Economía: los proyectos de ley postergados por las elecciones

Debido a la campaña electoral y a la falta de acuerdo entre los distintos bloques legislativos, los diputados y senadores nacionales dejaron para después de las elecciones una serie de proyectos de ley para ser tratados. Algunos tienen más urgencia y lograron algún tipo de avance en el trámite legislativo en los últimos meses, pero otros quedaron supeditados a lo que pase hoy y al visto bueno del nuevo gobierno (haya cambio o continuidad). ¿Qué proyectos de ley en materia económica forman parte de la agenda legislativa post elecciones? ¿Qué chances concretas tienen de convertirse en ley?

Entre los temas más urgentes, los diputados que integran el Frente de Todos buscarán aprobar antes del recambio del 10 de diciembre la Ley de Góndolas, reclamada por Alberto Fernández en el marco de la presentación de su plan "Argentina contra el hambre", y la Ley de Alquileres, que busca dar una solución a uno de los sectores más afectados por la crisis económica. Ya con la nueva conformación y en sesiones extraordinarias, el Congreso deberá abocarse a tratar, nada más y nada menos, que el Presupuesto Nacional 2020 y el reperfilamiento de los vencimientos programados para el próximo año de la deuda pública local. Más pronto que tarde, y antes de perder poder en la fijación de la agenda ante un eventual aterrizaje de los Fernández en la Rosada (si se repitiera hoy el resultado de las PASO), Cambiemos impulsará el tratamiento de su "agenda de desarrollo productivo", que incluye la promoción del empleo joven, beneficios para las pymes y el fomento de las inversiones.

Hay que tener en cuenta que con el recambio legislativo se caen todos los dictámenes y los proyectos vuelven a foja cero. Los diputados tienen tiempo para dictaminar hasta el 20 de noviembre, mientras que los senadores hasta fines de ese mes; y, para que los dictámenes no se caigan, necesitan pasar el filtro del recinto antes de que finalice el período ordinario de sesiones. Por eso, si bien hay algunas iniciativas que tal vez logren algún tipo de avance, si no cuentan con acuerdo político como para obtener la media sanción de una de las cámaras, quedarán pendientes para el próximo Congreso.

Así, los principales referentes de los distintos bloques de la Cámara de Diputados negocian por estos días realizar una sesión a fines de noviembre o principios de diciembre -antes de que se concrete el recambio legislativo- para tratar la Ley de Góndolas y de Alquileres. Mayor peso tendría esta agenda si Alberto Fernández gana hoy y evita el ballottage, dado que estos son temas prioritarios en los planes que tiene para el Congreso.

En mayo, en medio de anuncios contra la inflación, la diputada oficialista Elisa Carrió impulsó el debate de la Ley de Góndolas -generando un cortocircuito en el interior de Cambiemos-, que terminó colándose en la agenda de la Cámara Baja luego de que casi en simultáneo presentara su propia propuesta el líder de la CTEP, Juan Grabois, con el dueño de Maxiconsumo, Víctor Fera.

A esa altura, el debate ya estaba instalado y la diputada massista Marcela Passo, presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y la Competencia, tomó rápidamente el guante, por tratarse de un tema que el espacio de Sergio Massa venía impulsado desde sus orígenes.

De los proyectos vigentes surgió un dictamen de mayoría consensuado entre el Justicialismo, el massismo, el Movimiento Evita, el Frente para la Victoria (FPV-PJ) y monobloques, que tomó como base una propuesta luego modificada de Juan Cabandié, diputado del FPV-PJ. Establece que "la exhibición de un producto no podrá superar el 30% del espacio disponible que comparte con productos de similares características y diferente marca", y estipula que deberá garantizarse un 25% de la góndola para la exhibición de productos producidos por pymes, que además estarán ubicados prioritariamente en las denominadas "islas" y en los espacios contiguos a las cajas.

