Por el deterioro del equipamiento, los militares muertos desde 2001 casi duplican al ARA San Juan
Minutos antes de las 9 horas del 22 de noviembre de 2001 un Pampa IA-63 lanzó una bomba de 250 kilos en el marco de un entrenamiento. El artefacto debía explotar cuando tocara el piso, pero falló, por lo que un grupo compuesto por el capitán Eduardo Alberto Galetti, el cabo principal Héctor Nicolás Rocha, el suboficial principal Jorge Roberto Sosa y el suboficial auxiliar Héctor Oscar Barrios fue a atender la situación. Debían rodear la bomba con trotyl y hacerla detonar a distancia, para lo que estaban entrenados. El artefacto explotó antes y les costó la vida.
En septiembre de 2015 ocurrió algo impensado para la aviación. En la V Brigada Aérea de Villa Reynolds, en San Luis, un avión Douglas A4-AR Fightinghawk estaba en una revisión técnica en la plataforma (foto) cuando de forma inesperada comenzó a desplazarse hasta chocar contra el hangar, algo que terminó con la vida del suboficial principal Luis David Peñaloza, que trabajaba en la cabina de la nave.
En 2008 el suboficial segundo buzo táctico Federico Alexis Cacciabue se lanzó en paracaídas desde un avión que sobrevolaba Miramar. El artefacto no se abrió. Cuando logró soltar el paracaídas auxiliar ya era tarde para moderar el impacto lo suficiente, algo que le costó la vida a los 37 años.
Los casos anteriores forman parte de registros oficiales de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército que enumeran decenas de muertes por motivos diversos, desde accidentes en la vía pública hasta descargas eléctricas, caídas de aviones, explosiones de armas de fuego, asesinatos, desprendimientos de montaña, ahogamientos, paros cardíacos en entrenamientos, un inesperado golpe con un hangar y la caída del techo de un casino.
LA NACION investigó las muertes que se registraron en las Fuerzas Armadas entre 2001 y el año pasado a partir de pedidos de acceso a la información pública, documentos del Estado, averiguaciones judiciales y crónicas periodísticas. También se hicieron consultas a exfuncionarios, allegados a las víctimas y miembros de distinta jerarquía en la organización militar, que en todos los casos pidieron mantener en reserva su nombre.
La conclusión más gruesa arroja que entre las tres instituciones murieron 112 personas mientras cumplían con sus obligaciones laborales o se aprestaban a hacerlo. Hay que destacar que en 23 casos se trató de los accidentes denominados initínere, como se conoce al traslado de la casa al trabajo y el retorno. En 75 casos se trató de problemas presumiblemente vinculados al estado del equipamiento de manera directa o indirecta. No se incluyen en esa cuenta, por ejemplo, el caso de un soldado asesinado, un suicidio y un desprendimiento de montaña.
A las cifras anteriores hay que sumar a los 44 tripulantes del ARA San Juan, que se muestran por separado porque el hecho aún es investigado por la Justicia. En ese caso, el número de bajas llega hasta las 156 personas.
El caso de la Armada tiene un barniz paradójico: hasta que ocurrió la tragedia del submarino, la fuerza parecía la más segura para trabajar, con tres muertes desde 2001, de las cuales una se debió a la caída de un avión y otras dos, a la falla de paracaídas.
En ningún caso las muertes mencionadas se dieron en enfrentamientos bélicos. Los números parecen abonar la afirmación según la cual ser militar es un trabajo de riesgo pese a que la Argentina atraviesa tiempos de paz desde la finalización de la guerra de las Malvinas, en 1982. Es una idea extendida entre miembros y jefes de las fuerzas de seguridad, los familiares consultados y hasta los gestores políticos.
Las causas de esa condición son, en cambio, más variadas. Algunos apuntan contra la precariedad del material militar derivada de malas gestiones administrativas en distintos gobiernos, como en los de Néstor y Cristina Kirchner , o las políticas de ajuste implementadas por el Estado, algo reconocido en informes de la gestión de Fernando De La Rúa y una bandera izada por Mauricio Macri.
