Acordó ayer con el Secretario de Comercio de EE.UU. negociar una salida para el problema del biodiésel y buscó apoyos de empresas privadas para otras negociaciones
Más allá de los buenos gestos políticos, como entre dos buenos empresarios, todo indica que la relación económica entre el gobierno de Mauricio Macri y la administración de Donald Trump no será lineal, sino que conllevará arduas negociaciones. Una delegación del Gobierno argentino viajó esta semana a Washington precisamente para avanzar en dos frentes clave: la exportación de biodiésel a los Estados Unidos y la reapertura del sistema general de preferencias (SGP), el régimen que permite a países en vías de desarrollo ingresar en el mercado norteamericano algunos productos sin pagar aranceles de importación.
Según confiaron a LA NACION fuentes del Gobierno argentino, ayer por la tarde mantuvieron una reunión con el secretario de Comercio de los EE.UU., Wilbur Ross, quien habría manifestado su predisposición para buscar una solución negociada al problema del biodiésel, producto al que el Gobierno norteamericano acaba de subirle el arancel a más del 60 por ciento. La expresión de buena voluntad de Ross, que participó del encuentro junto a su vicejefe de Gabinete, Israel Hernández, fue recibida como un logro por la delegación argentina, que espera poder así encontrar una salida para un negocio de US$ 1240 millones que hoy está en juego.
“Acá se puede buscar un acuerdo negociado ahora o apelar después a la Organización Mundial de Comercio [OMC], en un proceso que puede llevar unos cinco años o más”, expresó la fuente, con la condición de no ser identificada. “Lo que los Estados Unidos dijo, en otras palabras, es: me estás exportando a un precio demasiado bajo y me estás dañando la produccion local. Busquemos un precio razonable sin afectar la produccion local. Vamos a negociar”, ilustró.
La Argentina fue representada durante el encuentro por el subsecretario de Comercio Exterior, Shunko Rojas; por Pablo Quirno, el jefe de Gabinete del secretario de Relaciones Económicas Internacionales Horacio Reyser; y José Molina, el histórico agregado agrícola de la Embajada argentina en Washington; además de abogados del país.
Una segunda oportunidad
Además, la delegación argentina buscó preparar el terreno para la audiencia que el 27 de este mes tendrá en los Estados Unidos, para defender la reincorporación del país al sistema general de preferencias, del cual fue expulsado en 2012 por la administración Obama, en represalia porque la gestión kirchnerista no estaba cumpliendo con los fallos del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial en el que se dirimen las cuestiones económicas entre empresas y estados.
Los funcionarios argentinos se reunieron el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, las siglas en inglés), que es quien luego deberá recomendarle a Trump que apruebe o no la solicitud argentina.
“En las negociaciones que tenemos con ellos venimos acordando y cumpliendo con las metas que nos venimos proponiendo”, explicaron, confiados del gobierno argentino. “Después va a ser discrecional de Trump definirlo”, admitieron.
Entre otros avances que la Argentina presentó en esta ocasión hay modificaciones vinculadas con la defensa de la propiedad intelectual y el acceso al mercado de capitales. “Hemos hecho todo lo que se había acordado: que se haya mandado un proyecto de ley al Congreso, creado una mesa interministerial de propiedad intelectual, cambios en el INPI… se firmaron acuerdos de patentes con distintos países, lo de Once, la Salada… la eliminación de mercados ilegales”, enumeraron.
“Y en acceso a los mercados, se acordó el plan de acción agrícola, salió lo de los limones, y lo de los cerdos, que eran temas pendientes en la agenda bilateral. Quedan otras cosas, sí, pero si uno muestra que va avanzando.… Lo de cerdos ayuda mucho, aunque no se hizo para el SGP”, agregaron.
La delegación argentina buscó además sumar apoyos privados entre los empresarios norteamericanos para la moción argentina. Los privados tienen hasta el 12 de este mes para hacer presentaciones en favor del país.
Ya la semana pasada, la Secretaría de Comercio que conduce Miguel Braun hizo una convocatoria entre empresarios locales con el mismo objetivo. En enero, cuando el país tuvo su audiencia ante el USTR por este tema, el país había logrado sumar más de 70 cartas de apoyo de empresarios privados. La idea ahora sería poder incrementar todavía más el número.
Para el país, reincorporarse al SGP podría implicar reabrir exportaciones por US$ 400 millones. Los beneficiados serían sobre todo productores, economías regionales y provincias. La clave, sin embargo, pasa no sólo por volver a estar dentro del régimen, sino que los Estados Unidos luego acuerde aranceles bajos para cada caso.
Entre los empresarios locales consultados por LA NACION, no obstante, existen ciertos reparos. No todos parecen estar tan optimistas. Por lo pronto, porque temen que luego el acuerdo, que debe pasar sí o sí por el congreso de los EE.UU., no logre el visto bueno de los legisladores. “Es un momento excepcional en los Estados Unidos. Porque con el Huracán Harvey tendrán que aumentar mucho el gasto público en las reparaciones y, al mismo tiempo, Trump no logró el ahorro fiscal que dijo que iba a lograr reformando el Obamacare. Entonces cuando haya que justificar ayudar a los de afuera surge un signo de interrogación”, expresó el responsable de una cámara empresaria, que conoce de cerca el tema, pero que pidió no ser identificado.
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