El dictamen de minoría, que acompañó el oficialismo, por su parte, no fija un porcentaje de góndola sino que solo determina que se debe asegurar la concurrencia de, al menos, tres proveedores diferentes en la misma categoría de productos y fija un ordenamiento vertical y continuo de los mismos, procurando la visibilidad y accesibilidad del consumidor.

Con la firma de los dictámenes, el tema quedó en condiciones de ser tratado en el recinto y, además de contar con un pedido de preferencia aprobado para que sea tratado en la próxima sesión ordinaria, tendría acuerdo político para avanzar. Así lo confirmó a este medio Daniel Arroyo, diputado de Red por Argentina y uno de los mencionados como candidato a ocupar el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación si Alberto Fernández se impone en las elecciones: "No hay disidencias significativas entre los distintos bloques. Hay un acuerdo general. Este es de esos proyectos que en el tablero de votación terminan aprobados por unanimidad", aseguró, y explicó que las dudas pendientes de resolución –como el control del porcentaje de góndola– deberán saldarse en la reglamentación con "el diseño de un esquema razonable y lógico que contemple la especificidad de cada rubro y las características de los productos para que haya diversidad en las góndolas y que se garantice un lugar a los productores locales".

Por su parte, desde 2016 que la Ley de Alquileres intenta avanzar en una y otra cámara pero no logra la sanción definitiva. Al día de hoy hay tres proyectos en debate en la comisión de Legislación General de Diputados que esperan lograr la firma del dictamen en las próximas semanas. Uno lo impulsa el presidente de esa comisión, Daniel Lipovetzky (Cambiemos), que resume el trabajo realizado desde comienzos de año por el secretario de Vivienda, Iván Kerr, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. A ese texto se suman los que llevan las firmas de uno de los hombre de mayor confianza de Alberto Fernández, Felipe Solá (Red por Argentina), y del jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi (FPV-PJ).

"El trabajo que venimos haciendo de búsqueda de consenso tanto entre los legisladores como entre los inquilinos y las inmobiliarias viene dando sus frutos. Hoy son muy pocas las diferencias y estamos dispuestos a revisarlas en pos de llegar a un acuerdo. Hay un compromiso para tratar el tema en el recinto antes del recambio legislativo", adelantó a la nacion Lipovetzky. Las tres iniciativas proponen subir a tres años el plazo mínimo legal de un contrato de alquiler de vivienda (actualmente, el mínimo es de dos años). También coinciden en definir actualizaciones del contrato a partir de un indicador compuesto en partes iguales por el IPC del Indec y el índice de remuneraciones Ripte, que el Banco Central deberá informar mensualmente.

En cuanto a la garantía, todos indican que el locatario deberá aceptar garantía inmobiliaria, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo). El texto del oficialismo dispone que el locatario deberá acercar al locador al menos dos opciones. Los textos coinciden en limitar los gastos de ingreso al inmueble, al definir que no se podrá pedir al inquilino más de un mes de adelanto ni más de un mes de depósito. Tampoco se le podrá exigir que firme un pagaré. Las reparaciones del inmueble (por daños que no sean atribuibles al locador) y el pago de impuestos inmobiliarios y expensas extraordinarias estarán a cargo del propietario. Los tres proponen mecanismos para renovar el contrato de alquiler y penalidades por la resolución anticipada.

Las principales diferencias están en que el proyecto del Gobierno autoriza a definir incrementos semestrales, mientras que los textos de Rossi y Solá permiten un aumento por año. La actualización por precios y salarios regirá en los contratos de hasta 1000 UVA mensuales ($42.200 actuales), según la propuesta oficial. El proyecto de Rossi duplica ese tope hasta el equivalente a 2000 UVA. Para estos dos puntos, en el dictamen se impondrían las propuestas de los diputados del Frente de Todos.

