”El Estado se va a retirar de AySA; vamos a vender el 90% de las acciones”, dice su presidente, Alejo Maxit

Hay un lema que llega como un credo a las empresas públicas y que surge de la cúpula de la Casa Rosada. En la operadora de servicios de agua y saneamientos AySA, bien podría decirse que está estampado en cada una de las últimas decisiones. Aquella inspiración para la gestión de una empresa publica podría resumirse más o menos así: “El Estado no es empresario y debe retirase lo ante que pueda de toda actividad que puedan hacer los privados”.

Alejo Maxit, el presidente de la compañía, es el encargado de cumplir con el mandato del presidente Javier Milei. ¿Qué hizo? Puso en equilibrio operativo la empresa, principalmente gracias al aumento de tarifas, y ahora se apresta a ponerle el cartel de venta para retirar totalmente al Estado. Cuándo, cómo y a qué precio, pues lo cuenta el propio Maxit.

–A un año de gestión Milei, ¿qué era AySA y qué es hoy?

–Cuando llegamos a la empresa, era una plataforma política. Funcionaba como una plataforma política para que ciertas personas tengan un desarrollo político territorial. Todos los recursos tenían una lógica que no era la que debía tener una empresa privada.

–¿Cuál era esa lógica?

–La lógica eran obras para responder a una solicitud política territorial; gastos corrientes para atender la campaña territorial, mientras que AySA no recibía los fondos para mantenimiento, por ejemplo. Los recursos tenían objetivo principal, que era político, y uno secundario que era el servicio. Ahora tenemos una empresa al revés, donde la tarifa cubre los gastos operativos y la inversión de mejora y mantenimiento. Desde la estatización hasta hoy, el Estado puso US$14.000 millones en AySA en obras y gastos corrientes y obras. Había una tarifa congelada que hizo daño en la cultura del pago, del cuidado del agua y en la cultura de la empresa de un ir a buscar a los que estaban colgados al servicio.

–¿Qué pasó con la obra pública que hacía la empresa?

–Teníamos unas 300 obras con distintos niveles de avance. Algunas recién arrancadas y otras con una duración que era dos veces lo que decía el proyecto original y eso significan gastos incrementales enormes. Había muchas que no atendían a la necesidad de la operación sino a la necesidad de cubrir un partido particular. Se destinaban los recursos a obras de expansión que tenían un tinte político.

–En gran parte de la Ciudad no se mide el agua...

–Cuando no tenés un modelo de negocio, cuando el Estado quiere ser empresario y no puede serlo, no es importante el modelo de negocios. Otros países lo han resuelto y avanzaron al 100% de la medición. En la Ciudad se podría cobrar a los consorcios y prorratear entre los departamentos.

–Las tarifas subieron en el año. ¿Queda aún algún aumento fuerte o ya será actualización?

–El Gobierno tuvo el coraje de ir avanzando en la eliminación de subsidios y un ejemplo es AySA que tenía una tarifa que cubría 20% del gasto operativo. Hoy cerramos el año con una convergencia, la tarifa que paga el vecino con muchísimo esfuerzo cubre el gasto operativo de la empresa. Es la primera vez desde 2006 que se logra.

–Cuando entré había un cartel que decía “no a los despidos”...

–Teníamos un objetivo de reducción de personal que se cumplió: bajamos el 18% la cantidad de empleados. Hoy no es el foco de la compañía.

–¿Había cargos políticos?

–Asumí en abril y ya se habían ido. Pero eran más o menos 200 personas que respondían a la anterior gestión [de Malena Galmarini].

–¿Doscientos cargos?

–Sí, más o menos, que formaban parte del equipo político.

–¿La empresa se privatiza?

–Está en la Ley Bases, está el convencimiento del Presidente y el convencimiento de todos que es la mejor forma de resolver este problema en el largo plazo. O sea que sí se va a privatizar, de una manera transparente, de manera que sea lo más irreversible posible el proceso. Se necesita un nuevo contrato de concesión, un nuevo marco regulatorio, un estatuto que permita que al final se deje una empresa ordenada y que el Estado se retire.

