El Gobierno comenzará la auditoría de planes sociales y quienes no se presenten perderían el subsidio

A más tardar en los próximos 10 días, el Gobierno comenzará a desplegar una de sus mayores apuestas en el marco del giro que intenta imprimirle a la gestión el ministro de Economía, Sergio Massa. Se trata del inicio de las auditorías oficiales sobre los beneficiarios de planes sociales, que otorgan subsidios del Estado a más de 1,3 millones de personas e involucran fondos por $31.000 millones por mes, según los números de agosto (por el aumento del salario mínimo vital y móvil, hay un efecto sobre el Plan Potenciar Trabajo).

La lupa estará puesta sobre el denominado Potenciar Trabajo, el plan público más importante, fuente a su vez de conflicto entre organizaciones sociales y el Gobierno por irregularidades en el manejo de la distribución por parte de los referentes de las agrupaciones.

En el reverso está la intención de Massa, compartida por la vicepresidenta Cristina Kirchner, de relevar la situación de los planes con respecto a la gestión de las organizaciones y avanzar en la incorporación de los beneficiarios al mercado laboral.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social, área que encarará el proyecto, aseguraron que “en los próximos días” comenzará el operativo. Implica que cada uno de los beneficiarios deba ir presencialmente a puntos asignados para hacer una declaración jurada.

La iniciativa tiene lugar en un contexto particular. Críticas de la situación económica y social, organizaciones como Barrios de Pie, Unidad Piquetera, el Polo Obrero, Libres del Sur y el MST se manifestaron esta semana en Plaza de Mayo para reclamar por el constante aumento de los precios.

Tras una serie de reuniones con las autoridades, se definió que la auditoría comenzaría en la segunda quincena de agosto. Es decir, ya entró en tiempo de descuento. La UBA y la UTN serán las encargadas de proveer el personal y la capacidad técnica para que los encuestadores reciban a cada uno de los beneficiarios. Averiguarán sobre su situación patrimonial, laboral y educativa.

Aunque no garantizarán empleo, fuentes oficiales indicaron que el sondeo posibilitará armar una suerte de “bolsa de trabajo”, ya que el trámite será personal y no anónimo. Se recolectarán los datos de todos los beneficiarios para “diseñar estrategias que permitan fortalecer las distintas actividades”. Actualmente, el Gobierno no cuenta con los datos de todos los beneficiarios del plan.

Cada titular deberá ir a un lugar específico. “Será como un pequeño censo”, explicaron desde el Gobierno. El incentivo a no asistir es claro: se prevé que las personas convocadas no vayan a relevarse ante el temor a perder el subsidio. Por ello, desde las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social remarcaron que el registro será obligatorio. De no asistir, las personas recibirían el siguiente mes el 50% del monto y, el siguiente, dejarán de percibir el subsidio. Los que a raíz del relevamiento no cumplan las condiciones de trabajo que implica el plan, también perderían la transferencia mensual de $23.935.

Actualmente, los encargados de hacer el relevamiento se encuentran en etapa de capacitación. Estarán dedicadas a las tareas de encuesta entre 600 y 1000 personas por día, dependiendo de la cantidad de operativos que se lleven a cabo en cada jornada. Desde el Gobierno no aclararon cuánto ganarán.

Como otras medidas del paquete presentado por Massa hace dos semanas, esta auditoría ya se había anunciado y empezado a ejecutar. El equipo de Juan Zabaleta, cercano a Alberto Fernández, mantuvo reuniones con universidades previamente a las declaraciones del nuevo ministro de Economía. Lo que se definió es comenzar por el plan Potenciar Trabajo, mayormente en el conurbano bonaerense.

Este plan, entre otros como el Progresar, es uno de los tres conceptos en el gasto público que creció en términos reales entre 2017 y 2022, de acuerdo con el Instituto de Análisis Fiscal. El aumento fue del 531,8% de junio a junio de esos años, lo que lo ubica como la erogación con mayor crecimiento en el período. La siguen los subsidios energéticos, con un crecimiento del 145,7%.

Su objetivo, de acuerdo con el Gobierno, era promover la inclusión laboral y la terminalidad educativa de aquellos en “situación de vulnerabilidad social y económica”. Para ello, los beneficiarios debían optar por cumplir su contraprestación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la asistencia a clases. Sin embargo, cerca de 15.000 personas consiguieron empleo formal desde que comenzó el programa, en 2020. Se trata de solo el 1,2% de los beneficiarios.

El Gobierno advirtió la falta de cumplimiento de las condiciones del programa. Se sumó a eso que el manejo de los planes fue otorgado a organizaciones sociales, lo que desencadenó cerca de 8000 denuncias por irregularidades, como algún tipo de amenaza, la exigencia de un bono o cuota en concepto de aporte a la organización, o presión para asistir a marchas o movilizaciones. Esos casos están siendo tratados como denuncias, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social.

Puntualmente, los planes son manejados por “unidades de gestión”. Se trata de municipios, provincias, organizaciones sociales, asociaciones civiles, federaciones o cooperativas que tienen la responsabilidad de certificar la participación en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestación laboral o educativa. El año pasado, el Gobierno habilitó la posibilidad de cambiar de unidad de gestión. Se registraron más de 200.000 solicitudes de cambio.

El 14 de julio, antes de que Massa presentara su plan, Zabaleta se reunió con su par de Educación, Jaime Perczyk, para la firma de un nuevo convenio de cooperación entre ambas carteras para la coordinación de acciones con universidades, que estarían encargadas de hacer la auditoría. Comenzó a elaborarse un acuerdo, que no fue cargado al portal oficial de contrataciones estatales y no se realizó por licitación, de acuerdo a fuentes oficiales. LA NACION consultó por el costo del plan, pero no recibió respuesta.

El trabajo con instituciones de educación superior es frecuente. En lo que va del año, el Ministerio hizo cinco contrataciones directas a universidades para relevamiento, realización de operativos, consultoría y auditoría. Cuatro de ellas fueron adjudicadas y una se encuentra en apertura. En total, se gastaron $484.000.000 en estos convenios, que se firmaron con la Universidades de Tres de Febrero, de San Martín (dos de ellos), Antonio Jauretche y de la Matanza.

Zabaleta también se reunió con los ministros de desarrollo social de todas las provincias e intendentes de la primera y tercera sección de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayoría de los beneficiarios. Allí presentó el procedimiento para que las universidades nacionales realicen el relevamiento y actualización de datos del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.

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