El Excel de Alberto Fernández. ¿Cuánto cuesta mantener la casa de un presidente?
LA NACIONPablo Fernández Blanco
Hay motivos para pensar que Alberto Fernández sufre el calor más que su antecesor, Mauricio Macri. La crónica periodística que recorre los primeros días del Presidente en la Casa Rosada hizo notar su sorpresa por la temperatura. Pasadas las 8.30 del 11 de diciembre de 2019, Fernández empezó a transpirar mientras abría las puertas de los despachos por primera vez como jefe del Estado. Los empleados le dijeron que no andaba el aire acondicionado, un mensaje que luego transmitió en un breve contacto con la prensa. "No sé si el expresidente trabajaba ahí porque el aire no funciona y es insufrible", ironizó.
Mantener fresco el entorno de Alberto Fernández tiene su precio. Y es literal: cuesta $360.000 por mes en la Quinta de Olivos. Claro que el servicio que presta la empresa Tecnarán es completo, ya que incluye también las heladeras y las cámaras frigoríficas. Su factura parece alineada con la política antiinflacionaria del Frente de Todos. A tal punto que entre diciembre de 2019 y mayo de este año fue una de las pocas cosas que no sufrió remarcaciones en la Argentina.
La quinta de Olivos ocupa un terreno gigantesco en Vicente López. Dentro de sus límites hay un chalet de 700 metros cuadrados, a los que se suman un total de construcciones por aproximadamente 13.000 metros cuadrados, según el cálculo municipal.
Si bien es un espacio con verde, su uso supera las necesidades habitacionales de Fernández y su mujer, Fabiola Yáñez. Es muy frecuente ver pasar por allí ministros y equipos de trabajo más allá de las tareas cotidianas del mandatario de turno que habita la vivienda.
LA NACION obtuvo documentos exclusivos, consultó bases de datos públicas y reconstruyó historias con fuentes del oficialismo, de la oposición y municipales para intentar responder la siguiente pregunta: ¿Cuánto cuesta mantener la casa del primer mandatario?
En el camino para conseguir la respuesta, aparecieron distintas curiosidades como por ejemplo que la residencia presidencial es la gran contribuyente de un dirigente político de la oposición.
Planillas de cálculo
Las últimas facturas disponibles de cada servicio -entre mayo y octubre- pagadas por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, muestran que cancelar servicios, proveedores relacionados con la infraestructura y tasas municipales en Olivos sale $12,34 millones por mes. Son casi $150 millones al año. Si bien el número mensual puede tener variaciones estacionales, la cifra está largamente documentada.
El desglose de la factura presidencial está acompañado de datos desconocidos. El 23 de agosto de 2010, el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido , lanzó una de sus frases que van al anecdotario."Fibertel no existe más", sentenció. Si bien la empresa extinguida por el excompañero de Fernández en el gabinete tiene muy buena salud económica, le cuesta hacer pie en la sede del poder.
Olivos recibe el servicio de internet por parte de Arsat, una empresa pública cuyo trabajo va desde gestionar los satélites argentinos hasta hacer tendidos de fibra óptica para dar conexión digital a lugares recónditos del país. Le cobra al Presidente $25.900 mensuales y también está alineada con la política de precios: no aumenta al menos desde diciembre pasado.
Tampoco recibe el servicio de televisión por cable de Cablevisión, la empresa más grande del rubro, sino que lo presta DirecTV. Es quizás una de las boletas más bajas de Olivos, ya que sale $8499 mensuales.
En cambio, la telefonía fija está a cargo de Telecom. Esta última pasó por diversos propietarios, pero desde la aprobación oficial de la fusión con Cablevisión, en junio de 2018, pertenece a los socios de Clarín. Es el único pie, o cable, que logró poner la empresa de medios e internet en la quinta. La remuneración es magra: $12.897,39 en el bimestre que va del 15 de agosto al 11 de octubre pasados.