Los registros oficiales muestran también que hay siniestros que van más allá del estado del equipamiento. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, expuso ese punto de manera cruda en una entrevista con la FM bahiense La Brújula 24. "Tenemos Fuerzas Armadas que han tenido períodos largos sin adiestramiento y capacitación. Por ejemplo, la flota de submarinos estuvo cinco años sin navegar y esto no es gratis", dijo. LA NACION consultó a sus voceros, pero al cierre de esta nota no había una respuesta oficial.
El año más trágico para los cuerpos de seguridad fue 2001. La Armada y el Ejército no tuvieron bajas, pero la Fuerza Aérea perdió 14 personas. Hasta 2018, en total son 34 los uniformados muertos por caídas de aeronaves –no sólo de esa fuerza, aunque principalmente-, que constituyen la mayor causa no natural de fallecimiento entre los militares. Se llevan el 30% de los casos, seguida por los accidentes initínere (21%) y los viales dentro del tiempo de trabajo.
En los últimos 18 años la Fuerza Aérea perdió 38 personas por accidentes. En la mayoría de los casos se trató de caídas de aviones, pero aparecen más motivos.
Las explosiones y las muertes a mano de armas de fuego se cobraron 12 víctimas. Completan la lista caídas, fallas en paracaídas, golpes y problemas de salud que terminan con la vida en las horas de servicio.
Hay también casos que rozan lo imponderable. Un ejemplo: Santiago Zone, de 34 años y con dos hijos, era teniente del cuerpo de granaderos. Solía competir con los caballos Remonta Nunhil y Perdigón. Le había dedicado una vida a ese trabajo, según se corrobora en el perfil de Linkedin que todavía está disponible, aunque eso no le alcanzó para evitar que en una prueba a campo traviesa que se hizo en octubre de 2016 se cayera del animal. Los voluntarios de la Cruz Roja estaban cerca, pero el accidente fue con tanta mala fortuna que no pudieron hacer nada para evitar su muerte.
Los escalafones inferiores corren la peor suerte. En 18 años murieron 25 soldados y 14 cabos, aunque también perdieron la vida 13 sargentos.
Con 71 personas, el Ejército lidera las bajas, algo que parece lógico si se tiene en cuenta que es la organización más grande entre las tres con 51.309 personas, según una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial en 2018.
Muertes inesperadas
Para los especialistas y miembros de la fuerza, la cantidad de accidentes viales en vehículos militares le abre la puerta a la pregunta por el estado de las unidades. Hay vuelcos, choques y un aplastamiento por intentar reparar una falla mecánica que en 2012 le costó la vida al cabo Julio César Demarco, de 32 años, en Pigüé. Junto a su compañero conducía un camión Mercedes-Benz que llevaba un tanque en el acoplado. De Marco se metió debajo de él para enderezar una manguera que se había doblado y alteraba el sistema de frenos. El acoplado se movió, le aplastó el tórax y la cabeza.
Una mala suerte parecida corrió Sebastián Nahuel Rodríguez Camparín, aplastado en 2008 por el derrumbe de una pared, mientras que Héctor Diego Torres recibió en 2004 la descarga eléctrica de una aeronave, al sargento Fabio Héctor Vallejos la explotó una granada en 2007 en Puerto Santa Cruz y el cadete Maximiliano Sandoval sufrió una explosión durante una sesión de tiro. El desenlace fue fatal en los cuatro casos, al igual que en el de Luis Alberto Monzón, un sargento ayudante de 50 años que en marzo de 2013 se cayó del techo del Casino de Suboficiales en Paso De Los Libres (Corrientes) que intentaba reparar.
Llegaron tres ambulancias, policías y un helicóptero provincial. Tampoco pudieron salvarle la vida. Ocurrió en marzo del año pasado.
