El futuro del Gobierno está en el puño de Macri, Bullrich y Larreta

El fastidio de Mauricio Macri es tan grande, que en ocasiones supera los límites que se autoimpone para no decir palabras de más en el principio de una carrera electoral que lo encuentra como factor determinante. Una de las últimas veces fue el 12 de enero pasado, en Mar del Plata. Quizás envalentonado por las consultas punzantes de Claudia Álvarez Argüelles, la dueña de casa, el expresidente cargó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), para sorpresa de los 30 empresarios que lo escuchaban en el primer piso del Costa Galana acompañados por un lenguado que, según la descripción de varios de ellos, estaba espectacular.

Macri subvirtió el universo semántico del Frente de Todos en un párrafo. Le molesta que el organismo ahora manejado por Kristalina Georgieva le libere las manos a Sergio Massa para intervenir en el mercado financiero de una forma en que su antecesora, Christine Lagarde, no se lo permitía a Nicolás Dujovne y Hernán Lacunza, ministros de Economía en la gestión anterior.

La molestia de Macri apunta a un mecanismo financiero particular. Washington no invalida la operatoria que le permite al Gobierno usar al Banco Central para comprar la deuda que no logra renovar en el mercado. Es un punto de extrema fragilidad para la Casa Rosada. Según la memoria del expresidente, el FMI no fue igual de comprensivo ante los pedidos que hacía en 2019 la gestión de Cambiemos para estabilizar el frente cambiario.

El enojo del expresidente está envuelto en cierta ironía. Critica al FMI por una actitud colaboracionista con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, los mismos que señalan al organismo de crédito como el presunto financiador de la última campaña presidencial de Macri.

El miércoles pasado por la mañana ocurrió una escena perfecta que le da el contorno a la molestia de la oposición. Sergio Massa anunció la recompra de bonos en dólares por más de US$1000 millones. En la superficie, encaja con la liturgia kirchnerista, ya que a primera vista luce como una operación de desendeudamiento. Ese brillo se opaca cuando se rasca con el dedo. El Gobierno no redujo el peso de la deuda inmediata -el problema que le rompe la cabeza a los economistas de Juntos por el Cambio-, sino que pagará títulos que permiten controlar el precio de los dólares financieros.

Esa misma mañana, el diputado Luciano Laspina, economista de cabecera de Patricia Bullrich, le envió un mensaje de WhatsApp a la presidenta del PRO con su interpretación de la medida. Implicaba, según Laspina, alargar la mecha y aumentar el tamaño de la bomba.

Hay más antagonismos sorprendentes. El propio Macri advierte cada vez que puede sobre el carácter combustible de la gran deuda en pesos que contrajo la fórmula Fernández-Kirchner. Es un movimiento en dos niveles: por un lado, el expresidente se defiende de las críticas que le hacen al otro lado de la grieta por el crédito con el Fondo. Pero también tiene una preocupación práctica.

La bomba le explotará al que sigue, un lugar que aspira ser ocupado por la oposición política. De manera que el próximo presidente deberá dedicarle una enorme energía a manejar el timón alocado de una crisis financiera antes que a dirigir reformas estructurales capaces de salir del estancamiento.

En la inquietud de los dirigentes de Juntos por el Cambio por el futuro comenzó a germinar la raíz de una planta venenosa para Alberto Fernández y Cristina Kirchner que crecerá con la carrera electoral.

Economía está convencido de que el lunes pasado hubo una corrida contra los dólares financieros. Por eso, desenfundó la operación de recompra de bonos. El camino a las elecciones chocará con más corridas, que el Gobierno tratará de contener con recursos que molestarán a la oposición.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio creen que la actual deuda en pesos es insostenible. La dificultad es que en el reverso de esa fragilidad está el depositante argentino. Esa es la duda: si se transparenta con vehemencia la situación, podrían alentar una corrida que juegue en contra de los intereses del Frente de Todos. Pero el silencio los vuelve a colocar en la incómoda posición de 2015, cuando el silencio sobre el estado del Estado, luego, se les volvió en contra.

En 2023 vencen unos $16,7 billones (10,2% del PBI). Casi todo está concentrado entre enero y septiembre, es decir, un mes antes de las elecciones. El mes más alarmante es julio. Treinta días antes de las primarias, hay que atender $3,8 billones. Esa cuenta implica pagar el equivalente a más de dos bases monetarias. Y los pasivos remunerados del Banco Central llegan a 10,4 billones, el doble del dinero que está en la economía.

Hay una presión cada vez más fuerte por hablar. Macri en persona busca que se sincere el problema. En parte, es el resultado de las conversaciones que tiene con Hernán Lacunza, Guido Sandleris y Laspina.

Lacunza charló acerca de estos temas con Macri en una visita que le hizo en Cumelén, el country patagónico donde el expresidente mezcla vacaciones y política. Se deslizaron otras cuestiones, también. Entre ellas, el fastidio por la llegada de Martín Redrado al equipo de Horacio Rodríguez Larreta, algo que también le hizo notar Sandleris al expresidente.

Lacunza (Economía) y Sandleris (Banco Central) trabajan desde la vuelta al llano como referentes económicos de Juntos por el Cambio. El nuevo compañero generó suspicacias no solo por la relevancia pública del nombre -tiene una larga historia en la función pública-, sino también por el lugar que ocupará.

