El Gobierno buscará solucionar el default de los bonos con ley argentina
Se trata de una deuda de US$ 455 millones; varios acreedores tienen sus bonos prescriptos o ya cobraron una parte por la vía de los amparos judiciales
LA NACIONMartín Kanenguiser
Con el capítulo de los holdouts con bonos de ley extranjera casi cerrado, el Gobierno se dispone a solucionar el problema de los acreedores con títulos con ley nacional que siguen en default.
Es una deuda de US$ 455 millones que presenta algunas particularidades, que le impiden al Ministerio de Hacienda y Finanzas presentarles a los bonistas la misma oferta base que a los acreedores con bonos bajo ley extranjera.
Fuentes oficiales precisaron a LA NACION que se trata de unas 3000 causas que serán abordadas en forma individual porque "se trata de muchos casos diferentes". "Hay algunos bonos que están prescriptos y otros que pertenecen a personas que ya cobraron una parte de lo que reclamaban en la justicia y a las que solo hay que pagarles la diferencia", indicó la fuente.
A diferencia de la justicia en otros países, los tribunales locales avalaron desde el default del 2001 la decisión del Gobierno de no pagarle a los acreedores todo lo que reclamaban, e instarlos a que aceptaran los canjes 2005 y 2010.
El abogado Lucas Piaggio explicó que "muchos bonistas con títulos con ley local entraron en los canjes, sobre todo por el fallo Galli, que salió poco antes del primer canje". Sin embargo, desde que el Gobierno impulsó la derogación de la ley cerrojo para dejar atrás el default, "deberían extender la oferta a quienes tienen bonos con ley argentina", afirmó.
El abogado Horacio Liendo aclaró que "no son muchos los casos pendientes y, salvo algunos ejemplos aislados, la justicia argentina rechazó las demandas no porque no se reconociera la deuda, sino por la existencia de leyes que evitaban el pago".
"La Corte Suprema se pronunció sobre estos casos, en general rechazando las demandas", aclaró. Matías Isasa, abogado especialista en deuda, indicó que "en los canjes el nivel de adhesión en la Argentina fue del 98%, así que son pocos casos y, algunos de los que no aceptaron, cobraron parte de lo que reclamaban vía amparos".
"El Gobierno está estudiando el tema y lo que les pueden ofrecer es la oferta base: el 150% menos lo que cobraron por la vía judicial", explicó.
Pablo Giancaterino, abogado que representa a los bonistas minoristas, sostuvo que "la justicia local no está a la altura del problema ni lo estuvo durante el default y el Gobierno acertó en el método de encarar una solución judicial".
"Los minoristas son una asignatura pendiente. Fueron estafados y maltratados al antojo político de turno. Muchos tienen situaciones de salud o excepción que debieron ser contempladas. Hay casos muy delicados que se acumulan todos los días en las asociaciones que los representan", opínó.
Como informó ayer LA NACION, el Gobierno ya cerró casi el 99% de los casos en default y le queda por resolver cerca de US$ 1600 millones, de los cuales US$ 455 millones corresponden a títulos bajo ley argentina.
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