El desafío económico del acuerdo Mercosur-UE

El puente que acaban de diseñar el Mercosur y la Unión Europea (UE) para liberalizar el comercio de bienes y servicios entre los mercados de ambos bloques, tardará casi tanto tiempo en ser transitado fluidamente -en uno y otro sentido-, como los 20 años que demandó su negociación.

En el caso de la Argentina, este lapso atravesó con distinto énfasis a todos los gobiernos desde Carlos Menem en adelante, incluyendo los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner, hasta que Mauricio Macri pudo anunciarlo sobre el filo de su mandato. Por eso resultó insólito que, antes de conocer la letra chica, el kirchnerismo y sus aliados se apresuraran a rechazarlo y colgarle sus etiquetas ideológicas. Desde "nada para festejar" (Alberto Fernández) hasta "una tragedia" (Axel Kicillof), pasando por la consabida "entrega de la producción y la soberanía" (Pino Solanas). Como si el acuerdo entrara en vigencia esta semana y no debiera atravesar la aprobación parlamentaria en cada uno de los países miembros del Mercosur y de la UE.

En el mejor de los casos, este trámite llevaría no menos de dos años; o sea que se estaría hablando de 2021/2022. A esto hay que sumar los plazos de convergencia hacia el arancel cero, que van de 4 a 10 años para una docena de sectores del Mercosur y a 15 en automóviles. Desde el otro lado del Atlántico, el gobierno francés ya adelantó no estar preparado para ratificarlo, ante la presión de sus subvencionados productores agrícolas.

Como contracara, el gobierno de Macri presentó el acuerdo -en el documento de 15 páginas que entregó a medio centenar de cámaras empresarias-, como "un hito trascendental en la inserción internacional de la Argentina: promoverá la llegada de inversiones, aumentarán las exportaciones de las economías regionales, consolidará la participación de nuestras empresas en cadenas globales de valor, acelerará el proceso de transferencia tecnológica y aumentará la competitividad de la economía". En otras palabras, el oficialismo y el kirchnerismo ven dos finales diametralmente opuestos para la misma película. La grieta política nunca tarda en aparecer; y mucho menos en plena campaña electoral.

En los papeles, el "acuerdo estratégico" entre el Mercosur y la UE significa todo un desafío para el futuro de la anquilosada economía argentina. Crea un mercado de casi 800 millones de consumidores (de los cuales 500 millones son europeos) y, a medida que comiencen a regir las desgravaciones arancelarias recíprocas -inmediatas o progresivas-, se igualará el acceso de los productos del Mercosur con el de países competidores que hace años suscribieron acuerdos preferenciales con la UE. Además de estas condiciones, garantizará la estabilidad de las reglas comerciales para evitar el riesgo de medidas discriminatorias, en tanto que la reposición del sistema europeo de preferencias arancelarias, del que la Argentina fue excluido en 2003, permitirá recuperar exportaciones por US$600 millones (en manufacturas agropecuarias y productos primarios). Para más datos, la UE representa el 20% de la economía mundial, supera el 30% de las inversiones globales y, con 2 billones de euros, importa el 17% del total de bienes y servicios comercializados en el mundo.

Claro que, para aprovechar la ventana de oportunidad que brinda un mercado ampliado, las empresas argentinas deberán estar dispuestas y en condiciones de competir. No sólo con la industria y los servicios europeos, sino con Brasil, el principal socio del Mercosur. Durante 30 años este bloque se integró "hacia adentro", al quedar autoprotegido con altos aranceles externos frente a terceros países, como recuerda el especialista Marcelo Elizondo, investigador del ITBA y titular de la consultora DNI.

Por su lado, el economista Carlos Leyba advierte que la reducción a cero del arancel de 3,5% que la UE aplicará al 92% de las exportaciones de bienes del Mercosur no moverá el amperímetro de las ventas externas argentinas, al considerarla escasa frente a la desgravación del 91% de las exportaciones europeas, cuyo arancel promedio alcanza a 12% (con extremos de hasta 35%) y significará un incentivo proporcionalmente muy superior. Sobre todo, teniendo en cuenta que la UE es mucho más productiva y competitiva que la Argentina, adonde ya exporta 86% de productos industriales.

