El gasto público, un problema crónico en el medio de todos los males argentinos

Como le gusta decir a kirchnerismo de paladar negro, el Estado está más presente que nunca en la Argentina. Tanto que en los últimos 18 años prácticamente duplicó su presencia. El crecimiento del gasto público se ha convertido en un problema crónico que, a casi 20 años del inicio de la expansión, está lejos de ser resuelta. Más aún, abordar este tema es prohibitivo para la política. “Pianta votos”, como se le dice.

En estos tiempos de inflación camina a ritmo de 70% anual, los debates sobre el origen del fenómeno están ausentes. El Gobierno sabe perfectamente de la relación que hay entre el aumento del gasto público, la emisión monetaria -a falta de crédito- y el aumento de precios, pero las explicaciones oficiales prefieren buscar culpables en las góndolas, en los productores o en los fabricantes.

Los números hablan por sí solos: durante los años 90, el tamaño del Estado se movió en el rango de entre el 23% y 24% del producto bruto interno (PBI). Hubo un salto que lo llevó a entre 25% y 26% en los años 1999, 2000 y 2001. Luego, la devaluación lo devolvió a aquel escalón en el que se movió en los 90.

Sin embargo, el kirchnerismo lo llevó a valores inusitados. Néstor Kirchner lo dejó en 28,8% y fueron las dos presidencias de Cristina Kirchner las que hicieron volar el tamaño del gasto público. En 2015, cuando se tomó un avión a El Calafate para no traspasar el mando, el Estado representaba el 42,6% del PBI. Prácticamente, se duplicó.

Mauricio Macri inició la cuesta hacia abajo. El peso del Estado se redujo prácticamente 7 puntos y llegó de aquel récord de 42,6% a un 35,5%. Aquel espejo del macrismo, que perdió las elecciones, contaminó la política. De eso no se habla.

El presidente Alberto Fernández lo llevó al récord en 2020, donde se anotó un 42,9%, producto de la necesidad de paliar los efectos de la pandemia. Finalmente, el año pasado fue de 38,9% del PBI. Todo se asentó cerca del 40%, de acuerdo con datos de Abeceb, números de Sebastián Galiani y del Ministerio de Economía.

La Argentina ha construido un Estado que no se puede pagar. Sólo un ejercicio que podría hacer el lector. ¿Qué pasaría si en cualquier familia gastase más de lo que le ingresa desde 2008? Es posible que ya le haya pedido a todos sus cercanos. Y que pasado el tiempo sin pagar, o refinanciando deudas, se encuentre ahora pidiendo dinero a alguien que le exija, al menos, algunas cosas. “Te presto, pero no te la gastes en salir a cenar afuera todos los días”, podría recrearse ese diálogo.

La Argentina sale a comer a restaurantes caros todas las noches. No existe ningún gesto de austeridad ni de cuidado del dinero. El gasto público, el crecimiento del Estado y la instalación de beneficios que son impagables a largo plazo son moneda corriente.

Otros números. La contrapartida de ese fenómeno impagable es el aumento de los impuestos. La presión fiscal, de acuerdo a datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), también aumentó. Cualquier argentino que funciona en la economía en blanco lo percibe.

Hace 20 años, en 2002, la presión tributaria estaba en 20,5% del PBI. Cristina Kirchner anotó un récord de 34,2% en 2015. “Luego, entre 2015 y 2019 bajó 3,6 puntos porcentuales del PBI. En 2021 habría recuperado un punto respecto de 2019″, dice el informe de Iaraf que aclara que no está incluido el impuesto a la riqueza, ya que, formalmente, se considera un aporte no tributario.

Ahora bien, qué sucedió en el medio. Siguen los números. De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Trabajo, la Argentina cuenta con 6,88 millones de beneficiarios del sistema previsional (SIPA), de los cuales 5,202 millones son jubilados. Hace 20 años, ese número era 3,28 millones, de los cuales 1,9 millones eran jubilados; el resto, pensionados. También se duplicó el número en la previsión social.

Pero no solo eso: la jubilación se convirtió en un ingreso de subsistencia: de los 6,88 millones de beneficiarios, el 63% cobra un haber mínimo, mientras que otro 21% tiene un ingreso de entre una y dos jubilaciones mínimas, que al día de hoy es de $ 32.630,40.

Ya nada alcanza para sostener el peso del Estado. Por estos días, se debaten un par de cosas que tienen que ver el gasto público. La primera, una baja en los subsidios a la energía, que este año ya se llevaron 496.000 millones de pesos, un 10,67% del total que se ejecutó. La inflación y el precio internacional de los combustibles tornarán ese aumento en algo que se anote en el margen de los ahorros. Poco y nada, se podría decir.

Por el otro, se debate otra moratoria previsional, para que aquel universo se agrande y, una vez más, iguale a los aportantes con los que jamás pasaron por la ventanilla. Es verdad que gran parte de los países buscan soluciones para quienes nunca pudieron ingresar al mercado formal y llegan a la edad de jubilarse sin aportes. Pero no menos cierto es que nade los equipara con quienes sí lo hicieron.

Hasta el punto final de esta nota, de acuerdo a lo que surge de datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía, el sistema previsional consumió casi 2 billones de pesos y se llevó el 42,23% del total del gasto. No hay manera de que se piense en un futuro fiscal sano si no se debate con firmeza cómo se va a sostener este sistema.

El Estado está más presente que nunca, casi el doble de presente que a principios de siglo. Sin embargo, vale una pregunta final: por qué gran parte de los argentinos paga servicios -como seguridad, educación o salud-, que el Estado regala. Quizá no sea solo una cuestión de gigantismo. Pero ese debate, por ahora, está ausente.

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