Dos aliados para los planes del oficialismo

Nunca imaginó el Gobierno que la apertura de las compuertas financieras que logró con la unificación cambiaria y el fin del default iba a ser tan importante para su gobernabilidad. Ni que luego del fuerte ajuste de tarifas para contener el déficit fiscal y dar señales a la inversión iba a conservar un apoyo a su gestión tan alto como el que -aunque sea decreciente- mantiene.

Su capital político y el financiamiento siguen siendo dos aliados esenciales del Gobierno, y los ha vuelto a usar como respuesta a la ansiedad latente -incluso en el oficialismo- por la debilidad de la actividad y el empleo y los temores por la situación socioeconómica. Moderó los aumentos de tarifas -permitiéndose el reconocimiento de errores- y anunció un programa acelerado de pago de deudas y reajuste de haberes a 2,5 millones de jubilados.

Ambas medidas implican mayor gasto. Los topes de 400 y 500% a los aumentos de tarifas costarán 0,4% del PBI. En el caso de los jubilados, los pagos de sentencias y reclamos demandarán 0,6% del PBI en 2016 y otro 0,5% repartido en 12 cuotas trimestrales. Y el reajuste de haberes, junto con la pensión universal al adulto mayor, implica hasta 1,7% del PBI al año en forma permanente, con 0,4% del PBI este año.

El aumento del consumo de los jubilados se sumaría, así, a la aceleración de la obra pública y al aumento de ingresos por las paritarias pendientes, como puentes de la reactivación hasta que se afirmen la inversión y el aumento de las exportaciones netas. Pero si la prioridad temporal es sólo pagar sentencias y reclamos -350.000 casos-, el efecto puede ser limitado, ya que los jubilados tienden a ahorrar el cobro de las sentencias. Muy superior será el efecto sobre el consumo de los reajustes de haberes.

Los ingresos fiscales del blanqueo, que podrían alcanzar entre 0,6 y 0,7% del PBI, de reaseguro para cumplir la meta de déficit de 2016 han pasado a ser una de las fuentes para el pago a los jubilados. La segunda fuente sería el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Pero sus rentas -incluso descapitalizándolo- ya estaban asignadas a financiar al Tesoro, de modo que deberá ser vendiendo activos. Si son títulos públicos -representan dos tercios del total- competirá con las necesidades financieras del Tesoro. En el caso de las acciones de empresas privadas, cuya venta es tan discutida, es incomprensible que no se integre con ellas un Fondo Común de Inversión, sujeto a las normas de la CNV, y se obtengan fondos vendiendo cuotapartes.

Pero más allá del corto plazo y la urgencia de dinamizar la economía, el mayor gasto complica las metas fiscales. El déficit total de 5% previsto para 2017 ya tiene un impacto adicional de 2% del PBI. Y la meta de eliminar el déficit para 2019 es improbable, ya que ahora requeriría crecimientos del PBI de 8% anual en 2018 y 2019.

El autor es economista y ex gerente general del Banco Central

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