Además, respecto de la principal preocupación de las inmobiliarias, los tres proyectos prohíben que se le cobre comisión al inquilino, aunque el texto del Gobierno permite hacerlo si hay expresa aceptación de todas las partes. La propuesta de consenso sería avanzar en una delegación a las provincias bajo el argumento de que todo lo que tiene que ver con la regulación de los honorarios profesionales es competencia provincial antes que nacional.

"El candidato que gane la Presidencia va a pedirle al Congreso que trate los temas más urgentes, pero, cualquiera sea el ganador, hay una serie de leyes económicas que deben tomarse para salir de la situación crítica que vivimos rápidamente y para lo cual hace falta generar confianza. Los más urgentes son el Presupuesto y la Ley de Reperfilamiento de la Deuda", aseguró el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos). Mientras que, desde la vereda de enfrente, la economista y diputada Fernanda Vallejos (FPV-PJ) le dijo a este diario que "el tratamiento del proyecto del Presupuesto 2020 está en pañales" y agregó que "solo podrá darse un debate serio con la nueva composición parlamentaria y éste deberá contemplar la mirada y perspectiva del nuevo presidente electo".

El proyecto que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, presentó en la Cámara Baja el 16 de septiembre –que hasta el momento no tuvo ningún tipo de tratamiento– estipula para 2020 un crecimiento del 1% del PBI, liderado por un aumento del 7% en las exportaciones. En el caso de las importaciones, el incremento será del 1,3%. Además, prevé una recuperación del consumo privado, con una suba del 1,4%. En cuanto a la inflación, proyecta una desaceleración hasta 34,2% interanual en diciembre y estima un dólar promedio de $67,11 para 2020. No obstante, Vallejos consideró estas estimaciones "poco creíbles" y dijo: "La brecha entre las estimaciones oficiales de todos los presupuestos pasados que realizó Cambiemos y lo que terminó sucediendo en la realidad es enorme y le resta credibilidad al proyecto. Por eso, habrá que revisarlo con mucha seriedad", señaló, y agregó: "Desconocemos a ciencia cierta cuál es el cuadro de situación que va a dejar Cambiemos al finalizar su mandato y esto es importante porque es el punto de partida a partir del cual se pueden establecer las pautas presupuestarias para el año que viene".

En tanto, el diputado Arroyo especificó: "Si bien el Presupuesto es una política integral, lo único que está establecido con claridad es que, como sancionamos recientemente la Ley de Emergencia Alimentaria, a partir de 2020, las partidas presupuestarias destinadas a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición se van a actualizar trimestralmente tomando como referencia la variación de precios de los alimentos". Se descuenta entonces que la discusión empiece en diciembre y continúe en el marco de sesiones extraordinarias.

Además, luego de marchas y contramarchas, el actual gobierno envió a fines de septiembre a Diputados el proyecto de ley que sienta las bases para el reperfilamiento de la deuda pública bajo legislación local, que suma unos US$32.000 millones, con la idea de analizarlo en paralelo a la Ley de Leyes. El texto no incluye una propuesta de reestructuración de estos títulos bajo ley argentina de mediano y largo plazo, sino que sienta las bases para que posteriormente el Ejecutivo convoque a los acreedores y comience a negociar la oferta. El principal artículo del texto incorpora a estos bonos la Cláusula de Acción Colectiva que sí tienen los de legislación extranjera y que establece que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie. De esta manera, se busca evitar que surjan los famosos holdouts, explicaron en Hacienda.

Sin embargo, los planes de Cambiemos no parecen ser los mismos que los de los diputados del Frente de Todos. "Desde luego que el tema de la deuda es muy preocupante para nosotros, pero así como está, el texto es muy amplio, deja muchas cuestiones abiertas y no son pocos los interrogantes que plantea. Avanzar en este tema requerirá un análisis muy profundo y también contemplar la mirada del próximo gobierno, dado que será él quien tendrá la responsabilidad de llevar a buen puerto el tema", afirmó Vallejos.