Redrado será secretario de Asuntos Estratégicos de Larreta, con un perfil orientado a gestionar la relación de la ciudad de Buenos Aires con el mundo. Los memoriosos de la política ven allí una sugestiva coincidencia. Quizás, el expresidente del Banco Central haya iniciado un camino similar al de Domingo Cavallo junto a Carlos Menem en los años 90.

Si bien hoy todos recuerdan al exministro como un plenipotenciario gestor de la economía, sus primeros pasos en ese gobierno comenzaron en la Cancillería. Una coincidencia más. Redrado trabajó con Cavallo. De hecho, por su juventud, en las reuniones de equipo se ubicaba al final de una larga mesa en el Ministerio junto a otro entusiasta de la política: Alberto Fernández.

El movimiento tectónico en el equipo de Larreta llegó hasta otras orillas de Juntos por el Cambio. Al punto de que Lacunza recibió, tras la llegada de Redrado, mensajes de solidaridad que no tenía previsto.

El senador Alfredo Cornejo, extitular de la UCR y con pretenciones a ocupar un lugar en una fórmula presidencial, acusa públicamente a Alberto Fernández por la bola de pesos y dio un paso más. Comenzó a criticar públicamente a los bancos por prestar, según sus términos, una exagerada cantidad de dinero que compromete cada vez más la capacidad de pago del país. “Siguen adelante con el pellejo del próximo gobierno”, dijo.

En el macrismo repiten el mismo argumento, señal de que la presión interna por transparentar una situación que consideran compleja comenzó a derramar en casi todas las orillas de Juntos por el Cambio.

Una nueva tensión con Cristina Kirchner

Massa no dejará recurso sin tocar en la pelea por mantener la estabilidad financiera en el año electoral. Incluso, está dispuesto a llevar adelante una jugada que pondrá como nunca antes a prueba su relación con Cristina Kirchner.

En el piso 19 del Enacom, el ente que regula las telecomunicaciones, se desarrollan desde hace meses reuniones amargas. Suelen estar el presidente del organismo, Claudio Ambrosini, su mano derecha, Diego Leiva, y los representantes de las empresas de telecomunicaciones: Hernán Verdaguer (Telecom), Alejandro Lastra (Telefónica) y Alejandro Quiroga López (Claro).

En alguna ocasión, con otro grupo, asistió Alberto Pierri, el expresidente de la Cámara de Diputados durante los 10 años del menemismo. Si bien tiene un pequeño imperio con Telecentro, sería extraño que su agenda de contactos con el peronismo le abriera las puertas del millonario negocio en ciernes.

El Gobierno decidió avanzar este año con la licitación de la tecnología de telefonía móvil denominada 5G, la bala de plata de Massa para que ingresen dólares genuinos a las reservas del Banco Central. Si bien nadie quiere arrojar un número, una especulación lo llevó a US$1800 millones (las empresas no lo convalidan), casi un tercio de las reservas netas que tiene el organismo encargado de sostener el valor del peso.

La discusión está aclimatada en una situación paradójica. Massa está apurado por cerrar la compulsa y Ambrosini cree que su paso por la gestión pública será evaluado por este resultado. Pero ambos sospechan, también, que las empresas estarían más cómodas negociando con el próximo gobierno. Es curioso. En una de ellas reconocieron a LA NACION que si el siguiente estabiliza la economía, ellas deberían pagar más por el recurso que ahora se disputan. La normalidad, a veces, es un mal negocio.

Las ideas de Cristina Kirchner son una piedra en el zapato. De su inspiración, Alberto Fernández dictó el decreto 690, que le permite a la Casa Rosada fijar los precios que deben cobrar las compañías.

En la práctica, no se aplica porque está judicializado, pero molesta a todos. Incluso a la vicepresidenta, que el 22 de noviembre pasado lo blindaba de la presión interna por modificarlo con una mención en Twitter. “Tu telefonito, la internet de tu casa, aumentaron el doble que la inflación porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público con precios regulados no debía aplicarse”, escribió.

Massa recibirá en la semana que comienza una propuesta que tensionará los fuelles del Frente de Todos. Ambrosini le propondrá liberar los precios de los futuros servicios 5G. Es la alternativa para esquivar la norma que defiende Cristina Kirchner.

Si bien los asesores de Massa están a favor de una fuerte tarifa social, creen que la última tecnología es más utilizada para negocios industriales millonarios antes que para el usuario de a pie. El 5G multiplica por 100 la velocidad del 4G. Eso puede transformar la vida de una automotriz como Toyota, una petrolera como YPF, y la logística de los puertos. No tiene sentido, entonces, ponerle un techo al precio.

Economía tomó la decisión política y tiene el trabajo hecho para avanzar en la compulsa. Cree que la propia competencia entre las empresas abrirá una recelo que los favorecerá. Claro aparece, según el relato de los despachos públicos, como la más ávida de sumar el recurso que administra el Estado y Telefónica cierra la lista. En el medio ubican a la empresa del Grupo Clarín.

La próxima reunión de directorio del Enacom será el 22 de febrero. Allí se aprobarán los pliegos y 90 días después terminaría la subasta. Será un momento clave. Gustavo López, vicepresidente del organismo y miembro del directorio, conocerá la letra chica de lo que sucederá. Es el nexo con el Instituto Patria.

Diez días más tarde, las compañías deberían transferir el dinero a una cuenta pública. De manera que el Gobierno podría hacerse de los dólares, a más tardar, en junio, poco antes de tener un vencimiento récord. Solo restan dos estaciones clave: el visto bueno, al menos tácito, de la vicepresidenta, y el precio base que Massa le ponga a la subasta. Lo puede decidir esta semana.

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