El Gobierno cerró otro acuerdo con los holdouts y Griesa emitió un nuevo fallo a favor del país

NUEVA YORK.- Un día antes de una crucial audiencia en la Justicia de Estados Unidos para el futuro de la deuda, la Argentina logró dos nuevos avances en la búsqueda de una solución a la prolongada disputa con los holdouts: el fondo Yellow Crane cerró un acuerdo por unos US$ 255 millones, y el juez Thomas Griesa emitió un nuevo fallo a favor del país.

Yellow Crane, uno de los fondos "me too" que presentó demandas contra la Argentina, firmó su acuerdo ayer por bonos bajo legislación de Nueva York, Inglaterra, Alemania, Italia y Suiza, anunció el Special Master, Daniel Pollack. Yellow Crane no cobrará todos los bonos que tenía en su poder, pues algunos quedaron excluidos por limitaciones temporales, señala el comunicado.

El acuerdo eleva el monto total de deuda a pagar a los holdouts a más de US$ 8500 millones. El Gobierno prevé que se sumarán otros 2000 millones de dólares en el mediano plazo, a medida que más bonistas acepten la "Propuesta", tal como se ha bautizado a la oferta del 5 de febrero último.

El acuerdo eleva el monto total de deuda a pagar a los holdouts a más de US$ 8500 millones. El Gobierno prevé que se sumarán otros 2000 millones de dólares en el mediano plazo

Además, el acuerdo con Yellow Crane debilita aún más la apelación en contra de la orden del juez Thomas Griesa en la que estableció una hoja de ruta de Griesa para levantar las medidas cautelares que mantienen congelados los pagos de la deuda de los canjes de 2005 y 2010. Esa orden establece que el Gobierno tiene que pagar los acuerdos firmados "antes o el 29 de febrero".

Además del acuerdo con Yellow Crane, el Gobierno recibió ayer otra noticia favorable: el juez Thomas Griesa emitió un fallo a favor de la postura de la Argentina en una disputa técnica con un grupo de fondos "me too" liderados por ARAG-A Limited.

En ese fallo, el juez clarifica el funcionamiento de la orden judicial que levanta las medidas cautelares, y confirma que la Argentina avanza en el cumplimiento de las condiciones establecidas, al indicar que ya se derogaron la ley cerrojo y la ley de pago soberano. Esa orden será discutida hoy en la Corte de Apelaciones.

La disputa con ARAG-A se centró en si el acuerdo que tenían con la Argentina podía considerarse un "acuerdo de principios" firmado antes o el 29 de febrero de este año.

La puja se centró en si el acuerdo podía ser considerado un acuerdo formal como el resto según cuándo habían firmado las partes: la Argentina recibió el consentimiento al acuerdo de los fondos para el 29 de febrero, pero "no intercambió versiones contrafirmadas con ningún demandante", indica la opinión de Griesa.

La discusión refleja el punto al que pueden llegar las complejidades legales de la "saga pari passu". Griesa había indicado que para levantar las medidas cautelares que mantienen congelados los pagos de la deuda de los canjes de 2005 y 2010 establece que el Gobierno tiene que pagar los acuerdos firmados "antes o el 29 de febrero".

Griesa determinó que el grupo de fondos liderados por ARAG-A no formaba parte de ese grupo de acreedores.

"En consecuencia, la República no necesita pagar estos demandantes con el fin de cumplir con la segunda condición para el levantamiento de las medidas cautelares pari passu", sentenció Griesa. "La República ha satisfecho la primera condición mediante la derogación de la ley cerrojo y la ley de pago soberano. Ahora, habrá que esperar una decisión de la Corte de Apelaciones, que determinará si la República estará en condiciones de satisfacer la segunda condición", agregó el juez.

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