El Gobierno aclara los alcances de una medida en el marco del juicio por YPF
La Procuración del Tesoro confirmó, de todas formas, que la Corte del Distrito Sur de Nueva York solicitó la entrega de correos electrónicos de cuentas oficiales de dos exfuncionarios, José de Mendiguren y Gabriel Rubinstein
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LA NACION
El juicio por la expropiación de YPF sigue generando incomodidad en los distintos gobiernos argentinos. La Procuración del Tesoro, a cargo de liderar la defensa del Estado en los tribunales internacionales, desmintió hoy que la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, haya solicitado acceder a mails, chats de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de funcionarios públicos, incluidos el ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Sergio Massa.
“Respecto de la solicitud de las demandantes de entrega de correos electrónicos de una lista de funcionarios, exfuncionarios y asesores del Gobierno, la Corte se limitó a solicitarle la entrega de correos electrónicos de cuentas oficiales de un exsecretario de Industria y Desarrollo Productivo [José Ignacio de Mendiguren] y un exsecretario de Política Económica del Ministerio de Economía [Gabriel Rubinstein]. Ninguna orden de presentar correos u otros datos se emitió respecto del ministro Caputo, su antecesor y asesores del gobierno”, comunicaron en la cartera que dirige Rodolfo Barra.
En la Procuración dijeron que el martes pasado la Corte escuchó los argumentos de las partes respecto de la presentación de documentación requerida por las demandantes. Los fondos Burford e Eton Park quieren probar que hay cuatro empresas estatales que son un “alter ego” del Estado argentino para embargar activos de dichas compañías y cobrar la sentencia de primera instancia. Son Banco Nación, Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas.
Los fondos ganaron el juicio por la expropiación de YPF, ocurrida en 2012, que obligó al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses. Actualmente, de manera paralela, se lleva adelante el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
“En la mayoría de las cuestiones, la Corte no tomó ninguna decisión, sino que dio instrucciones a los abogados de las partes para que siguieran negociando y/o presentaran nuevos argumentos por escrito a la Corte”, dijo la Procuración.
“Como ha hecho hasta la fecha, a pesar de su desacuerdo con las decisiones de la Corte sobre el fondo de los casos, que han sido apeladas, la Argentina y sus abogados seguirán las órdenes de la Corte relativas a la presentación de documentos, al tiempo que ejercerán todos los derechos disponibles para defender sus intereses”, agregó.
El juicio por la expropiación de YPF se desarrolla por dos vías distintas. Por un lado, en la Corte de Distrito de Nueva York, los fondos buscan cobrar de manera anticipada la sentencia de primera instancia, mientras que, en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, ocurre el segundo proceso de apelación.
Si la Argentina quería evitar el proceso de cobro anticipado, la jueza Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado, ya que para entregar o vender acciones de YPF es necesario tener la aprobación del Congreso.
Con relación a la supuesta deuda que Paraguay tiene con la Argentina, nunca se formalizó más allá de algunas declaraciones políticas del gobierno anterior que decían que el país financió la mayor parte de la construcción de la central hidroeléctrica, 30 años atrás.
De manera paralela, hoy los demandantes, el Estado argentino e YPF presentaron ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York sus últimos escritos argumentando su posición. Los fondos apelaron la decisión de primera instancia de declarar que YPF no tuvo responsabilidades sobre la expropiación y pérdida de valor de sus acciones. La petrolera busca defenderse de esa acusación, mientras que la Argentina intenta revertir el revés de la sentencia de indemnización de Preska.
A partir de esta presentación de los escritos cruzados, la cámara de apelaciones estará en condiciones de designar un panel de tres jueces para que se hagan cargo de la decisión. En este marco, el panel citará a las partes a una audiencia de un día y recién después fallará. Los plazos son inciertos, pero podría haber novedades recién a principios del año próximo.
En caso de que la cámara de apelaciones confirme el fallo de primera instancia, la Argentina puede intentar un último recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el máximo tribunal debe aceptar primero tomar el caso.
Línea de tiempo
El 16 de abril de 2012, las acciones de YPF eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen (una empresa constituida en España de propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%.
El 7 de mayo de 2012 entró en vigencia en al Argentina la ley de Interés Público, que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino.
En julio de 2012, Petersen se declaró en quiebra en España, tras haber incumplido en mayo de 2012 el pago de los préstamos que hicieron un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.
En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos.
El 4 de marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen, extenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de Burford Capital LLC, que presenta los reclamos en nombre de Petersen, según se desprende del escrito que presentó ayer la petrolera.
Apenas un mes después, el 8 de abril de 2015, Petersen presentó una demanda contra la República e YPF por “incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio”. Y agregó: “Petersen alegó que YPF incumplió supuestas obligaciones de hacer cumplir las disposiciones de la oferta pública de adquisición y sanciones sobre las acciones adquiridas en violación de dichas disposiciones”.
En junio de 2015, Eton Park, otro extenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.
El 31 de mayo de 2023, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF.
El 16 de septiembre de 2023, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones más intereses.
En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
En septiembre de 2024, se presentaron los últimos escritos finales de las tres partes (los demandantes, YPF y el Estado) ante la Corte de Apelaciones y ahora se está a la espera de que haya una audiencia. En paralelo, los fondos buscan probar que Banco Nación, Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas son un “alter ego” del Estado argentino para cobrar de manera anticipada la sentencia de primera instancia.
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