Desde una planilla de Excel, la repartición de dinero entre las compañías públicas y el sector privado parece una alegoría de la relación entre el kirchnerismo y las empresas de luz y gas en las últimas décadas. Naturgy, la distribuidora de gas heredera de Gas Natural Ban, pasó una factura de $128.388,95 para el período agosto-septiembre, mientras que, sumadas las tres boletas de Edenor que llegan a la calle Villate, alcanzan los $746.271,30.
Ambos casos están muy lejos de los $3,083 millones que se le pagaron a Aysa, la empresa de agua y cloacas del Estado que ahora conduce Malena Galmarini, en el bimestre julio-septiembre. Es posible que el monto abultado se deba a que no aparecen pagos entre fines de marzo y julio. Si se revisa el primer bimestre del año, el número a desembolsar arroja $1,2 millones, de manera que sigue estando por encima de lo que se paga por luz y gas.
Fernández juega para Jorge Macri
Los números de Olivos muestran una paradoja política. Pese a que el Frente de Todos es el actual inquilino, nadie obtiene más rédito que la Municipalidad de Vicente López. Está a cargo de Jorge Macri, primo del expresidente, referente de Juntos por el Cambio y uno de los aspirantes a quedarse en 2023 con el puesto que hoy tiene Axel Kicillof, delfín de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires.
Casi $6 de cada $10 que se destinan al pago de tasas y servicios van a la contabilidad de Vicente López. Fueron $5,46 millones en junio, con un agregado: una orden de Mauricio Macri que continuó Alberto Fernández dispuso el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, que casi no tuvieron movimiento. El ABL, en cambio, no depende de la Casa Rosada. Dado que en diciembre pasado pagaba $3,028 millones, Jorge Macri le aumentó un 80% esa tasa a la residencia de Fernández.
Los números anteriores esconden una particularidad histórica. La costumbre de esquivar el pago del ABL mediante la falta de declaración de los metros construidos es una práctica común entre vecinos, dicen quienes recaudan. Lo llamativo es que esa costumbre alcanza incluso a los presidentes de la Nación, según corroboró LA NACION. La quinta pagó en 2017 por primera vez un número razonable por esa tasa.
Las relaciones de parentesco -familiar y político- ayudaron a ordenar esa situación. Ese año, los equipos técnicos de los dos Macri se sentaron a discutir cómo saldar las diferencias y llegaron a un acuerdo.
Antes de eso, Vicente López había hecho un proceso de oficio (una iniciativa propia del municipio) para regularizar la situación de la quinta presidencial. Le aplicó el mismo mecanismo que a otros vecinos con tomas aéreas y otras fotografías que permitieron demostrar las edificaciones que estaban dentro del predio sin declarar.
Los papeles que recibió LA NACION en respuesta a un pedido de acceso a la información pública evidencian una suave tensión entre la gestión actual y la anterior. "Con relación a la modalidad de contratación para la provisión de todos estos servicios debe señalarse que al 10 de diciembre de 2019 las contrataciones correspondientes a los distintos rubros reseñados se encontraban vencidas. Por este motivo, las empresas que venían prestando estos servicios continuaron brindándolos bajo los términos originalmente pactados, debiendo procederse al pago de los mismos mediante la figura del legítimo abono o reconocimiento del gasto. Esta situación, que configura una irregularidad administrativa, fue revertida…", dice la nota firmada por Gerardo Serrano, subsecretario de Planificación y Servicios en la cartera de Vitobello.
Sin remodelaciones
La documentación muestra que, desde que llegó a Olivos, Alberto Fernández no ordenó remodelaciones sustanciales. Es una diferencia importante con respecto a sus antecesores.
Cristina Kirchner refaccionó el chalet de huéspedes por $28 millones presuntamente para alojar a su hija Florencia. Macri, por su parte, avanzó en la compra de equipamientos de diverso tipo, que alcanzó hasta los platos. Se destinaron $1,2 millones para conseguir nueva vajilla con el escudo nacional y el borde dorado. Como con todo lo que pasa en la Quinta de Olivos, reponer los platos rotos siempre cuesta millones.
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