La única coincidencia es el tabú del ajuste

Una queja sindical, dicha al pasar, compendió anteayer una trampa económica que la Argentina arrastra desde hace décadas. La deslizó Gerardo Martínez , líder de la Unión Obrera de la Construcción ( Uocra ), durante un encuentro con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. "Siempre les toca asumir el ajuste a los trabajadores", dijo el sindicalista, que había ido a ver al funcionario con un desvelo que fue creciendo con la última corrida: cuáles son los alcances que tendrá en los puestos de trabajo la reducción de 30.000 millones de pesos que la Casa Rosada anunció durante esta crisis para disipar la desconfianza de los inversores.

Frigerio le contestó lo que el Gobierno ya había admitido públicamente: continuarán las obras que están en marcha y se congelarán las nuevas. Dos días antes, con el dólar todavía sin techo y el Gobierno intentando frenarlo, Martínez le había consultado algo parecido a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción. "No sé ni siquiera si me van a pagar los certificados", le contestó el empresario, y esa incertidumbre conjunta convenció a ambos de planteárselo a Frigerio.

En el encuentro estuvieron todos de acuerdo. Es la actividad y, como consecuencia, los asalariados, la que finalmente termina pagando las consecuencias cuando la realidad se impone. La coincidencia revela una incapacidad sistémica asumida por todos: la Argentina no quiere, no sabe o no puede adecuar su gasto público a sus reales posibilidades, y esa deficiencia la expone cada cuatro o cinco años ante una misma triple encrucijada, que es devaluar, emitir moneda o endeudarse. En su momento, en 2008, luego de un período de bonanza que incluyó los términos de intercambio más favorables en 40 años hasta entonces, Néstor Kirchner intentó resolverlo con la resolución 125, que subía las retenciones a la exportación agropecuaria. La iniciativa fracasó con el no de Julio Cobos, y apareció entonces un año después Amado Boudou con una idea que, a la luz del apuro y el discurso kichnerista, pareció mágica: estatizar el sistema de pensiones y quedarse con los aportes de los asalariados a las AFJP. Con el flujo y con el stock.

Otra vez ante el dilema, después de la corrida, Mauricio Macri ha decidido ahora recurrir al Fondo Monetario Internacional. Con él deberá convivir mientras asume en la economía real los efectos de la última tormenta. Más inflación y menor crecimiento, anticipó esta semana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne . Los primeros indicios del nuevo escenario empezaron a discurse el martes en la Unión Industrial Argentina, que venía ya advirtiendo, antes de la crisis, que habría menor crecimiento en el segundo semestre. Algunos quedarán más explícitos en las próximas semanas, durante la confección de los programas de participación público privada (PPP) para la construcción de seis corredores viales, cuyos primeras ofertas se conocieron ayer. Los postulantes -Techint, Roggio, Cartellone y Eduardo Eurnekian, entre otros- sospechan que deberán doblegar los esfuerzos para que los bancos les otorguen financiamiento a estas tasas de interés. Los pliegos obligan a cada compañía a depositar una garantía de 15 millones de dólares que quedará en el Estado si la obra no se hace, y facultan a todas a recuperar la inversión en 25% mediante peajes y en 75% a través de un fondo fiduciario que se nutre del impuesto al gasoil. A último momento, por pedido de los empresarios, se incluyó una cláusula que ahora resulta gravitante: el Estado también se hará cargo del adicional de tasa de interés que provoque la suba del riesgo país. "¡Brutal éxito! El resultado de que haya competencia. Como en el PAMI", celebraron ayer en la Casa Rosada, al ver que se habían presentado 32 ofertas válidas por 8058 millones de dólares.

La letra chica no es tan optimista, porque dependerá de la credibilidad que vaya recuperando el programa económico, a cuyo éxito Macri quiso anteayer asociar a la oposición. ¿Aceptará el PJ la convocatoria a un pacto nacional? La discusión por el presupuesto del año próximo será un primer test. En la reunión con los referentes de la construcción, Frigerio dijo estar confiado en que ese debate parlamentario especifique las áreas en que debería hacerse el recorte de 2019. ¿Volverá a ser en la obra pública? ¿Será en el gasto social, el empleo público, las prensiones por invalidez? El Presidente parece dispuesto a asumir el costo. Lo planteó anteayer de manera explícita: la Argentina. dijo, debe acelerar la baja del déficit fiscal que arrastra desde hace más de 70 años, y ese desafío depende en buena medida de la respuesta que tenga de todos los sectores.

El problema de siempre: quién hace el ajuste. ¿Qué ha cambiado para que la respuesta sea otra? Hace una semana, unos días antes de que Macri diera a conocer su intención de volver a financiarse con el FMI, Ernesto Tenembaum observó en su programa en Radio con Vos que tanto el Gobierno como la oposición solían ser implacables, y en general veraces, cada vez que se criticaban mutuamente, pero que en cambio ni uno ni otra eran capaces de ponerse de acuerdo en una salida para crisis. El periodista citó entonces un momento de la historia, 2002, en que había visto cumplirse ese propósito, y se preguntó qué motivos podrían impedirlo ahora.

Macri vuelve ahora sobre la misma utopía. En un escenario que tiene, con todo, dos diferencias sustanciales con el de entonces. La primera es que Duhalde venía de una crisis visible, con muertos en protestas, restricción de depósitos, caída del consumo e insolvencia en los bancos que le permitió hacer una devaluación drástica. Una decisión que espanta a cualquier líder político y que bajó en 38% el salario real de todos los argentinos. La segunda es que, seis meses después, las muertes de Kosteki y Santillán lo convencieron de no presentarse en la elección siguiente.

Ajustan quienes pueden disimularlo o atribuirlo a otros; acuerdan los que renuncian a quedarse. Esta enemistad entre racionalidad y ejercicio del poder termina siempre del mismo modo: casi ningún problema se resuelve.

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