Cepo cambiario: una propuesta del Mercosur pone a la Argentina en el centro de la tormenta

En los próximos días el Mercosur tratará un proyecto que posiciona a la Argentina en el centro de la tormenta. Las restricciones cambiarias que actualmente rigen en el país van en contra de la iniciativa que se busca aprobar. De todas formas, no es la primera vez que la política del Gobierno genera tensión con otros países del bloque.

Según pudo saber LA NACION, la Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias de Monedas, Empresas de Servicios Financieros, Casas, Agencias y Corredoras de Cambio del Mercosur (CIASEFIM) presentó ante la SGT-4, conocido como el Mercosur Financiero, una propuesta para que se cumplan una serie de “objetivos financieros”.

“El fin último es perfeccionar y armonizar la regulación financiera, aumentar la transparencia, preservar la competencia y eliminar las medidas que restringen el comercio de servicios financieros en el Mercosur, que son exactamente los objetivos directos del Mercosur Financiero/SGT-4”, sostuvo Mario Mochetti, vicepresidente de la CIASEFIM y presidente de la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC).

Distintas fuentes confirmaron a este medio que la propuesta fue incluida para su análisis en la agenda de las reuniones de la Comisión del Sistema Bancario y de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, así como también en la agenda de la Coordinación Nacional de SGT-4, con próxima fecha de tratamiento para el 4 de octubre.

En el proyecto se enumeran una serie de recomendaciones u orientaciones a ser adoptada por los países del bloque, para “perfeccionar” las normas para la preservación de la competencia en el mercado financiero del Mercosur.

Entre ellas, se propone que no se reduzca la competencia y competitividad entre los jugadores del mercado cambiario, prevenir la “exclusión financiera” que perjudica a pequeños y medianos consumidores -tanto empresas como individuos- y evitar el desplazamiento de las operaciones al mercado informal (es decir, al blue).

Otro de sus puntos se orienta a la reducción del riesgo sistémico que se derivaría del hecho de que las cuentas bancarias de referencia se mantengan en unas pocas entidades, mitigar la ocurrencia de “de-risking”, alinear el Mercosur a las mejores prácticas internacionales y que las entidades representadas por la CIASEFIM puedan seguir desarrollando sus negocios, sin ser excluidas del mercado.

El último objetivo es una crítica directa para la Argentina. En diciembre pasado, el Banco Central (BCRA) autorizó que las casas de cambio oficiales abran sus puertas tras estar meses cerradas por la pandemia, pero les prohibió la venta de otras divisas que no sean moneda fronteriza, lo que generó “el consecuente cierre de locales y aumento de mano de obra desocupada”. A eso se le suma el súper-cepo cambiario. Para el vicepresidente de la CIASEFIM , la Argentina tiene “muchas cosas por revisar”.

“Somos el único país que tiene un mercado cambiario con tremenda rigidez. No solo con los pequeños inversores, sino también con las grandes empresas que cuando tienen vencimientos con acreedores del exterior tienen que pedirle al Banco Central y hasta les han restringido el acceso a las divisas para el cumplimiento de esas obligaciones”, ejemplificó el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo.

Cada asociación presentó la propuesta antes sus respectivas coordinaciones nacionales, de las cuales surgió una retroalimentación sobre el tema. Menos en la Argentina. “Inclusive, ante la falta de respuesta o consideración sobre la misma, copiamos esa presentación a la Presidencia del BCRA así como a las autoridades competentes, dentro del mismo organismo, en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Pero no hemos tenido comentarios”, sostuvo Mochetti.

Cabe destacar que la CIASEFIM está conformada por la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (Cadecac), la Associação Brasileira de Câmbio (Abracam), la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) y la Cámara de Empresas de Servicios Financieros del Uruguay (Cesfur). Las entidades se unieron en 2016, cuando descubrieron que tenían dificultades para acceder a los servicios de corresponsalía en los Estados Unidos y, en distinto grado, la no debida atención o el acceso restringido por parte de la banca local de cada país.

El silencio oficial y los roces internacionales

“Hay ruido dentro del Mercosur en relación con el comportamiento de la Argentina, que es contradictorios con los demás países”, aseguró Elizondo. Sin ir más lejos, a comienzos de septiembre el ministro de Turismo de Brasil, Gilson Machado Neto, se refirió al impuesto PAIS del 30% que se aplica sobre las compras en moneda extranjera y lo tildó como “no democrático”. Y a eso le agregó: el país vecino está estudiando cobrar ese impuesto a los brasileños que van a la Argentina, medida que beneficiaría a Chile, Paraguay y Uruguay.

En el Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur, los países miembros se comprometieron a eliminar los gravámenes y restricciones aplicadas en el comercio recíproco. A su vez, se asumió la coordinación de políticas macroeconómicas, las cuales incluye la fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales. “La Argentina, en materia cambiaria y financiera, viola el tratado”, agregó el especialista en negocios internacionales.

El país se encuentra entre la espada y la pared. Para que la propuesta sea aprobada tiene que contar con la aprobación de todos los países del bloque. Si la Argentina se niega, se desataría una controversia, ya que sería el único país contra la corriente. Si acepta las recomendaciones y se aprueba, de todas formas “no las va a cumplir porque tenemos prácticas distintas”.

“¿Cómo es posible que no cumpla con las normas vigentes o incluso pueda firmar cosas que no va a cumplir? Ocurre regularmente, la Argentina tiene ocho default de deuda pública, que generalmente ocurrieron poco después de haberse comprometido con el pago. En las relaciones internacionales, los países no suelen acudir a los organismos a pedir sanción porque privilegian no tener conflicto a ganar una controversia. La sanción no es por vía judicial, sino en reputación y pérdida de confianza”, cerró Elizondo.

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