El subteniente Juan Manuel Casuso tenía 25 años cuando murió aplastado por un tanque durante ejercicios militares en el campo de Azul, provincia de Buenos Aires. Al menos así lo recuerdan sus compañeros, si bien los documentos del Ejército describen más escuetamente que se trató de un accidente vial por vuelco del vehículo militar. Era septiembre de 2010. Los hechos similares se repiten.
El 26 de agosto de 2006 ocurrió algo que todavía no se pudo dilucidar con precisión según los registros oficiales del Ejército que vio la LA NACION. Cerca de 30 cursantes con instructores realizaban un ejercicio de supervivencia en balsas de Tacuara en el Paraná. Uno de ellos era el cabo primero Gustavo Orlando Villalba, de 26 años. Chocaron contra la barcaza remolcadora Cavallier V. Su cuerpo nunca apareció.
La naturaleza también jugó su partido. El suboficial principal Juan Gabriel Torres era el guía de la patrulla que en 2017 subía al volcán Lanín. Andinista avezado, no pudo con un desprendimiento que le costó la vida. Sus compañeros bajaron el cuerpo desde los 3200 metros de altura.
Historia de desinversión
Documentos revisados por LA NACION, elaborados en los gobiernos que administraron el Estado desde 2001 hasta el año pasado, muestran las dificultades presupuestarias y sus efectos sobre la operación cotidiana de las Fuerzas Armadas.
La Cuenta de Inversión es una memoria del año anterior que el Poder Ejecutivo le envía al Legislativo en cada período. En la de 2001, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea sostiene que el cumplimiento del plan de actividad aérea (horas de vuelo) en aviones de combate, de transporte, de instrucción, de enlace y helicópteros alcanzó el 95,2% sobre lo programado. Si bien se incrementó en el cuarto trimestre el cumplimiento de la actividad "debido a la utilización de armas de menor costo operativo, no se alcanzó la totalidad de lo programado en virtud de las reducciones presupuestarias", reconoce.
Eran tiempos de Fernando De La Rúa, una crisis económica que se acercaba a su desenlace y el frenesí político por recortar el gasto para evitar la salida de la convertibilidad.
La conducción de la Fuerza Aérea lamentaba, por escrito, que unidades de mantenimiento se veían obligadas a intervenir a medida que el material fallaba, ya que era insuficiente el stock de intercambio. Dicho de otro modo, se le sacaban partes a ciertas naves para ponérselas a otras cuando se rompían. "Esto aumenta los trabajos no programados y por consiguiente la planificación de horas de mantenimiento está sujeta a factores aleatorios", sostienen las memorias del Estado en 2001.
Las reducciones presupuestarias también obligaron a economizar en electricidad, gas, telefonía y días laborables. Tampoco fueron suplidas las bajas de personal superior por jubilaciones, retiros y renuncias.
Problemas similares se repiten a lo largo del tiempo. En 2003, primer año de gestión de Néstor Kirchner, la Fuerza Aérea celebró por escrito que el cumplimiento del plan de actividad en aviones y helicópteros había permitido mantener habilitados a casi "el 45% de los aviadores militares" de la institución. Y ponderaba que a pesar de no llevarse a cabo un grado óptimo de adiestramiento las horas asignadas a la actividad de vuelo alcanzaron "los objetivos previstos con márgenes aceptables de seguridad".
Otra vez, hubo que destinar más tiempo del previsto a tareas no programadas como el reproceso de aeronaves, motores y componentes, que aumentaron las jornadas laborales.
En 2004, la fuerza documentó que las horas de trabajo para mantenimiento "se incrementaron debido a la insuficiencia de stock de repuestos y de equipos aeronáuticos en servicio, que obligó a desmontar aeronaves inspeccionadas con componentes de otras máquinas que se encuentran en inspección para permitir su rápido regreso al servicio".
Las dificultades que relatan en el papel los expedientes de la Fuerza Aérea se repiten en el campo de las operaciones. A las 12.10 del 25 de agosto de 2005 un helicóptero Hughes 500 de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba cayó a tierra cuando iba hacia la pista, en Córdoba. Murieron el piloto, capitán Federico Marta Barragán, el mecánico suboficial auxiliar José Luis Ramón Martínez y los cadetes de segundo año Roxana Soledad Martínez y Pablo Valente.
