El 58% de los juicios por accidentes laborales se concentran en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires (PBA) y la Capital Federal (CABA) son los distritos más litigiosos del país en materia de juicios por accidentes de trabajo, de acuerdo con los estudios de impacto judicial que realiza la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Entre enero y octubre de este año se presentaron en todo el país 105.960 demandas de este tipo, de las cuales, 42.550 fueron en PBA y 19.206, en CABA. En tercer lugar, se ubica Santa Fe, con 13.968, un 23% más que en el año precedente.

En el caso de CABA, casi el 60% de los juicios laborales ingresados en 2023 fue por riesgos del trabajo, realidad que se profundizó en 2024.

Por su parte, PBA no solo superó su pico histórico de 2017 (que ascendió a 32.656 juicios), sino que, además, concentra el 40% de los juicios del país, con el 33% de los trabajadores. Es decir, que tiene 7 puntos porcentuales adicionales a su proporción de trabajadores, según los datos de la UART.

“Estos distritos son tan litigiosos, en parte porque concentran gran actividad económica y de trabajadores, pero además porque continúan con descalabro de pericias en sede judicial, todo agravado por los intereses o actualizaciones”, señala el informe de la entidad empresarial.

“¿Cómo opera el descalabro pericial? Por ejemplo, un trabajador recuperado al 100% de un esguince cuya evaluación de incapacidad en instancias previas es de 0 puede presentar una demanda en la Justicia y, en esa instancia, obtener una pericia con incapacidad, que promedia el 12%. En 2023, el 88% de los juicios ingresados fueron sin incapacidad en la instancia previa. Es decir, la casi totalidad de quienes acuden a juicios son casos sin incapacidad que yendo a la justicia obtienen un porcentaje pericial”, ejemplifica.

Esto podría resolverse, según la entidad, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación en CABA y la Suprema Corte de Buenos Aires en PBA cumplieran con lo previsto en la Ley 27.348 respecto de la creación de los Cuerpos Médicos Forenses. “Inexplicablemente, tras casi 8 años, no se ordenó la tarea de los peritos judiciales como estipuló la Ley 27.348, al exigir la creación de Cuerpos Médicos Forenses, cuyos profesionales sean elegidos por concurso, con sueldo u honorarios por acto médico y no a porcentaje del resultado del juicio; y que procedan a peritar los daños, conforme la parametrización del Baremo. Y hoy, continúan funcionando por simple anotación en un listado, asignados por sorteo a las causas y cobrando honorarios a porcentaje del resultado de un juicio cuyo daño ellos mismos merituan. A más daño, más honorario”, agrega.

La Ley de Reforma del Sistema de Riesgos del Trabajo, sancionada en 2017, pretendió resolver la excesiva litigiosidad que se registraba. Ese año se coronó con el máximo de 130.679 demandas, que comenzó a descender rápidamente en los dos años subsiguientes hasta alcanzar los 67.000. Luego vino la pandemia, con los tribunales cerrados, pero en 2021 se retomó una suba incesante que volverá a tocar un máximo semejante para finales de este año.

Como ejemplo de la eficacia que tendrían los CMF, la UART cita dos casos. Por un lado, si bien Salta y Jujuy tienen economías equivalentes, casi calcadas, en Salta los peritos forenses son empleados del Poder Judicial, mientras que en Jujuy cobran a porcentaje del resultado del juicio. Entonces Jujuy tiene 50 veces más juicios que Salta. Lo mismo se verifica entre Río Negro y sus vecinas Neuquén y Chubut. Río Negro tiene entre un tercio y un cuarto de las demandas respecto de las otras dos provincias.

Como indicador adicional de la preocupación que está generando la temática de los juicios por riesgos laborales, citaron el abordaje del tema en tres congresos diferentes realizados la tercera semana de noviembre por la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También fue planteado, en dicha semana, por los referentes del G6, el grupo que reúne a las principales cámaras empresariales, más los representantes de CAME, en la reunión del Comité Consultivo Permanente, presidido por Julio Cordero, secretario de Trabajo.

“Lamentablemente, los máximos tribunales de Provincia y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacen caso omiso de la obligación claramente prevista en la Ley 27.348. Y esta demora no es inocua, promueve el crecimiento de la litigiosidad, beneficiando a unos pocos respecto del conjunto y a intermediarios. Desfinanciando el sistema y privándolo de recursos y conspirando contra la creación de nuevos puestos de trabajo. Desde la UART realizamos un enfático llamado a corregir esta enorme y tan costosa distorsión, a fin de proteger a un sistema que cubre a más de 10 millones personas y más de un millón de empleadores. Y que, gracias a la prevención y reversión de índices de siniestralidad, logró evitar 18.000 fallecimientos, 4 millones de accidentes en el ámbito del trabajo y redujo en un 40% la gravedad de los mismos, lo que torna más incomprensible la indiferencia de las autoridades judiciales ante esta situación”, concluyó la entidad.

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