El Gobierno amplía el gasto en alimentos y asistencia a empresas públicas, pero le quita a obras

El presupuesto de la administración de Javier Milei comenzó a descongelarse, aunque esto no necesariamente signifique el fin de “la era del hielo”. El Gobierno decidió ampliar su gasto y agregó a sus recursos unos $106.262 millones. Parece una cifra abultada, pero, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), tiene un efecto “pequeño” en el balance de las cuentas públicas: 0,2%.

Este incremento del gasto responde a una ingeniería presupuestaria del Ejecutivo porque es el resultado de quita fondos a algunas áreas del Estado, reorganización de dichos recursos y asignación de nuevo dinero a otros sectores del Estado. Es decir, hubo ganadores y perdedores.

Entre quienes verán engrosar las billeteras de sus oficinas están el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, y la canciller Diana Mondino. En cambio, la Secretaría de Obras Públicas reducirá su presupuesto vigente.

En números, ASAP explica esta reorganización de partidas: “Se incrementa el gasto de 30 programas por $499.525 millones y se reduce para cinco programas por $378.459 millones”. El balance entre los aumentos y las quitas arroja una ampliación de $106.262 millones.

El Ministerio de Capital Humano es el que más dinero recibirá: $180.000 millones nuevos. Es decir, 1 de cada 3 pesos del aumento repartido en 30 programas tiene como destino la cuenta que administra Pettovello. Según destaca el informe de ASAP, “este incremento se destina al programa Acciones de Nutrición – Programa 1.000 Días”. Este es un plan del Gobierno que busca asistir a personas que cursan un embarazo y a las primeras infancias hasta los 1000 días de vida.

El refuerzo para la cartera dirigida por Posse se encuentra por debajo del que percibirá Pettovello. La Jefatura de Gabinete absorberá $102.148 millones de esta modificación presupuestaria, que equivalen a casi un quinto del incremento distribuido en 30 programas. Estos fondos son los mismos que el Gobierno decidió quitarle a la Secretaría de Obras Públicas. La gran mayoría de ellos, el 98,2%, tiene como finalidad asistir a otras entidades del sector público nacional, entre las que sobresalen empresas públicas como Aysa, que, de esta reasignación de partidas, recibirá $71.082 millones, y ARSAT, $29.313 millones, según analizó ASAP.

A propósito de Arsat, fuentes de la compañía habían revelado a LA NACION que la empresa atraviesa una situación de “descalabro económico” ocasionado, en parte, por deudas millonarias de distintas áreas del Estado con la firma.

En relación con Aysa, la compañía había sufrido un ajuste de las transferencias del Gobierno equivalente al 89,6% en términos reales durante el primer trimestre del año, según consignó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En paralelo, el incremento para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto asciende a $98.144 millones. Esta cifra resulta similar al refuerzo para la Jefatura de Gabinete, que lo superó por $4000 millones. De esta manera, tal como describe ASAP, el 57% de los recursos extras para la cartera dirigida por Mondino se destinarán para transferencias al exterior en concepto de “Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales”.

El aumento de la capacidad de gasto de estas áreas de gobierno contrasta con la pérdida de recursos de la Secretaría de Obras Públicas, aunque no parece nada ilógico al observar el freno en Infraestructura. De hecho, el Gobierno no adjudicó nuevas obras públicas en 2024. Este reordenamiento de prioridades del Ejecutivo llevó a reducirle el presupuesto vigente a este sector en $102.148 millones. Es decir, lo quitado en Obras Públicas equivale al refuerzo destinado a Jefatura de Gabinete.

Esta modificación presupuestaria demuestra una reorganización de los recursos públicos y, a la vez, cuáles son las prioridades del Gobierno. La cifra de $106.262 millones como ampliación del gasto puede parecer abultada pero, según indicó ASAP, tendrá un efecto “pequeño” en el aspecto fiscal. En consecuencia, no tendrá un rol exclusivamente determinante en la “misión superávit” del presidente Milei.

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