El Gobierno aplicó el aumento de luz retroactivo sin comunicarlo y podría haber amparos en la Justicia
En los últimos días, comenzaron a llegar las facturas de Edenor y Edesur con tres cuadros tarifarios distintos
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Las boletas de luz de Edenor y Edesur comenzaron a llegar con más sorpresas de las previstas. Para los usuarios residenciales de ingresos altos (30% del total de los hogares), comercios e industrias, en las facturas figuran hasta tres tarifas distintas, según el período del consumo eléctrico registrado. Esta situación llamó la atención de más de un usuario, que se notificó en ese momento de que el aumento de tarifas de electricidad para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en realidad comenzó el 1 de febrero, y no el viernes 16, como había anunciado el ente regulador de la electricidad (ENRE).
La situación resultó llamativa, ya que las últimas resoluciones del ENRE que fijaban los aumentos de tarifas para Edenor y Edesur se publicaron en el Boletín Oficial a mediados de febrero y decían que la suba regía desde ese instante.
Sin embargo, el lunes 11 de marzo, el ENRE le envió una nota a Edenor y Edesur estableciendo que debían cobrar de manera retroactiva la facturación de la primera quincena de febrero con valores de la generación eléctrica más altos. Este aumento no se comunicó a los usuarios ni salió publicado en el Boletín Oficial.
La explicación detrás de esta medida poco vista en el sector, de aplicar una suba de manera retroactiva y sin comunicarla, es la necesidad del Ministerio de Economía de recortar el gasto y continuar con su plan de baja genuina del déficit fiscal, con una reducción de los subsidios energéticos.
En los primeros dos meses del año, el ajuste en este rubro ocurrió gracias a que el Tesoro dejó de financiar la diferencia entre lo que cuesta generar electricidad y lo que pagaban los usuarios. Como contrapartida, se generó una deuda con las empresas, que puso en tensión el mercado eléctrico.
La medida, sin embargo, podría traer mayores problemas hacia delante en la Justicia, ya que el Gobierno aplicó un aumento en el valor final de las boletas de luz sin darlo a conocer a través de una resolución oficial y pública, sino mediante una nota a las distribuidoras. El público en general no tiene acceso a esos documentos.
El detalle
El precio de las boletas de electricidad contempla el costo de tres servicios más los impuestos. Refleja el costo mayorista de la generación eléctrica, que representa alrededor del 40% del precio final; el de transportar la electricidad de los lugares de generación a los centros de consumo, y el de distribución, que permite que cada hogar o comercio reciba la electricidad.
El mayor costo que tienen las boletas es el de la generación, que es igual para todo el país, y lo define la Secretaría de Energía según la programación estacional de cómo se abastecerá la demanda eléctrica en cada trimestre.
La cartera que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo había publicado a principios de febrero los nuevos costos del precio mayorista de la energía eléctrica para el período comprendido entre el 1° de febrero y el 30 de abril.
En ese entonces se decidió aplicar un fuerte aumento para los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias, y dejar sin cambios el valor para los hogares de ingresos bajos y medios.
En concreto, el valor de referencia de la energía subió 117%, de $20.460 el MWh a $44.401. Los usuarios de ingresos bajos (N2) y medios (N3) hasta un consumo de 400 kWh/mes mantuvieron el valor anterior de $2981 y $3756, respectivamente. Es decir que ese segmento paga menos del 10% de lo que cuesta la generación eléctrica.
El Gobierno justamente había evaluado que una actualización brusca para los usuarios de ingresos medios y bajos podía ocasionar un traspié en la Justicia, como ocurrió en la gestión de Mauricio Macri, que fue obligado a dar marcha atrás con los aumentos.
En ese apuro, sin embargo, trasladó los nuevos costos de la energía a los usuarios de altos ingresos, comercios e industrias a partir de los consumos del viernes 16 de febrero en adelante. Por lo tanto, en los primeros quince días del mes, los usuarios de Edenor y Edesur seguían pagando el valor viejo de la electricidad.
Atentos a esta situación en el Ministerio de Economía, el ENRE envió el 11 de marzo la nota a las distribuidoras para que facturen de manera retroactiva el consumo de la primera quincena de febrero con los valores más altos del precio mayorista de la electricidad.
En el Gobierno dicen que, si bien la tarifa que establece el ENRE por el valor de distribución (VAD) de Edenor y Edesur está regulada por ser un servicio público y no se puede aplicar de manera retroactiva, el precio mayorista de la generación eléctrica es distinto. Señalan que sí se puede aplicar de manera retroactiva porque no es una tarifa, sino un cálculo que surge de la concurrencia de la demanda estimada y los costos de la oferta con la que se atenderá, buscando el óptimo (seguridad de abastecimiento y mínimo costo, entre distintos oferentes). El problema, en todo caso, estuvo en que no fue comunicado al público.
Quién paga la energía
Mientras que el ENRE define el valor de distribución (VAD) para Edenor y Edesur, cada ente provincial establece su propia tarifa para las distribuidoras de sus jurisdicciones y oficializa en la factura final los precios mayoristas que establece la Secretaría de Energía.
Y si bien el ENRE estableció de manera retroactiva la facturación para el AMBA, las demás distribuidoras provinciales no recibieron notificaciones de parte de sus entes. Por lo tanto, las empresas debieron pagar más cara la energía desde el 1 de febrero, sin poder trasladar esos mayores costos a sus clientes desde ese día.
El ente regulador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, autorizó el aumento del precio estacional en el Boletín Oficial provincial el 23 de febrero. Esa medida alcanza a las distribuidoras Eden, Edes y Edelap, entre otras. Por lo tanto, durante 22 días, mientras que las distribuidoras pagaron $44.401 el MWh por el costo de la generación eléctrica, los usuarios recibieron en sus facturas un valor de $20.460 el MWh.
En los próximos días comenzará el debate sobre quién cubrirá la diferencia entre ambos precios: ¿la provincia de Buenos Aires, las distribuidoras, el Tesoro Nacional o las empresas de generación eléctrica, como viene ocurriendo?
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