El Gobierno ajusta las riendas para que los municipios y las provincias cumplan con las obras públicas

El día siguiente a las elecciones, el Ministerio de Obras Públicas difundió a través del Boletín Oficial una norma que extiende los mecanismos de control del Gobierno con respecto a las obras públicas que el poder ejecutivo nacional haya financiado a través de municipios o provincias.

La obra pública es uno de los ejes priorizados para este año electoral. En el primer semestre, el ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Katopodis, ejecutó el 50,8% de su presupuesto ($135.414 millones); de ese global el 31,2% (incluyendo transferencias) fue para Buenos Aires. Le siguen con 7,4% Córdoba y Santa Fe con 4,4%.

A cinco días de las PASO, el Gobierno volvió a engrosar sus partidas de gasto con sumas millonarias. La modificación presupuestaria incluyó más de 72 cambios para el Ministerio de Obras Públicas. En su mayoría, fueron ampliaciones de montos para llevar adelante obras en las provincias y municipios, principalmente de obras viales y reparación de rutas, que se reactivan en los meses previos a las elecciones.

Para poder controlar la ejecución de las obras, en marzo del año pasado el Ministerio había aprobado un reglamento general para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a provincias, municipios y otros entes. Sin embargo, la aplicación no fue del todo satisfactoria y requirió de nuevos cambios.

“La experiencia recogida durante la vigencia del mentado reglamento amerita que se adecue el sistema en su conjunto, garantizando la transparencia en la aplicación y rendición de los recursos presupuestarios implicados”, explicaron.

El Ministerio, a través de la Resolución 292/2021, implementó nuevos cambios a los que los municipios y las provincias deberán adecuarse en el lapso de 20 días hábiles. Para los especialistas, se trata de una normativa que permitiría al Gobierno nacional absorber los recursos destinados a obras subejecutadas o con deficiente rendimiento. “Le sacan fondos a las provincias y municipios con la excusa de la auditoría para gastar más a nivel nacional. Más unitario el enfoque, imposible”, opinó Ariel Coremberg, director del Centro de Estudios para la Productividad.

El decreto aprobó un “Procedimiento de reclamo de rendición de cuentas vencidas” y una “guía de devoluciones de fondos no utilizados”. Estos no existían antes del 13 de este mes.

Se determinó que transcurridos los 90 días sin presentar la documentación respaldatoria de las obras encomendadas y previo a vencerse un plazo de 30 días hábiles (prorrogable por 60 días) desde la finalización del período a financiar, la provincia o el municipio deberá hacer una rendición de cuentas. De no realizarse, el Gobierno nacional lo intimará a expedirse en el término de 10 días hábiles sobre los motivos de su incumplimiento. En caso de negativa o falta de información, tendrán que devolver los fondos al Ministerio de Obras Públicas.

“La Secretaría o el Administrador correspondiente intimará mediante Carta Documento al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas bajo apercibimiento de dar por caído el convenio, procediendo a la rescisión del mismo por culpa de la Jurisdicción o Ente y promoverá la correspondiente acción por devolución de fondos, previa intervención de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS o del ente descentralizado correspondiente”, dice el reglamento.

La reactivación de la obra pública en este año estuvo concentrada en ejecuciones rápidas. Con el programa Argentina Hace, a cargo de la cartera de Katopodis, se están ejecutando más de 200 obras cortas en 2300 municipios del país, con mano de obra local. Según lo informado, implica gastos extraordinarios por más de $30.000 millones para las arcas nacionales. Los ejes de obras son el acceso a servicios públicos, pavimentación, puesta en valor de espacios comunes, mantenimiento y conservación de rutas, corredores barriales, accesos y señalización, renovación de calzadas, colocación de mobiliario urbano, iluminación y construcción de veredas, rampas, bicisendas y puntos de accesibilidad para peatones, bicicletas y ciclomotores y transporte alternativo, entre otras.

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