–¿Cómo será el esquema?

–Existe AySA Sociedad Anónima que tiene la concesión. Y de esa empresa el Estado tiene el 90%; el resto es del programa de participación de los empleados. El objetivo es vender ese 90%. Hay distintas metodologías pero no quisimos partir la concesión ni avanzar en otra como la anterior. Los activos, en este caso, van a quedar en el Estado argentino. Hay dos grandes formas de ventas con las que queremos avanzar. Una es una licitación pública nacional e internacional para vender la participación que permita incorporar un socio estratégico a la operación y la otra porción, que sea vendida en el mercado local en acciones. De esa manera, hay representación del mercado, del operador y de los empleados. Creemos que esa será una forma de dar sustentabilidad y control.

–¿El operador deberá tener el 51% de las acciones?

–No necesariamente. El ejemplo que miramos es lo que se hizo en San Pablo con la empresa de agua, donde el operador tiene menos de 20%. Pensamos en un período de operación que permita cada un tiempo la posibilidad de rotación, por ejemplo, cada 10 años. En San Pablo cada 10 años se subasta y sabe que tiene que revalidar su gestión.

–¿Qué pasa con la inversión?

–El esquema actual no resolvió los problemas, hay que pensar otro. Yo creo que el Estado nacional se debería correr y se tienen que sentar en la mesa la provincia, la ciudad, los municipios y los vecinos.

–¿Puede haber algún conflicto con el gobernador Axel Kicillof por la privatización del servicio en 27 distritos bonaerenses?

–No creo, ya trabajamos con los intendentes con buena receptividad.

–¿Qué les dice a los intendentes que reclaman las obras?

–El mensaje del Presidente es claro y se entiende, en el sentido que no hay plata. Los intendentes reconocen que la responsabilidad es compartida. En muchos casos se hacen responsables de las obras, en otros casos, se hacen desde AySA y en otros, se llama al vecino para ser parte de la solución.

–¿Cuánto vale AYSA?

–Hay algunos valores de referencia. El Estado le pagó a Aguas argentinas US$380 millones que a valores actualizados da US$500 millones, que será el piso. Estamos en busca de especialistas y asesoría que nos ayuden a poner un valor.

–¿Cómo es el calendario?

–Tenemos que tener resuelto los mecanismos de ventas, la licitación pública y la salida al mercado, en el primer semestre.

–¿Se vende en el segundo?

–Deberíamos tener un sendero clarísimo en el primer semestre respecto de cómo vendemos el 90% del paquete accionario.

–En un momento dijo que la empresa no le cobraba el servicio a muchos usuarios que tomaban el servicio.

–Si. Por ejemplo, le estamos cobrando a la Villa 31 que no pagaba por el agua, y también en urbanizaciones y barrios cerrados, que tenían conexiones que no pagaban. También en algunas industrias que vimos que tenían más de una conexión. Esto respondía a que el agua no tenía ningún valor por la tarifa, o también a algún interés político para llevar agua a algún lugar.

–¿En Tigre había algún foco en particular?

–En Tigre fue un lugar donde se localizaban gran cantidad de obras, y muchas están en marcha.

–Casualmente...

–Casualmente...

–¿Cómo se soluciona el tema de que el agua no se corta? Es decir, si no se corta, para qué estar al día, podría pensar un vecino.

–Tenemos que hacer entender al usuario que el agua no es gratis, que es un servicio caro en el mundo. Igualmente, la gente responde cuando se la intima. Había una no gestión de la morosidad, no era importante cobrar. La morosidad era altísima, de alrededor del 15 a 16%, la bajamos al 12 y queremos ir al 4.

–Si no saco mal las cuentas, a fin del año que viene se queda sin trabajo...

–El objetivo para el que yo vine acá es eso, para hacer este proceso lo más rápido posible. Sería un buen fin de año.

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