El Gobierno confirmó la construcción de un proyecto clave y dice que generará un ahorro de US$1000 millones por año en importación de gas

Alberto Fernández, a través del decreto 76/2022 publicado esta mañana en el Boletín Oficial y en conjunto con la firma de todos los ministros, formalizó el comienzo del proyecto de construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. El documento enumera las fuentes de financiamiento, aunque todavía no hay detalles de los montos concretos de cada una. Además, estima el Gobierno estima que, una vez terminado, generaría un ahorro anual de US$1000 millones, en función de la reducción de importaciones de gas que implicará el aumento de la capacidad de transporte.

El gasoducto unirá Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, con la ciudad de San Jerónimo, en Santa Fe, pasando por Río Negro, La Pampa y Buenos Aires (Salliqueló). Según el Gobierno, la construcción es prioritaria para la provisión energética. “Un retraso podría poder en riesgo el abastecimiento interno de nuestro país”, alerta el decreto.

Por un lado, la obra resulta fundamental para incrementar la operación de Vaca Muerta. Los productores de gas de la cuenca no pueden aumentar su producción debido a la “imposibilidad de evacuarla”. Con el gasoducto, podrían aumentar 1.000.000 m³ diarios (pasaría de 5 a 6 millones por día).

“En la actualidad, la capacidad de transporte de los tres gasoductos que unen la Cuenca Neuquina con los grandes centros de consumo se encuentra prácticamente saturada. Los datos de inyección en cabecera del sistema de transporte licenciado de julio de 2021 muestran que el GASODUCTO CENTRO OESTE (TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A - TGN) se encuentra operando al máximo, en tanto que el conjunto NEUBA I y II (TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. - TGS) registró una capacidad ociosa de poco más de CINCO MILLONES DE METROS CÚBICOS (5.000.000 m³) durante ese mes”, explica el decreto.

Otro de los objetivos es reducir la importación de gas natural líquido (GNL). Ieasa, la misma empresa que tendrá a cargo la obra y la concesión del gasoducto también es responsable del Gasoducto Juana Azurduy, en el noroeste, a través del cual se importa gas de Bolivia. El otro mecanismo es la compra de cargamentos de GNL que llega en buques a Escobar o Bahía Blanca.

En septiembre del año pasado, Ieasa ya había adquirido 56 buques de entre 56.902m³ y 83.999m³. En total, compró al exterior 3.565.873m³. Fueron requeridos 25 más que en 2020 (31) y la demanda se duplicó en dos años, siendo que en 2019 fueron comprados 26. El déficit energético genera un impacto en la balanza comercial, debido a que el Gobierno tiene que desembolsar dólares para hacer el pago a proveedores. Frente a la escasez de reservas, buscan reducir la necesidad de divisas.

El Gobierno estima ahorrar hasta US$1000 millones por año en concepto de menor costo de abastecimiento de la demanda doméstica por sustitución de importaciones desde Bolivia y a través de buques de GNL. Además, estiman que el efecto neto sobre la balanza comercial energética sea de US$2500 millones por año, como consecuencia de un “incremento en los volúmenes exportados”.

Para la construcción, el Gobierno otorgó una concesión a Ieasa para construir, mantener, operar y prestar el servicio de transporte por el término de 35 años, aunque podría prorrogarse. Será responsable de licitar, contratar y ejecutar la obra.

Aunque el Gobierno no detalló el valor de la construcción en el decreto, la Secretaría de Energía informó que tendrá un costo preliminar de US$3471 millones, dividido en dos etapas. La primera unirá Neuquén con Buenos Aires, y costaría cerca de US$1566. La segunda parte consiste en el tramo entre Salliqueló y San Jerónimo, que implicará un desembolso adicional de US$1905 millones.

El financiamiento, según el decreto, se obtendrá de múltiples fuentes. Una de ellas son parte de los fondos provenientes del impuesto a la riqueza. La ley 27.605, que aprobó el aporte solidario y extraordinario, definió las prioridades de repartición de lo que el Estado recaudara. Un 25% sería asignado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A.”.

Sin embargo, el artículo no contempla la construcción de gasoductos. Por este motivo, el Gobierno intentó enmendar el problema. En medio de la discusión sobre el Presupuesto 2022 en diciembre del año pasado, el oficialismo buscó agregar 56 artículos más al proyecto, a último momento. Uno de los cambios fue el artículo 101. Sumó dos palabras al detalle de la ley del impuesto a la riqueza: “construcción y transporte”. En ese entonces, explicaron a LA NACION que se trataba de agregados para habilitar el uso de esos fondos para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner. Estos términos hubieran permitido al Gobierno asignar el 25% de lo recaudado, pero, como el presupuesto fue rechazado, necesitarán una modificación de la norma original para poder llevar adelante el financiamiento.

Si se modifica la norma, el Gobierno podría hacerse de US$520 millones, un tercio de lo necesario solamente para la primera etapa. Según el decreto, el resto de las fondos provendría de las siguientes fuentes, si bien no aclaró los montos respectivos:

• Los recursos provenientes de operaciones de crédito en el mercado interno o externo.
• El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los Bienes Fideicomitidos.
• Los recursos provenientes de los contratos de venta de capacidad de transporte.
• Los fondos que determine la Secretaría de Energía, provenientes de la Cuenta de Exportaciones del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
• Los fondos especiales que Ieasa haya creado por instrucción de la Secretaría de Energía con afectación específica al financiamiento y a la construcción de obras de infraestructura de transporte de gas natural.
• Los fondos de cualquier naturaleza que anualmente asigne el Presupuesto Nacional.
• Aportes de terceros.
• Los fondos que perciba Ieasa en virtud de cualquier norma legal con destino a la construcción de obras de infraestructura de gas natural.
• Los cargos específicos que se fijen como aportes al Fondesgas en el marco de la Ley N°26.095 y su modificatoria.
• Otros cargos fijos para el desarrollo del Programa Sistema de Gasoductos “Transport.Ar Producción Nacional”, a aplicarse sobre todo el sistema de gasoductos, en los términos y condiciones que establezca la normativa vigente, con la intervención del Ministerio de Economía.
• Otros aportes que defina la autoridad competente.

El decreto tampoco detalla cuánto tiempo tardará en finalizarse la obra. No se espera que esté listo antes del invierno 2023.

Conforme a los criterios de

Conocé más

Acuerdo de impacto mundial. YPF firmó con Shell un convenio para desarrollar el gas licuado en la Argentina

Petróleo. La construcción de la mayor obra de infraestructura de las últimas décadas quedó en manos de cinco empresas

Petróleo. Acuerdo para avanzar en el mayor proyecto de infraestructura privada de las últimas décadas