El gasoducto y la restricción interna

Una vez más, equivocadas políticas kirchneristas nos conducen a una crisis energética, con impactos en el suministro, el crecimiento y la macroeconomía. La versión original de este descarrilamiento había llevado nueve años; esta vez lo consiguieron en solo dos. A pesar de contar con una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, ellos se las ingenian para que no las aprovechemos.

El gas es el principal componente de la matriz de la Argentina, ya que estamos parados literalmente sobre una gigantesca garrafa. Entre 1988 y 2004 se había casi triplicado la producción local de gas. Pues bien, cambios de políticas generaron un proceso de desinversión y caída de la producción que nos hizo pasar de exportador a importador de gas y a tener que volver a utilizar combustibles líquidos para generar electricidad. La balanza comercial energética pasó de un superávit de US$6100 millones en 2006 a un déficit de US$4600 millones en 2015, un viraje sin precedentes de US$11.000 millones. Un caso exitoso de “sustitución de exportaciones”.

Esta dependencia de las importaciones a precios internacionales, sumada a otros factores, hizo crecer exponencialmente los subsidios al sector. Pasaron del 0,4% del PBI en 2006 al 3% en 2015, año en el que consumieron US$19.000 millones del Tesoro. Estos hechos condicionaron el crecimiento y desestabilizaron el equilibrio externo y fiscal.

Entre 2016 y 2019, nuestro gobierno fue exitoso en dar los primeros pasos para solucionar estos problemas y se logró un fuerte aumento de la producción de gas. Gracias a importantes inversiones en Vaca Muerta se multiplicó por tres la producción no convencional, más que compensando el declino del gas convencional, resultando en un aumento del 15% de la producción total. Esto posibilitó (junto con el boom de nuevos proyectos de renovables también iniciado en este período) la disminución de las importaciones de gas y la cuasi eliminación del uso de fueloil y gasoil en la generación eléctrica; se redujo drásticamente el déficit comercial energético, que pasó de los US$4600 millones en 2015 al cuasi equilibrio en 2019, y también cayeron los subsidios a la energía, que pasaron de 3% a 1,4% del PBI.

Si bien se habían dado pasos importantes, existía un claro cuello de botella para seguir creciendo y era específicamente la capacidad del gasoducto que trae el gas desde Vaca Muerta hacia la región central. Ya con los niveles de producción de 2018 se llegaba al tope de transporte durante los cinco meses fríos (cuando más se consume). De no contar con el gasoducto ampliado, ya no sería factible continuar aumentando la producción de gas local y volverían a crecer las importaciones, el uso de combustibles líquidos y el costo fiscal.

El costo de esa obra (US$1400 millones, en dos etapas) resultaba muy conveniente frente a todos los ahorros y beneficios que le generaría al país, además de los ya mencionados: potenciación del desarrollo industrial, aumento de fuentes de trabajo y mejora ambiental. La ampliación del gasoducto no solo era una obra clave del sector energético, sino que sus beneficios impactaban en las cuentas fiscales y cambiarias. Era una obra fundamental, estratégica y urgente, y el tiempo que se tardase en realizarla no era trivial. No se había comenzado antes, ya que primero había que constatar con hechos reales la viabilidad del aumento de producción de Vaca Muerta.

A partir de 2019, cada invierno que la Argentina pasase sin el gasoducto ampliado le costaría al Estado más de US$1000 millones (a los precios de ese año), además de aumentar las importaciones y las emisiones contaminantes. El plazo de construcción del primer tramo era de aproximadamente 18 meses, por lo que resultaba necesario adjudicar la obra a más tardar en noviembre del 2019 para que estuviera finalizada en mayo de 2021 y de esa manera evitar afrontar un invierno adicional con crecientes importaciones y uso de fondos del tesoro.

