El FMI aprobó el nuevo acuerdo pero advirtió que enfrenta riesgos “excepcionalmente altos”
El Directorio Ejecutivo del organismo avaló el programa presentado por el gobierno de Alberto Fernández; así, extendió una nueva línea de crédito por US$44.000 millones que servirá para cancelar el préstamo que tomó la administración de Mauricio Macri
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CORRESPONSAL EN EE.UU.Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes el nuevo acuerdo con la Argentina por 44.000 millones de dólares, brindando un poco de oxígeno financiero al país y cerrando una larga negociación de más de dos años que culminó el proceso de reestructuración de la deuda externa que encaró el gobierno de Alberto Fernández, pero a la vez dejó fuertes advertencias sobre los riesgos “excepcionalmente altos” del plan económico y la fragilidad del respaldo político, y remarcó la necesidad de implementar más reformas en la economía .
El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) para la Argentina, que le permitirá al país obtener una nueva línea de financiamiento de “acceso excepcional” casi cuatro años después del crédito que recibió bajo condiciones similares el gobierno de Mauricio Macri por 50.000 millones de dólares, el más grande en la historia del organismo, que luego fue ampliado.
Luego de la aprobación del board, la directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo en un comunicado que el programa enfrenta riesgos “excepcionalmente altos”, incluido el impacto de la guerra en Ucrania, y no descartó una “recalibración temprana” del plan. Pese a esas advertencias, Georgieva insistió en que el nuevo acuerdo fija objetivos “realistas” para comenzar a abordar los problemas del país.
“Los riesgos para el programa son excepcionalmente altos y los efectos secundarios de la guerra en Ucrania ya se están materializando. En este contexto, la recalibración temprana del programa, incluida la identificación y adopción de medidas apropiadas, según sea necesario, será fundamental para lograr los objetivos del programa”, indicó la jefa del Fondo.
“Un fuerte consenso político y social es clave para sostener la implementación de la agenda de reformas, incluso a mediano plazo, lo cual es esencial para abordar las vulnerabilidades de larga data del país”, remarcó Georgieva.
Los directores del board, controlado por las potencias del G7, dieron un nuevo aval por consenso a un programa de la Argentina, pero ofrecieron una punta de reparos. Los directores también apuntaron que el programa enfrenta riesgos “excepcionalmente altos”, y “reconocieron la vulnerabilidad de la Argentina a los shocks externos y las dificultades de implementación dada la compleja situación social y política”, indicó el comunicado el Fondo.
Los directores pidieron además mejoras en la estructura del gasto, incluida la reducción de los subsidios energéticos, y “reformas estructurales que aborden las vulnerabilidades estructurales de larga data de la Argentina”. Además, los directores destacaron la necesidad de fortalecer el clima de inversión “eliminando gradualmente las distorsiones económicas y brindando un marco regulatorio más predecible, incluso en sectores estratégicos”.
Y coincidieron en que, más allá del período que cubre el programa, “se requerirán más esfuerzos para cimentar la estabilidad y abordar los desafíos estructurales” de la economía, y remarcaron que la Argentina debe fortalecer aún más la sostenibilidad de la deuda, reforzar el balance del Banco Central y su carta orgánica, y abordar “las barreras regulatorias a la productividad, la inversión y el empleo formal”.
Los fondos frescos que aportará el nuevo programa se utilizarán para reforzar el presupuesto y las reservas –el Fondo ya concretó el primer giro por casi 9700 millones de dólares– y afrontar los vencimientos del préstamo macrista. El período de repago es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica que la Argentina comenzará a pagar el nuevo crédito partir de 2026 y hasta 2034.
El nuevo acuerdo, el 22º en la historia de la Argentina y el Fondo, fue diseñado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el staff del organismo con el objetivo primordial de comenzar a atacar uno de los problemas más urgentes del país, la alta y persistente inflación.
El núcleo del plan es una reducción paulatina y gradual del déficit fiscal hasta equilibrar las cuentas públicas en 2025, disminuyendo el financiamiento monetario del Tesoro, ampliamente visto como una de las causas principales del fuerte aumento de los precios. El ajuste fiscal se concentrará en el recorte de los subsidios a la energía, que tendrá como contrapartida un aumento en las tarifas de la electricidad y del gas a los hogares de mayores ingresos del país.
Desafíos
El nuevo programa nace con enormes riesgos y desafíos y fuertes dudas sobre su viabilidad. La guerra en Ucrania cambió todo el contexto al provocar un aumento de los alimentos, el petróleo y el gas, le puso más presión a la inflación local y complicó el sendero de ajuste fiscal por el impacto que tienen los precios de la energía sobre los subsidios.
La capacidad política para implementar el plan también es incierta por la fractura política del Frente de Todos y la polarización. El programa económico ha sido criticado por Juntos por el Cambio, los libertarios, la vicepresidenta Cristina Kirchner, La Cámpora y el kirchnerismo duro. Y el plan del Gobierno también ha sido deshilachado por economistas en la Argentina y en Estados Unidos, que lo consideran demasiado “liviano” y que patea los problemas para adelante al dejar de lado reformas estructurales y el ataque frontal a los problemas de fondo de la economía.
El Gobierno ha defendido el nuevo acuerdo al afirmar que uno de los objetivos centrales del plan es “mantener la recuperación económica y social”. La Casa Rosada y el Palacio de Hacienda han dicho, además, que evita un ajuste –aunque el aumento de las tarifas implicará, en los hechos, un ajuste–, un salto del dólar y reformas estructurales como un cambio previsional o laboral, iniciativas complejas que suelen conllevar un amplio rechazo social.
Críticas de lado, el nuevo pacto permitirá evitar un “impago”, o arrears, con el Fondo Monetario, que hubiera dejado al país en una situación mucho más delicada. Y le brindará a la Argentina un período de gracia de cuatro años y medio sin fuertes vencimientos para intentar encarrilar la economía.
El acuerdo aspira a bajar el déficit fiscal “gradualmente y sustentablemente” al 2,5% del producto bruto interno este año; 1,9% en 2023; 0,9% en 2024, y 0% o equilibrio fiscal en 2025. La letra del nuevo convenio contempla además crecimiento para este año de entre el 3,5 y el 4,5 por ciento, una reducción de la inflación a un rango del 38 al 48 por ciento, y un aumento de las reservas netas del Banco Central de 5800 millones de dólares.
El propio Gobierno reconoció en los documentos que fueron presentados al board del Fondo para la aprobación final que existen “importantes incertidumbres” que pueden alterar los números y forzar a “recalibrar” las políticas. La lista incluye la pandemia del coronavirus, la guerra en Ucrania, un deterioro de la economía regional, cambios en los términos de intercambio del país, principalmente en los precios de las materias primas como el trigo, la soja o el petróleo, y “shocks vinculados con el clima”.
Es un paraguas que se hace eco, en parte, de la sequía de 2018, que contribuyó a la crisis cambiaria que terminó por enterrar el “gradualismo” de Macri y llevó al país de regreso al FMI, y que se ha repetido este año. Pero también es un seguro ante los aumentos en el costo de generación de la electricidad, por el aumento del precio del gas por la invasión de Putin a Ucrania o por falta de agua en las represas que alimentan las centrales hidroeléctricas del país, apenas dos de las amenazas más apremiantes que enfrenta el nuevo acuerdo.
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