Las "Leyes del Cambio" son los proyectos de Ley Pyme 2.0, la Ley de Promoción del Empleo y la Ley de Promoción de Inversiones, que Mauricio Macri impulsó en su caravana del "Sí se puede" como un paquete de medidas que apunta a combatir la crisis y que contempla iniciativas para dar alivio fiscal a las pymes, promover el trabajo registrado y el primer empleo, y fomentar las inversiones. Los textos que fueron presentado en la Cámara de Diputados hace solo cinco días, llevan la firma de más de una decena de diputados del oficialismo. Antes de presentarlos, se buscó el consenso y se recibió las opiniones y aportes de la UIA, la CAME y la CAC, entre otras cámaras, pero no fueron puestos en consulta con los diputados de la actual oposición. "Estos son proyectos que son muy buenos para la Argentina independiente de quien gane las elecciones. Habrá que discutir cuál es el impacto fiscal que tiene cada uno y tratarlos, si se puede, en conjunto con el Presupuesto. Todo esto debería generar una agenda muy intensa en términos productivos de acá a fin de año", aseguró Pinedo.

El proyecto referido a las pymes, que representan el 99,6% de las empresas argentinas, propone la reducción del 35% al 22% del impuesto a las Ganancias para las micro empresas, además de establecer alícuotas escalonadas de este tributo a medida que van creciendo de tamaño. Además, se prevé la creación de una "Cuenta Única Tributaria" que le permitirá a las empresas pagarle a la AFIP con las deudas que el ente regulador tiene con ellas y compensar impuestos (como el IVA), saldos aduaneros (como los reintegros a las exportaciones) y las cargas sociales para reducir a la mitad los impuestos de los monotributistas que pasan al régimen general, junto a la simplificación de trámites y pagos unificados. En tanto, las inversiones que califiquen como Industria 4.0, podrán tomar a cuenta como pago de Ganancias el 10% del monto invertido.

La iniciativa para hacer realidad la promesa de Macri de la "lluvia de inversiones" propone aumentar un 4% el retorno de la inversión y favorecer nuevos ingresos por más de US$35.000 millones, lo que fomentaría "la creación de 576.000 nuevos empleos para 2027 y el 1% de crecimiento adicional del PBI anual hasta ese mismo año", asegura el texto. Además, contempla la deducción de impuestos y depreciación acelerada para todas las inversiones mayores a US$10 millones; la estabilidad fiscal y jurídica; un bono fiscal con descuento del pago de impuestos nacionales (IVA o Ganancias); la extensión ilimitada del plazo para el uso de los quebrantos fiscales; y la aceleración por cinco del monto a amortizar.

El tercer proyecto, que tiene como objetivo fomentar la creación de empleo formal, estima la eliminación de las contribuciones patronales a los nuevos empleos creados durante 2020 y reducir la carga a la mitad en 2021. Solo se aplicará a las empresas que aumenten su plantilla de empleados. Además, se pretende bonificar completamente las contribuciones patronales durante el primer año, y el 75% durante el segundo, a quien contrate a jóvenes de entre 17 y 24 años sin experiencia o con menos de 12 meses de experiencia formal. También indica que quienes sean contratados a partir de la entrada de vigencia de esta ley y se encuentren siendo beneficiarios de algún plan social, continuarán percibiendo estas prestaciones durante dos años desde el inicio de la relación laboral.

Hay otras leyes que tendrían menos posibilidades de avanzar: la de kioscos saludables, que busca regular los entornos escolares para garantizar una oferta saludable o incluso prohibir los alimentos altos en azúcar, grasa y sodio, y las bebidas azucaradas; y la que regula los Acuerdos Comerciales Internacionales, con la mira puesta en el de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur. También asoman la de Talles, Envases, Semillas y la reforma integral de la Ley de Defensa del Consumidor. Habrá que ver con el diario del lunes, cuáles de todas estas iniciativas logran ser sancionadas.

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