El FMI perdona hasta octubre

En privado y en voz baja, Roberto Cardarelli, jefe de la misión del FMI en la Argentina, suele explicar el acuerdo con el país en una frase: dice que los aspectos técnicos se discutirán desde el 11 de diciembre y que, hasta entonces, todo estará supeditado a la política. Son los favores de Trump a Macri. Nadie como el presidente de Estados Unidos ha hecho tanto por la reelección del líder de Pro, probablemente alentado por un espíritu fácilmente constatable en todo el Partido Republicano: la resistencia a que un eventual regreso de Cristina Kirchner a la Casa Rosada se vuelva aquí una réplica de lo que ocurre en Venezuela. El último espaldarazo consistió en convencer al staff del organismo de que el Banco Central debía intervenir con mayor flexibilidad en el mercado de cambios.

Los dogmas de la ortodoxia quedarán para después de la campaña. Deberá entenderlo sea quien fuere el ganador en las elecciones, que gobernará seguramente en minoría y que empezará 2020 con un doble desafío: continuar la relación con el Fondo, tal vez renegociando plazos y exigencias y, al mismo tiempo, volver a crecer. Por primera vez en décadas, como llegó a ocurrir con la crisis energética durante el kirchnerismo, la situación económica hace coincidir a analistas de cualquier ideología en el diagnóstico y hasta en el tratamiento: el país se verá condenado al estancamiento eterno si no emprende medidas antipáticas que reduzcan el costo argentino para recuperar la inversión.

La Argentina será de todos modos testigo de un examen ajeno antes de las elecciones: el debate que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil por la reforma previsional, decisiva también allí para que regrese el capital extranjero. El proyecto, que estuvo durante la gestión de Michel Temer a punto de ser aprobado, se frustró en mayo de 2017 por audios y videos que arrepentidos del frigorífico JBS, involucrado en el Lava Jato, aportaron a la Justicia: las grabaciones revelaban que el presidente también había avalado coimas. Fue un paso atrás que lamentó todo el establishment y que ahora Paulo Guedes, ministro de Economía, pretende revertir poniéndole el propio cuerpo al mismo proyecto.

Exalumno de la Universidad de Chicago y garante del rumbo para el sector financiero, Guedes anticipó que se iría si el proyecto no se aprobaba antes de mitad de año. ¿Va a salir?, le preguntaron en enero en el Foro de Davos, y la respuesta del ministro no conformó: dijo que confiaba en el patriotismo de la clase política de su país. Pugliesismo latinoamericano. Brasil no crece: no lo consiguió en 2018 y es probable que este año tenga en el mejor de los casos una expansión no mayor al 1,5%, muy distante del promedio anual del 5% de los tiempos de Lula.

Son problemas casi idénticos a los argentinos. Por eso el gobierno de Macri les presta atención: cree que el fracaso de la reforma se convertiría en un nuevo factor externo de incertidumbre en plena campaña. Ya bastante tiene el mundo emergente con las tensiones entre Trump y Xi Jinping. Por eso en Cambiemos ven imprudente la amenaza de Guedes. ¿Qué agrega, más que mostrar el abismo? "Es un condicionamiento innecesario que mete ruido", dijo a este diario un ministro. Es cierto que los macristas no tecnócratas suelen ser bastante más flexibles que Guedes. Quienes acompañaron a Macri en su último viaje a España recuerdan la experiencia que les contaron empresarios locales: la reforma laboral que ese país aprobó en 2012 no fue todo lo adecuada que la situación habría requerido, pero sirvió, sin embargo, como mensaje a la clase política de que comenzaba un nuevo orden a partir del cual no cabría retroceder. Es lo que pasaría en todo el Mercosur con la Reforma da Previdência.

Guedes tiene, sin embargo, una ventaja sobre sus pares argentinos: Brasil no solo aprobó ya con Temer una nueva ley laboral, sino que la mayor parte de sus legisladores está convencida de la necesidad de modificar también el pago de jubilaciones. La debilidad del asunto reside quizá, al revés que aquí, en que el propio presidente ha decidido, una vez presentado el proyecto y delegada la aprobación en su ministro, no exponer su capital político personal en negociaciones con el Congreso.

Bolsonaro no tiene una buena relación con el centrão, como se conoce a las fuerzas que suman casi el 80% de la representación parlamentaria e intenta aunar el demócrata Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, y esas tensiones ponen nerviosos a bancos como el Itaú, el Santander y el Bradesco, activos interesados en la reforma, que han pasado ahora a confiar más en el vicepresidente Hamilton Mourão que en el jefe de Estado, a quien observan más propenso a pagar costos de otra índole. Por ejemplo, los que le reporta la batalla cultural contra la izquierda, que suma conflictos todas las semanas. Hace un mes fue la discusión por un spot publicitario del Banco de Brasil: la pieza mostraba a jóvenes de diversos estratos sociales y tendencias sexuales, y el gobierno decidió retirarla de circulación porque, dijo Bolsonaro, no representaba valores dignos de ser asumidos con fondos públicos. Esta semana, un posteo de Joice Hasselmann, presidenta del bloque de diputados del oficialismo, el Partido Social Liberal, que difundió en las redes un afiche a favor de la tenencia de armas: la foto de una joven con vestido de novia que, con un ramo de flores en la mano izquierda, levanta en la derecha una pistola apuntando hacia arriba y posa al lado de una leyenda que recomienda: "Casate con alguien que tenga un arma registrada. La persona ya viene: sin antecedentes criminales, con residencia fija, ocupación lícita; certificado de salud mental".

Es probable que Bolsonaro haya decidido hablarle a su público más fiel: el 30% que es la mitad de su electorado y que lo vio siempre como un candidato capaz de enfrentarse con el establishment ideológico y político, representado en las políticas del PT. Ese universo incluye a militares que se verán sin dudas perjudicados con una reforma previsional que, entre otros aspectos, anula los regímenes de retiro a edades tempranas.

La situación de Macri es exactamente la opuesta. Si logra la reelección seguirá siendo él el primer convencido de apurar cambios, pero deberá lograr el consenso de una clase política siempre propensa a esquivar costos políticos. Hace algunas semanas, en el Ministerio de Producción sondearon a los senadores peronistas Miguel Pichetto y Carlos Caserio con el propósito de alivianar una normativa que aplica multas por trabajo en negro desde principios de los 90. Ambos lo vieron razonable, pero contestaron que respaldarían la iniciativa siempre y cuando se sumara la adhesión de la CGT.

La incógnita vuelve a ser quién está dispuesto a dar la cara en el camino impopular. En campaña, las advertencias técnicas de Cardarelli parecen el larguísimo plazo; después de la elección no se verán más que como el regreso a los desafíos de 2017. Una segunda oportunidad.

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