Dólares: un aluvión de demandas amenaza con resquebrajar el cepo cambiario
Cerca de 400 compañías presentaron medidas cautelares por licencias de importación no otorgadas desde mediados del año pasado; el Poder Judicial comienza a recibir el malestar por el torniquete impuesto sobre el mercado oficial de cambios
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LA NACIONSofía Terrile
La canilla de los dólares se sigue cerrando, pero los sectores interesados en hacerse de esas divisas parecen paulatinamente abandonar la pasividad para intentar torcer en los tribunales la decisión del Gobierno, que desde su llegada recrudeció de diversas maneras el cepo heredado de la gestión de Mauricio Macri.
Los importadores, grandes demandantes de dólares, están interponiendo medidas cautelares: ya son cerca de 400 las compañías que decidieron tomar este camino desde junio hasta la actualidad, y algunas comenzaron a tener resultados favorables en los tribunales.
Por otro lado, tímidamente comienzan a aparecer demandas contra la autoridad monetaria por el acceso al billete estadounidense, un escenario más atípico hasta el momento.
Con menos de 700.000 personas que acceden al mercado de cambios para comprar dólar “ahorro” luego del cúmulo de restricciones que terminaron virtualmente con esta demanda en septiembre pasado, con pocos pagos de deuda y el turismo emisivo ultrarrestringido, el principal canal por el que salen dólares es a través del comercio exterior.
En 2020, con una brecha entre el dólar oficial y los paralelos que llegó al 150%, los importadores tuvieron todos los incentivos para demandar más divisas, acelerar los tiempos y hasta sobrefacturar sus operaciones para obtener más billetes de los que realmente necesitaban.
En ese camino, el Banco Central ajustó sucesivamente los controles sobre las importaciones. La última gran traba fue una comunicación “A” 7138, de octubre de 2020, que limitó la obtención de divisas a quienes tengan autorización expresa por parte del Ministerio de Producción. En otras palabras, solo pueden acceder al dólar los importadores que tengan aprobadas sus licencias. Y eso comenzó a generar embudos en el caso de las que no se otorgan automáticamente, las LNA.
El abogado Federico Mencarini se dedica al derecho aduanero y trabaja cerca de la Cámara de Importadores. Asegura que hay 388 empresas que solicitaron medidas cautelares desde junio hasta el momento.
En cuestión de meses, se llegó a un número relativamente similar a la cantidad de reclamos que recibieron las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI), la herramienta que el gobierno de Cristina Kirchner utilizó para controlar las importaciones entre 2012 y 2015, en todo el período. En ese momento, recuerda el letrado, entre 500 y 600 firmas recurrieron a la Justicia.
En aquel momento, dice, había una sensación de mayor temor y no era tan habitual judicializar las trabas a las importaciones. El escenario cambió ahora y, desde mayo en adelante -momento en el que el Central comenzó a limitar más la actividad con comunicaciones-, el pedido de cautelares creció. De esa manera, los importadores esperan destrabar licencias no automáticas rechazadas o que quedan “en observación”, una figura a la que últimamente recurre la Secretaría de Industria, a cargo de otorgarlas.
“A pesar de que algunas licencias estaban ‘en observación’, luego en el sistema figuraban como dadas de baja, y es por eso que la Justicia comienza a otorgar las cautelares”, dice Mencarini. Detalla que hay poco diálogo entre los importadores y el Gobierno y que es por eso que deben recurrir a los tribunales para obtener lo que quieren. LA NACION se comunicó con la Secretaría de Industria, pero no obtuvo respuesta.
Por ejemplo, en un caso reciente (CAF 11897/2020), la Justicia dio lugar a la cautelar del importador porque la Secretaría de Industria no cumplió con el plazo reglamentario para expedirse sobre las solicitudes del demandante luego de que este hubiera presentado la información solicitada para “destrabar” una LNA en observación, ni tampoco le pidió más información. En otras palabras, por el silencio oficial -y sin motivo por el que la empresa no podría obtener la licencia- le dio la razón a la compañía.
Por otro lado, dos presentaciones ante la Justicia llaman la atención por la parte demandada: el Banco Central. Una firma industrial le solicita al BCRA permiso para acceder al mercado único y libre de cambios (MULC) para cancelar una deuda de importaciones del 8 de marzo de 2020. Por cuestiones de financiamiento, la empresa habría estado en condiciones de pagar el precio de la importación recién a mediados de 2020, pero para ese entonces ya se había emitido la Comunicación “A” 7030, que limitaba el acceso a los dólares oficiales.
Además, una empresa que se dedica a la veterinaria solicitó otra cautelar por el acceso al MULC para el pago de una obligación en dólares entre residentes contraída antes de la normativa que las limitó. Fue un contrato de 2016, pero con sucesivos refinanciamientos de deuda, que terminaron “inmersos” en el cepo apenas se restableció en septiembre de 2019. Cabe aclarar que el origen de este problema es anterior a la administración actual, ya que se originó en el “cepo macrista”.
Por ahora son casos aislados, pero a la vez contraintuitivos. La historia reciente no ayuda. En el cepo que se estableció entre 2011 y 2015, “diversos fallos, especialmente del fuero contencioso administrativo federal, validaron las normas del BCRA”, explica Jimena Vega Olmos, socia del estudio Martinez de Hoz & Rueda (MHR).
En los casos en los que se demandó al Central por los controles de aquel entonces, que supeditaban el acceso a dólares para cancelar deudas entre residentes a un sistema de autorización según ingresos declarados, lo que generó muchos incumplimientos, generalmente no se fallaba en contra de la normativa cambiaria.
En algunos casos se resolvió que la deuda se pagaría en pesos y otros argumentaron que el deudor había asumido riesgo teniendo en cuenta la historia de controles cambiarios en el país, recuerda Vega Olmos.
Es difícil judicializar la política cambiaria del Central, añade el abogado Francisco Molina Portela, de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani. “Los jueces no se pueden poner a opinar sobre si está bien o mal que la autoridad monetaria ponga un cepo o no; por lo que es muy difícil que una empresa intente una acción de este tipo cuando la normativa se lo prohíbe, porque tiene nulas o pocas probabilidades de éxito”, dice. LA NACION también se comunicó con la autoridad monetaria, que se abstuvo de hacer comentarios al respecto.
Por Sofía Terrile
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