Aquí es donde aparecen los problemas de competitividad que arrastra la Argentina. Leyba sostiene en un trabajo que el problema está adentro, no en las barreras de afuera. "Venimos hace 12 años con un PBI por habitante que crece migajas y una economía estancada, sin inversiones, como consecuencia de la ausencia de un programa de desarrollo", dice. Como ejemplos cita que la producción pagó 35% de impuesto a las ganancias y, si bien este año tendrá una rebaja, algunas empresas llegan a pagar una tasa real del 50% o más sobre las verdaderas ganancias al no aplicarse el ajuste por la (elevadísima) inflación. En cambio, la UE no tiene inflación, la indexación es redundante, las tasas de Ganancias no llegan a 30% y algunos países, como Polonia y el Reino Unido, pagan 19%. El crédito doméstico, cuando existe, es a corto plazo y a una tasa real de interés que supera 20% anual, mientras en la UE apenas toca el 2% real. "Todos los gobiernos, salvo breves interrupciones -agrega- han atrasado el tipo de cambio frente a la inflación; y ahora, además, han impuesto retenciones a las exportaciones industriales. ¿Cómo exportar industria en esas condiciones? No hay ninguna ley de promoción fiscal y/o financiera para la inversión reproductiva, no existe financiamiento blando a largo plazo y el total del crédito al sector privado no pasa de 14% del PBI. Ni hablemos de la infraestructura básica para competir (transporte, ferrocarriles, educación y entrenamiento). A pesar de la crítica al acuerdo, da vergüenza ajena escuchar a Alberto Fernández o a Axel Kicillof hablar en contra de que se firme lo que ellos promovieron o dejaron correr, que es lo mismo", afirma, aunque tampoco ahorra cuestionamientos a Macri por creer que las soluciones vienen desde el exterior.

Desde otro ángulo, el consultor Gustavo Segré opina que, en materia macroeconómica, Brasil está varios pasos adelante de la Argentina. Entre ellos, menciona la baja inflación, inferior a 4% anual, la amplia disponibilidad de crédito a empresas (a tasas de 15% anual), la inexistencia de retenciones y la no exportación de impuestos. También destaca que el dólar a 3,97 reales se ubica hoy al mismo valor nominal de octubre de 2002 y Brasil exporta cuatro veces más que hace 17 años, porque el tipo de cambio no es la única variable del comercio exterior. Y que la poderosa industria paulista ya considera a la apertura con la UE como un camino irreversible.

Muchos de estos problemas y reformas pendientes (impositiva, fiscal, laboral), suelen ser encubiertos por el debate ideológico -y de intereses- entre proteccionismo y apertura económica, que lleva décadas sin antecedentes rescatables en ambos extremos. Las políticas de "vivir con lo nuestro", con estímulos al consumo y protección frente a la competencia externa, no impidieron recurrentes crisis de balanza de pagos. Y los bruscos procesos aperturistas combinados con dólar bajo (Martínez de Hoz, Cavallo), no sólo hundieron a muchas empresas sino que desembocaron en maxidevaluaciones que dejaron un tendal de pobres.

Este debate es sólo para la "tribuna" si no incluye propuestas consistentes sobre cómo resolver los crónicos problemas de competitividad y productividad de la economía. Sus protagonistas suelen ser voceros de sectores protegidos que reclaman una "inserción inteligente" en el mundo, como eufemismo de dejar todo como está durante décadas. O defienden el mercado interno, sin aclarar que los aranceles son un impuesto a los consumidores. También quienes presionan por una apertura irrestricta, sin correspondencia con inversiones y creación de empleos. O usufructúan beneficios fiscales a medida y a expensas de otros sectores. Unos y otros buscan ser influencers de los votantes, que en octubre definirán el rumbo económico para los próximos años.

nestorscibona@gmail.com

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