Dos días después de las elecciones: la subasta 5G, con la que el Estado espera recaudar US$1050 millones, será el 24 de octubre

El Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), anunció que el próximo martes 24 de octubre, dos días después de las elecciones, concretará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la subasta del espectro para la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil (5G), a partir de la cual se esperan recaudar alrededor de US$1050 millones.

El proceso licitatorio fija la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3300 y 3600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria. En este llamado, se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno con un precio base de US$350 millones y un plazo de otorgamiento de 20 años.

“Este procedimiento y el valor base se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico”, dijeron desde el Enacom en un comunicado.

Después de una resistencia inicial por distintos reparos que tenían que ver sobre todo con el precio del espectro, finalmente, las tres empresas que brindan telefonía celular en el país (Claro, Telefónica y Telecom) presentaron las garantías de ofertas por US$20 millones para participar del proceso de licitación y ya han sido precalificadas como oferentes.

“El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios”, agregaron desde el organismo comandado por el massista Claudio Ambrosini.

En tanto, el director del Banco Central, Agustín D’Attellis, dijo a LA NACION que estas tres grandes empresas telefónicas ingresen con US$350 millones cada una, a través del mercado de contado con liquidación, “ayuda mucho a contener la brecha en este contexto de situación de tensión cambiaria estimulada desde la oposición”. Sumó: “Es una medida excelente que en el corto plazo vaya a haber un shock de oferta de esta magnitud para el mercado cambiario, además de ser una noticia excelente para la inversión en la Argentina, la interacción público-privada y todo lo que implica esto después en términos de infraestructura de comunicaciones”.

Sin embargo, fuentes del mercado indicaron que dos compañías (Claro y Telefónica) aprovecharían a utilizar los pesos que tienen inmovilizados en el país por no poder girar divisas a sus casas matrices para participar (los US$350 millones se pueden pagar en pesos a la cotización del Banco de la Nación Argentina), mientras que Telecom sí tomaría un préstamo del exterior en dólares que ingresaría vía contado con liquidación (CCL).

Según escribió el viernes pasado en su newsletter el especialista TIC Enrique Carrier fueron estas condiciones (entre otras) las que inclinaron a las firmas a ser parte de la subasta. Pagar en pesos al cambio oficial puede ser una buena oportunidad ante una inevitable devaluación antes de que termine el año, sea con el gobierno actual (como ya sucedió después de las PASO) o con el que resulte electo, mientras que si se ingresan los dólares del exterior a $953,91 (valor del CCL ayer), equivale a una cotización del dólar un 160% superior frente a los $367 del valor del MULC. O, visto de otra forma, para pagar los US$350 millones de un lote solo habría que ingresar US$134 millones, o sea un 62% menos.

“Este esquema hace que ahora las empresas quieran acelerar el proceso para no correr el riesgo de que estos beneficios se esfumen ante una previsible devaluación del tipo de cambio oficial. En otras palabras, efectuar el pago lo antes posible”, aseguró Carrier.

Sin embargo, hay alguna amenaza en el horizonte porque la semana pasada el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó una cautelar para frenar la licitación, entre otros actos de Gobierno, para la que ya salió sorteado el juzgado.

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