Echar leña a la inflación y quejarse por el fuego

Falta un año para las elecciones presidenciales y la inflación de tres dígitos –récord en más de 30 años– hace que el trayecto hasta entonces parezca tan tortuoso como interminable. Como el que, individualmente, debe recorrer la mayoría de argentinos con ingresos medios hacia abajo para tratar de llegar al fin de cada mes.

La inflación a la altura de 100% anual hace trizas el relato K. Sólo los más fanáticos pueden creer que el Gobierno es víctima y no victimario de este drama. O en supuestas conspiraciones de “formadores” de precios, cuando el propio Estado los ha deformado con leyes y decretos de emergencia para subir impuestos; emisión descomunal de pesos; congelamientos por tiempo indefinido; subsidios a granel; cepos, restricciones al pago de importaciones y múltiples tipos de cambio.

De ahí que también se ubiquen en torno de 100% la brecha con el atrasado dólar oficial y los ajustes salariales –fraccionados- en las paritarias de los gremios más poderosos. Todo con Cristina Kirchner en el rol de oposición al gobierno armado por ella misma hace tres años, que distorsiona cualquier señal económica salvo evitar una explosión en 2023 por escasez de reservas del BCRA en un contexto internacional poco favorable.

Ahora la táctica del kirchnerismo se basa en escandalizarse públicamente por los efectos de los problemas que provocó. Es como echarle leña a la inflación y quejarse por la propagación del fuego.

Una muestra es el tuit de CFK que rechaza el ajuste en las cuotas de la medicina prepaga para diciembre (13,8%). No dice que surge de la fórmula fijada por el Gobierno para recuperar el atraso provocado por el cuasi- congelamiento durante la cuarentena de 2020 y atender el reclamo salarial (superior a 100% anual) del gremio de Sanidad, aliado a Alberto Fernandez, que no alcanza a los médicos. Tampoco cuestionó el artículo agregado al presupuesto 2023 por el diputado oficialista Sergio Palazzo (titular del gremio bancario), para aplicar un recargo extra de 15% y destinarlo a las obras sociales sindicales, que debió suprimir el propio ministro de Economía. En cambio, habrá un aumento en los aportes para obra social de los monotributistas, excepto en las tres categorías más bajas.

Además de desentenderse de las causas de la altísima inflación, el kirchnerismo busca aparecer ejerciendo presión sobre Sergio Massa para que reduzca daños, aunque no le alcancen los matafuegos.

El ministro ya se había curado en salud cuando reservó fondos extra provenientes de las retenciones por el “dólar soja” para pagar el refuerzo de $45.000 en dos cuotas a personas indigentes. Pero ahora debe encontrarle la vuelta al bono de fin de año para trabajadores del sector privado, cuyo anuncio semioficial sin mayores precisiones puede crear nuevas expectativas inflacionarias. No sólo porque el ministro Wado de Pedro habló de los trabajadores de menores salarios que perdieron con la inflación, que de por sí es un universo muy amplio. También porque su colega Raquel Olmos dijo ayer que la intención es extenderlo a los trabajadores informales, que lo convertiría en un nuevo IFE para alrededor de 9 millones de personas con un costo fiscal de $270.000 millones, sin contar el bono de $30.000 ya acordado con los gremios estatales (UPCN y ATE). Una suerte de “platita” navideño.

No es precisamente el caso del gremio de camioneros que, además de la exención de Ganancias para viáticos, en la paritaria se alzó con un bono de $100.000 en cuatro cuotas (a partir de marzo) y el aumento salarial de 107% en cuatro tramos trimestrales hasta fin de octubre de 2023. Más llamativo es que Hugo Moyano haya amenazado con un paro total antes de firmar el acuerdo y luego apoyara la incierta reelección de Alberto Fernández. Una devolución de gentilezas en plena interna oficialista. El Presidente lo había elogiado como “dirigente sindical ejemplar” en 2020, cuando logró rehabilitar –con aportes estatales- el Sanatorio Antártida, después de dos inauguraciones fallidas. También las cámaras empresarias celebraron el acuerdo, pese a que el aumento salarial se trasladará a los costos logísticos –y a los precios- de todas las cadenas de valor, que ya venían subiendo por encima de la inflación.

En este contexto redistributivo, la media sanción en Diputados del presupuesto nacional para 2023 se convirtió en otro festival de contradicciones, que poco tienen que ver con una política fiscal previsible.

Por un lado, reeditó las maratónicas sesiones que en función trasnoche/madrugada son aprovechadas para agregar más gastos y/o cargas impositivas. Nadie explica por qué no pueden realizarse con horarios tope y en más de una jornada, al tratarse de una ley “ómnibus” con muchos artículos que deberían ser leyes individuales ajenas al presupuesto. Por otro, polarizó a la oposición con el voto -a favor o en contra- de iniciativas que van a contramano de los principios que proclaman, por más que el oficialismo tampoco se haya caracterizado por su coherencia.

Por ejemplo, el Gobierno acaba de lanzar tardíos operativos contra la evasión impositiva y el contrabando, pero aprobó el blanqueo de dólares no declarados para el pago de insumos importados y la compra de inmuebles usados. También puso en marcha el plan Ahora 30 para la compra a tasa subsidiada de electrónicos armados en Tierra del Fuego, pero luego aumentó (a 9,5%) los impuestos internos y el arancel (a 19%) para protegerlos de la competencia de productos importados. De esta manera, les da margen a las empresas fueguinas para trasladar a precios la suba del impuesto, cuya recaudación va al Tesoro. Y, a contramano del plan Previaje para fomentar el turismo interno, se impondrá una nueva tasa sobre los pasajes de avión destinada a la Policía de Seguridad Aeronáutica (de $250, pero ajustada por el salario del oficial mayor de la PSA).

Ni aún en el oficialismo creen que podrá cumplirse la pauta “dibujada” de inflación anual de 60%. Pocos saben que el gasto está calculado en $29 billones (el número 29 seguido por una caravana de 12 ceros) y menos que el presupuesto de la administración pública nacional concentra menos de la mitad del gasto público total (49%). El resto corresponde a provincias (37%); municipios (7%) y empresas públicas (7%), aunque son asistidas por el Tesoro Nacional, que tuvo déficit primario en 53 de los últimos 60 años.

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