El ajuste a los jubilados ya hecho por el Gobierno de Alberto Fernández

Si el gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner no hubiera promovido ningún cambio en la política previsional, hoy la jubilación mínima del sistema que gestiona la Anses sería de $29.722, y el ingreso máximo, de $217.748. En la vida real, fuera de esa hipótesis, los ingresos son de $29.062 y $195.557, respectivamente. Es decir, de $660 y $22.191 mensuales menos, en cada caso. Con los ingresos de nivel intermedio se dio el mismo efecto; cuanto más elevado el haber mensual, mayor la diferencia.

La explicación a esas brechas está en las decisiones que siguieron a la suspensión de la fórmula de movilidad que había sido votada por el Congreso, en medio de fuertes protestas sociales, en diciembre de 2017. Dos años después, una ley dejó fuera de juego ese mecanismo de reajustes periódicos (en principio se dispuso la suspensión por un semestre y luego se prorrogó por decreto para todo 2020, mientras que en 2021 comenzó a regir otra fórmula), le otorgó al Presidente facultades para establecer subas por decreto y de manera discrecional, es decir, sin utilizar criterios predeterminados.

¿El resultado? Por las medidas que tomó el Poder Ejecutivo hubo subas que, en todo 2020, acumularon entre un 24,3% (haber máximo) y un 35,3% (haber mínimo). Con la fórmula que se había suspendido, todos los jubilados y pensionados hubieran recibido un incremento de 42,1%. El 2020 fue, así, un año de fuerte ajuste para los bolsillos, no solo porque las recomposiciones quedaron por debajo de la inflación, sino también porque se les negó a los jubilados la aplicación de una fórmula basada en la inflación pasada, que había provocado caídas del poder adquisitivo en 2018 y 2019, y que justo en 2020 iba a permitir una recuperación.

Ese ajuste, que tiene sus consecuencias en los haberes actuales, se concretó en 2020, el año que el presidente Fernández mencionó insólitamente, en su discurso para anunciar el entendimiento con el FMI, como el de “la recuperación de los derechos” de los jubilados. Cuando menos, una muy extraña apreciación, porque los números están a la vista y desmienten cualquier valoración positiva de lo ocurrido ese año que, además, quedó marcado por otra característica: pandemia y cuarentena mediante, se les otorgó el alta jubilatoria a muchas menos personas en comparación con los períodos previos. Concretamente, se habilitaron alrededor de 120.000 nuevos beneficios contributivos, cuando el promedio de los tres años previos había sido de algo más de 248.000.

Tanto en 2020 como en 2021 hubo cantidades decrecientes de beneficios puestos al pago en el sistema contributivo de la Anses, según se desprende de los datos oficiales publicados por la Secretaría de Seguridad Social. Esa es otra de las caras del ajuste al gasto previsional.

Solo en 2020, año para el cual el Ieral estimó un ahorro fiscal en materia previsional de $100.000 millones, un jubilado de la mínima dejó de cobrar, por la suspensión de la fórmula, $7583; alguien que percibía al inicio de 2020 un ingreso de $50.000 dejó de ver en su bolsillo una suma de $81.844, y quien cobraba la máxima tuvo una disminución de $191.514, siempre comparando lo cobrado por los doce haberes mensuales y el aguinaldo con lo que se hubiera percibido según la fórmula anterior.

Es cierto que muchos recibieron bonos que, cada tanta cantidad de meses, fueron completando los ingresos habituales. Pero esos pagos implican sumas que no se incorporan a los haberes (si bien mejoran, claro, la capacidad de compra cuando se los recibe), no alcanzan a todos los jubilados, y están basados en decisiones discrecionales, que pueden tomarse independientemente de cuál sea la política de movilidad.

El año de “la recuperación de los derechos”, 2020, cerró con una jubilación mínima de $19.035 y una máxima de $128.089, mientras que las cifras hubieran sido de $19.980 y $146.386, respectivamente, sin la suspensión de la fórmula. La diferencia en los porcentajes de aumentos que hubo en función del nivel de ingresos responde a que en el reajuste de marzo de 2020 se apeló a una proclamada meta de achatar la pirámide, otorgando un porcentaje mayor cuanto menor fuera el haber mensual. Eso se logró dando una suba que combinó un porcentaje con un monto fijo. La estrategia fue abandonada rápidamente tras no pocos cuestionamientos. Se entiende que quienes cobran más, aportaron más, y la Constitución Nacional incluye para todos los jubilados una garantía de movilidad que, según los expertos en la materia, debería procurar que lo percibido no pierda su valor real con el paso del tiempo.

El efecto del ajuste no queda congelado en el tiempo, sino que tiene su correlato en los haberes pagados posteriormente, porque las subas definidas por la nueva fórmula de movilidad comenzaron a aplicarse tomando como punto de partida esos ingresos más bajos. Es un tema que está en discusión en la Justicia, y ya hay fallos del interior del país que declararon que, si bien la suspensión de la fórmula resulta aceptable, no lo son sus consecuencias a futuro (en función de ese criterio, hubo sentencias que ordenaron recalcular las alzas de 2021 luego de una corrección de la base inicial).

En cuanto al gasto total dedicado por el Estado nacional al rubro previsional, en 2021 hubo una caída de 5,3% en términos reales (descontada la inflación) y, medida como porcentaje del PBI, la suma fue la menor desde 2015, según un análisis elaborado por la consultora EconViews. El efecto más pronunciado de esa caída de las erogaciones, que tiene que ver con pérdidas de poder adquisitivo durante el año y con el número de jubilados, se dio durante el primer semestre del año pasado.

Sobre el final de 2020 el Congreso aprobó la ley 27.609, que establece una fórmula de movilidad con ajustes trimestrales, basada en la evolución de la recaudación impositiva y en la variación de los salarios. En 2021, primer año de vigencia, el cálculo arrojó, de punta a punta, 52,67%, un índice algo superior a la inflación, de 50,9%. Como muestran los números del primer párrafo, eso no alcanzó para compensar, en los haberes mensuales y más allá de las pérdidas ya ocurridas, los efectos de las decisiones de 2020; es decir, del ajuste que muestran los números y que el Gobierno niega hasta el día de hoy.

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