Al igual que Peñaloza, también por un golpe del portón de un hangar que falló, pero en la base Marambio (Antártida), falleció el miércoles 8 de junio de 2016 por la mañana el cabo primero Gustavo Daniel Capuccino. Tenía 30 años.
Los archivos oficiales son generosos en ejemplos de muertes en avión ocasionadas durante bautismos y actos conmemorativos.
El adiestramiento, otra polémica
Algunas pérdidas parecen producto de errores humanos y fueron parte de procesos judiciales. El 19 de septiembre de 2001 comenzó a las 9.04 un vuelo de bautismo para los cadetes del primer año. Eran tres aeronaves. La punta del ala izquierda de una de ellas golpeó el edificio de la torre de control y luego se estrelló. Murieron el vicecomodoro Ernesto Guillermo Cooke y el cadete Carlos Nicolás Díaz Berastegui. La Justicia determinó que la responsabilidad fue del brigadier Agustín Alfredo Míguez, director del Instituto y piloto del avión guía.
El diagnóstico sobre los problemas que causan muertes en las fuerzas de seguridad es compartido tanto por la gestión política como por la militar. Un exfuncionario que participó de las decisiones sobre el equipamiento de las fuerzas lo puso en estos términos: "El origen del problema es presupuestario. Al no haber naves suficientes para volar o navegar, tampoco hay suficientes horas de vuelo ni de navegación, que a su vez genera problemas por parte de las tripulaciones para resolver situaciones de alto riesgo".
Esa mirada común se tradujo en decisiones. Cuando promediaba la gestión, el gobierno de Macri compró aviones, pero priorizó la adquisición de naves de entrenamiento antes que de guerra. "En caso de conflicto bélico, se pueden comprar los aviones [de guerra], pero no los pilotos. Para tenerlos, tienen que entrenarse", explicó otra persona que talló en la decisión.
Durante su paso por la Cámara de Diputados Julio Martínez, quien luego se convirtió en el primer ministro de Defensa de Mauricio Macri, hizo un informe en el que señalaba que "de los 230 pilotos que tenía la Fuerza Aérea a comienzos de 2007, unos 55 pidieron el retiro por falta de estímulo profesional debido a la carencia de medios para trabajar".
El Ejército muestra también el subcumplimiento de metas, aunque lo describe con menos frontalidad. En 2008, por caso, no alcanzó a cumplir con los proyectos de inversión que preveía e hizo un tercio de los ejercicios tácticos previstos en el terreno en el ítem "Capacidad Operacional Contribución Conjunto y Combinado".
Para 2011, por caso, se había propuesto avanzar con la transformación de un Helicóptero Bell UH-1H a Huey II, pero no dio casi pasos en esa dirección. En 2014, tenía que completar el 3,97% de esa tarea (según la meta de avance físico estipulada en la Cuenta de Inversión de ese año). Avanzó un 0,41 por ciento.
Otro ejemplo es el de Fabricaciones Militares, que depende del Ministerio de Defensa, pero abastece a las fuerzas. En 2014 tuvo un presupuesto de $1.552 millones, que completó, pero casi incumplió con todas las metas físicas previstas por el Estado para ese año.
Miembros de las Fuerzas Armadas con diverso rango consultados por LA NACION sostuvieron que la antipatía que les generaban al gobierno en las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner se tradujo en una desinversión llevada al límite.
La falta de repuestos amplió el vocabulario de las fuerzas. Los militares llaman "canibalización" al hecho de "sacrificar" una unidad –puede ser un avión o un auto, por ejemplo- para sacarle las partes y ponérselas a otro. Un miembro de las fuerzas reconoció con molestia que debió "sacrificar" dos Hummer –un vehículo militar 4x4- para mantener en funcionamiento otros seis, algo similar a lo que ocurrió con los camiones habituales para los traslados. Los denominados Unimog datan de los años 60. La gestión de Macri impulsó su repotenciación, que tiene un avance de aproximadamente 40 por ciento.
