Documento. Empresarios y abogados lanzan una propuesta para alcanzar una Justicia independiente

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y el Colegio de Abogados de la Ciudad, presentaron una propuesta nacional para resolver las deficiencias del poder judicial. Se trata de un documento con objetivos a corto plazo con el que proyectan que se alcance una Justicia independiente.

Con el sentido de imprimir un carácter apartidario que sirva de tiro de largada para debatir en sociedad el rumbo de la justicia, desde las entidades sostuvieron que son propuestas que elaboraron expertos y académicos que no responden a ninguna ideología ni agrupación política.

“La iniciativa empezó hace ocho meses, con un aporte colaborativo y apartidario de especialistas técnicos con la idea de enriquecer el debate y asegurar un servicio de Justicia independiente y más eficaz. Es el primer paso de un trabajo más amplio que busca generar consensos sobre cuestiones concretas, hacer un diagnóstico y proponer soluciones”, dijo Alejandro Diaz, CEO de AmCham.

Entre las propuestas se destacaron la vuelta a la conformación anterior del Consejo de la Magistratura, antes de que la reforma impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner expulsara de la presidencia del organismo al presidente de la Corte Suprema, que lo presidía. Pidieron despolitizar el Consejo, mayor autonomía financiera y recursos para el poder judicial y que se cree una escuela para la formación de jueces, entre otros puntos.

“Proponemos que la Corte vuelva a tener control del presupuesto, pero para eso tiene que llegar a un acuerdo con el Consejo de la Magistratura”, dijo a LA NACION Cecilia Mairal, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Luego agregó: “Debería tener mayor autonomía para poder ejecutar su presupuesto. Sabemos que es un tema que tiene que ser debatido, pero hay que encontrar una solución. Queremos darle mayor autonomía y que vuelva a ser quien toma la decisión final y tratar de unificar todo el poder judicial junto el Consejo de la magistratura, con la Corte a la cabeza”.

En la actualidad la administración del poder judicial se divide entre la Corte y el Consejo. Si bien la constitución puso en cabeza del último la facultad de “administrar” la Justicia, existe una larga discusión política y jurídica desde la reforma constitucional de 1994 sobre en manos de quién debe quedar el manejo de los recursos. El presupuesto nacional asigna todos los años al poder judicial un 3,5% del PBI que se reparte en un 2,9% para el Consejo y un 0,6% para la Corte. En 2021 a la justicia se le asignaron $81.718 millones del Tesoro de la Nación.

“Proponemos o volver a la vieja ley del Consejo de la Magistratura, que decía que el presidente de la Corte presidía el Consejo, por lo que es necesario que se resuelva el fallo que declaró inconstitucional la reforma del 2006, que impulsó Néstor Kirchner, y sacó al presidente de la Corte de la presidencia del Consejo, o hacer una nueva reforma en el Congreso para restablecer la vuelta de la Corte. No necesariamente que sea el presidente de la Corte quien lo presida, sino que el tribunal podría elegir a uno de sus cinco ministros para la función”, dijo a LA NACION Guillermo Lipera, director de IDEA.

Para el titular de IDEA, la ley es muy híbrida al decir que el Consejo se encarga de la administración. “Por otro lado, pedimos una modificación legislativa en cuanto a cómo se asignan las partidas presupuestarias del poder judicial para terminar con esta transición, en donde al Consejo le falta plata y la Corte tiene un fondo anticíclico de reserva. Me encantaría, por ejemplo, que se use para informatizar todo el poder judicial y que tengamos una sola conducción”, agregó.

IDEA engloba grandes empresas que operan en el país como Accenture, YPF, HSBC Argentina, IRSA, Sancor Salud, Shell y Tenaris, entre otras.