A principios de 2019 había que salvar dos obstáculos para hacer posible su urgente concreción:

a) Conseguir financiamiento. Desde principios de 2018 los mercados de deuda estaban cerrados para la Argentina, la única alternativa factible era el FGS [el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses]. En junio de 2019, Ieasa (actual Enarsa) pagó una deuda de US$480 millones al FGS (con la parte cobrada en efectivo por la venta de las dos centrales eléctricas que habían originado la deuda) generando entonces capacidad prestable para una nueva obra.

b) Adecuar el marco regulatorio. Los gasoductos troncales existentes habían sido construidos por Gas del Estado entre 1950 y 1988, para luego -en la privatización de 1992- otorgarse dos licencias a empresas privadas para el transporte de gas sobre esos activos preexistentes (Transportadora de Gas de Sur y Transportadora de Gas del Norte). Para atraer a inversores privados, era necesaria una nueva licencia de transporte que debía -además de la operación- realizar la construcción, para lo que era necesario adaptar el marco normativo vigente. Esta modificación se realizó con un Decreto de Necesidad y Urgencia del 5 de julio de 2019.

Finalmente, el 30 de julio se publicaron los pliegos para la ampliación del gasoducto, en cuyo anexo V se explicita la disponibilidad de financiamiento del FGS a la adjudicataria por US$400 millones a 12 años de plazo. Luego de las elecciones primarias de agosto aumentó significativamente la incertidumbre sobre el rumbo económico del país y, por ende, el costo de financiamiento, por lo que el 29 de agosto se resolvió postergar el plazo para la presentación de ofertas hasta noviembre de 2019 y luego, hasta marzo de 2020.

Nueva temporada

Lamentablemente, este proceso se truncó con el nuevo gobierno, que derogó la licitación en 2020. Por ende, el costo extra para el Tesoro, por la mayor importación de gas y por volver al uso de combustibles líquidos (que había bajado de US$4011 en 2015 a US$444 millones en 2019), fue de US$1469 millones en 2021 y superará los US$5000 millones en 2022, dado el aumento de los precios internacionales por la invasión de Rusia a Ucrania.

Los subsidios a la energía volvieron a subir a 2,3% del PBI en 2021 y llegarán al 3% en 2022, mientras que la balanza comercial del sector volverá a mostrar un déficit superior a los US$5000 millones durante este año. Penurias todas que no solo eran evitables -con la ampliación del gasoducto-, sino que hoy podríamos estar aprovechando los elevados precios para aumentar aún más la producción local y las exportaciones.

Si los términos de la licitación y del DNU les parecían equivocados al nuevo gobierno, podrían haberlos corregido y relanzar la misma sin esperar más de dos años. La necesidad del gasoducto era evidente en 2019 (con un precio internacional del GNL de US$6), por lo que no hay manera de justificar esta inacción, lamentablemente no contaremos con el mismo por varios inviernos más.

Por último, lo ocurrido con el petróleo repite -en menor escala- esta rutina de desaprovechar oportunidades. El potencial petrolero de Vaca Muerta también es muy importante y ante la imposibilidad de evacuar más gas, las empresas viraron sus inversiones en 2020 hacia el petróleo, consiguiendo una aumento importante de la producción. En este caso existen oleoductos para transportarlo, heredados de la época en que se producía más petróleo convencional en la cuenca neuquina. Pero estas instalaciones requieren algunas inversiones relativamente menores, ya sea para ampliar su capacidad (el que va a Puerto Rosales, Bahía Blanca) o para rehabilitarlas (el que se dirige a Chile, propiedad de YPF-ENAP y en desuso). Pues bien, las obras de estos oleoductos todavía no se han terminado; este petróleo adicional hoy se podría estar exportando a 100 dólares el barril.

Estos graves errores redundarán en escasez de gas, tensiones operativas durante el invierno y cortes de suministro, al mismo tiempo que fluirán enormes flujos de dólares para pagar importaciones, a la par que se inflama el déficit fiscal. Es la segunda vez que organizamos este fracaso; ahora, con los recursos de Vaca Muerta ya probados en cantidad y calidad, y con empresas nacionales y extranjeras que han demostrado que pueden explotarlos de manera eficiente y masiva.

¿Seguiremos creyendo que padecemos de una “restricción externa” para nuestro desarrollo? ¿No será una profunda “restricción interna” la que nos aqueja?

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