Hasta el ARA San Juan, ninguna de las muertes de la Armada entre 2001 y 2018 habían ocurrido en el agua, el entorno que le da nombre a la organización, sino por problemas con aeronaves o paracaídas.
En octubre de 2007, un avión MC32 Aermacchi de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque tuvo un incidente en una misión de adiestramiento. El capitán de corbeta aviador Gustavo Alejandro Massazza y el teniente de fragata aviador Julio Agustín Alonso se eyectaron cuando vieron la emergencia, pero las heridas causaron la muerte de Alonso, más tarde, en un centro asistencial de Punta Indio.
En 2017, el cabo principal buzo táctico Julio Martín Acosta falleció por un motivo similar. Hacía un ejercicio de adiestramiento en la Base Aeronaval Comandante Espora, cerca de Bahía Blanca. Saltó del helicóptero y, según los registros de la Armada, murió por una falla en el paracaídas.
Al igual que el Ejército y la Fuerza Aérea, la Armada tuvo problemas para modernizar su equipamiento. Se ve, por caso, en la reconstrucción del rompehielos Almirante Irízar, un ícono de su flota. En 2011 dispuso de $82,14 millones para ese trabajo, según registros oficiales. Debía completar el 32% de la tarea y, si bien usó todos los fondos, le alcanzó para terminar con el 16%. Algo similar, pero más pronunciado, se repitió en 2014: estaban disponibles $76,14 millones y se usaron casi todos los fondos. Se completó un 4% de la reparación, cuando el objetivo era llegar al 12 por ciento.
Los altos mandos de las Fuerzas Armadas hacen una mueca antes de responder a la pregunta sobre el estado del equipamiento. Sin ellos, se hace imposible el adiestramiento. Sostienen que, con una velocidad menor a la que esperaban al principio del mandato, la gestión de Macri avanzó sobre temas que llevaban años desatendidos. En mayo pasado llegaron cinco aviones Súper Étendard Modernizados (SEM) que el Gobierno le compró a Francia, se sumaron unidades Pampa 3 (producidas en Córdoba por Fadea). Se sumaron radares, ametralladoras, morteros, fusiles, cañones, cascos de vuelo, entre otras cosas.
En perspectiva, las personas fallecidas en los últimos 18 años casi duplican a las víctimas que se cobró el ARA San Juan y más que las duplican si se cuentan la totalidad de muerte en el tiempo dedicado al trabajo. También son importantes en comparación con lo que ocurre en otros países. Por ejemplo, entre 2014 y 2016 la Argentina estuvo en niveles similares a los de España, según datos del Ministerio de Defensa de ese país. Aunque en ese último caso la mayoría de las muertes ocurrieron dentro de las fronteras, sus fuerzas también desarrollan tareas en países más riesgosos, como Iraq, el Líbano y Afganistán.
Otras referencias muestran que vestir uniforme es peligroso no sólo en el país, sino también en la región. En Chile, por caso, murieron 17 militares en diciembre de 2006 porque el vehículo que los llevaba desbarrancó, y hay ejemplos de tragedias aéreas, pero entre los casos más recientes son más abundantes los que están relacionados con dificultades con la nieve, por caso, antes que con el equipamiento en sí, cómo se ve en la Argentina.
LA NACION consultó sobre el tema a exministros de Defensa de distintas presidencias. Todos se excusaron de opinar, por diversos motivos. Horacio Jaunarena (Raúl Alfonsín y Fernando De La Rúa) explicó que estaba dedicado a hacerse estudios médicos para cuidar su salud y Nilda Garré (Néstor Kirchner), al cuidado de su madre. Martínez (Macri) se excusó porque es el antecesor de Aguad en el cargo y evitaba hacer comentarios sobre defensa.
- Nota publicada originalmente el 15 de julio de 2019
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