Drama social desigual: cómo impacta la disparada de la inflación en el bolsillo y quienes son los más afectados por la crisis

La inflación no afecta a todos los bolsillos por igual. La suba en los precios, que se aceleró en los últimos meses y promedia el 4% desde diciembre de 2020 tuvo un impacto regresivo: golpea más a las familias de menores ingresos y empuja a más argentinos debajo de la pobreza.

Diferentes patrones de consumo y la consecuente proporción del ingreso que se destina a cada rubro, de acuerdo con las necesidades y los niveles socioeconómicos de los hogares, explican esta dinámica y configuran un escenario donde algunos pierden más que otros.

“La inflación que mide el Indec tiene un componente fuerte de alimentos y bebidas. Esa categoría tiene un aumento superior al promedio y por eso su impacto es marcado”, dice la economista Emilia Calicibete, exanalista de LCG y docente de la UBA, sobre un proceso clave en materia de precios: entre marzo de 2020 y marzo de 2021, el IPC registra un alza del 42,6%, mientras que el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas, aun con congelamientos, controles y Precios Cuidados, muestra una suba del 44,8%.

Esta categoría es, según lo refleja el Indec, la de mayor peso dentro de sus mediciones, y por su incidencia explica por sí sola entre un cuarto y un tercio de la inflación acumulada en el período. Basta mirar la segmentación por regiones: en el GBA, los precios acumulan 40,4% de suba y 10,1 puntos porcentuales los explican los alimentos. En la región pampeana, la relación es aún mayor: del 45,9% de inflación, unos 19,3 puntos los explican exclusivamente la categoría alimentos.

Esa dinámica tiene un impacto desigual y afecta más a los hogares más pobres. En los de menores ingresos, la categoría alimentos tiene un peso mayor dentro de la canasta de consumo, y es por eso que las consecuencias de la inflación golpean más a esos bolsillos.

“En el primer trimestre del año los alimentos y bebidas también subieron por encima del nivel general de precios (13,8% frente a 13% promedio). Y es regresivo porque es una categoría que no tiene sustituto, son bienes indispensables, y a los hogares de los deciles más bajos les pega más porque destinan una proporción mayor de sus ingresos a estos consumos básicos”, plantea Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

Según estimaciones de la consultora, a partir de la última encuesta de gasto de los hogares del Indec (2018), los del 10% más pobre gastan más del 45% de sus ingresos mensuales en alimentos y bebidas, mientras que esa participación entre el 10% más rico no supera el 20%. En este último grupo, crecen otros rubros como el esparcimiento, la educación o las comunicaciones.

Y este último punto da cuenta de que, al mismo tiempo, la brecha de inflación entre deciles de hogares se acortó, con su consecuente impacto regresivo. Si en 2020 hubo mayor inflación en la categoría alimentos, la salida de la cuarentena, factores estacionales y la normalización de algunas actividades impulsó los precios de otros rubros. “Producto del fin de las restricciones y de que se fueron abriendo sectores, hubo subas en la categoría de esparcimiento, y eso le pega inevitablemente a los sectores de mayores recursos”, dice Rajnerman.

Según el Indec, en el primer trimestre del año los rubros de educación (29,4%), restaurantes y hoteles (14,6%) y comunicación (17,3%) suben más que los alimentos y que el nivel de precios promedio que registra el IPC.

“La aceleración que se da a nivel inflacionario hoy tiene que ver con medidas que se tomaron el año pasado. A corto plazo pueden tener su impacto positivo, pero ahora se ven las consecuencias”, plantea Calicibete, en referencia a cuestiones como la emisión monetaria de 2020 por parte del Banco Central o los congelamientos extendidos de precios que derivan en saltos bruscos cuando se desarman esas iniciativas.

Una carrera desigual

Junto a las diferencias entre niveles socioeconómicos, el impacto desigual de la inflación puede observarse en la dinámica laboral y sus consecuencias en términos de condiciones sociales. Porque la aceleración de los precios en los alimentos empujó los valores de las canastas que marcan los umbrales de pobreza e indigencia.

Si se toman los datos de marzo, la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) subieron interanualmente 48% y 45%, respectivamente, mientras que la inflación promedio fue del 42,5%.

Con esas cifras, la consecuencia es que miles de familias, cuyo poder adquisitivo cae mes a mes, pasan a ser consideradas pobres o indigentes. “Si los ingresos no varían acorde a los precios o directamente los hogares no cuentan con ingresos, la vara de la pobreza sube y cada vez más gente cae en ese grupo”, agrega Calicibete en referencia a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y a la destrucción de puestos de trabajo que dejó como consecuencia la pandemia.

Los datos del Indec ilustran este proceso. La variación interanual de los salarios que registró en marzo de 2021 el organismo se ubicó casi 10 puntos por debajo de la inflación en el período (32,7% vs. 42,5%). Así, los salarios acumulan cuatro años consecutivos en baja registran una caída real del 19,4% desde marzo de 2017, según estimaciones del Iaraf.

“El problema es que los ingresos no suben de manera homogénea. Los trabajadores formales tienen más reaseguro, sobre todo los de sectores que no tienen su puesto de trabajo en riesgo, en comparación con los informales. Después, los perceptores de AUH, asignaciones sociales o la jubilación mínima, que están en los deciles más bajos y están menos complicados porque los debería cuidar la la asistencia del Estado, que igual está intentando ajustar. Los trabajadores informales, que están aproximadamente en los deciles 3 a 5, son los más afectados porque son aquellos en los que peor evolucionó el ingreso”, dice Rajnerman.

Si se compara la evolución de los salarios con los precios en los últimos años, los informales son los más perjudicados, con una pérdida real del 24,5% en los últimos cuatro años. Inversamente, la menor caída se da entre los trabajadores registrados del sector privado, cuya merma de poder adquisitivo es del 16% en el período. Por último, los trabajadores del sector público tuvieron en promedio una caída real del 21,6%.

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