promedió los $145. En diciembre, cuando el Gobierno replicó el esquema con un dólar soja a $230, el oficial valió $170, en promedio en el mes.

“La meta fiscal no se hubiera cumplido sin ese ayudín monetario, que equivale a $185.000 millones extra, que representa 0,25% del PBI. Esta es la diferencia de recaudación adicional que logró el Tesoro con ese mayor precio que el Banco Central pagó por dólar. Sin eso, no se hubiera llegado a la meta o se hubiera cumplido haciendo un esfuerzo por otro lado”, calculó Caamaño.

Por el lado de los gastos, el principal ajuste del Estado se dio en transferencias a las provincias, que aumentaron solo 54%, de $360.094 millones a $554.882 millones.

Sin embargo, el impacto mayor se dio en una baja real de los subsidios a la energía, que aumentaron 58%, a $1,7 billones, muy por debajo de la inflación interanual, pese al mayor costo del gas y la electricidad por la suba de los precios internacionales debido a la guerra en Ucrania. Esto está explicado por el incremento aplicado en las tarifas de gas y electricidad en la última parte del año, pero, principalmente, por el diferimiento de pagos con Cammesa, la compañía privada con control estatal encargada de los despachos de energía eléctrica.

Cammesa no solo es el corazón del sistema eléctrico en el país, sino también el salvavidas que suelen usar los ministros de Economía para esconder gastos fiscales. Como no es una empresa estatal y, por lo tanto, no es parte del sector público nacional, si el Tesoro demora pagos con Cammesa, no se contabilizan como una deuda flotante. Este dato no es menor, ya que dentro del acuerdo con el FMI está establecido que el máximo de deuda flotante que se puede acumular es 0,8% del PBI.

“Hay una desaceleración del gasto que es mayor a lo que uno podría esperar, no se condice con el esfuerzo fiscal que están haciendo. No tiene lógica que el Gobierno cumpla con la meta fiscal pateando pagos, para después incumplir la deuda flotante. Como Cammesa no es sector público, no entra en esta cuenta y además, en paralelo, se ve una desaceleración muy significativa en subsidios a la energía, mayor al que se esperaría por el aumento de tarifas realizado”, dice Caamaño.

Sin embargo, la deuda flotante fue alta también, según las estimaciones de la consultora LCG, que la calculó en 1,1% del PBI. “El umbral que contempla el acuerdo con el FMI es 0,8% del PBI, aunque entendemos que será corregido al alza antes de marzo, que es cuando se revisan los datos de diciembre. No obstante, hay que tener presente que esta deuda aliviará el cumplimiento de la meta de 2022, pero implicará un mayor esfuerzo para 2023, que ya cuenta con un compromiso exigente de déficit primario, de 1,9% del PBI”, indicaron.

Los subsidios al transporte, por su parte, aumentaron 51% y representaron $460.269 millones. Las erogaciones en prestaciones sociales también tuvieron una caída en términos reales, ya que crecieron solo 72%, de $5,4 billones a $9,4 billones. Las transferencias por jubilaciones y pensiones contributivas subieron 69%.

Los gastos en capital, en tanto, mostraron un aumento de 105%, por arriba de la inflación, y representaron desembolsos por $1,3 billones.

En diciembre, el déficit primario representó $502.128,2 millones. En ese mes, los ingresos ascendieron a $1,7 billones, (92%), mientras que el gasto primario alcanzó los $2,1 billones (54,8%). Los ingresos tributarios crecieron en el mes un 89,5%, impulsados principalmente por el aumento en Ganancias (126,7%), en contribuciones a la Seguridad Social (89,6%) y en los derechos de exportación (92,1%) en el marco del Programa de Incremento Exportador (Decreto 787/2022).

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