DNU de Milei: cómo reaccionará la economía argentina si se aplica el decreto, según analistas

De la salud a los alquileres, pasando por los contratos o el comercio exterior, el extenso DNU dictado por Javier Milei, que deroga y modifica leyes, apunta a “desregular” la economía “de raíz”, según lo definió el Presidente.

Según analistas consultados por LA NACION, la sanción de la norma puede crear un contexto de mayor competencia en diferentes rubros, aunque abre cuestionamientos sobre su legitimidad jurídica y la sostenibilidad de las modificaciones introducidas, que podrían mermar su impacto económico en el mediano plazo.

“La Argentina necesitaba un shock desregulatorio y el DNU tiene parte de eso. En el corto plazo, la economía se va a contraer y no se va a ver una generación de empleo, y hay que pasar la etapa negativa para que el crecimiento de la economía redunde en más creación de empleo. Y hay otras que sí, como las simplificaciones registrales para facilitar la importación”, analiza Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma.

El planteo de “desregulación” -describe Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra- apunta a generar condiciones de mayor competencia en diferentes sectores, a fin de incrementar la aparición de nuevos jugadores en los diferentes sectores de la economía

“Es una derogación o cambios en numerosas leyes que afectan al ámbito económico, que van desde la legislación laboral a la promoción industrial y el comercio exterior. Es un sinfín de normas que afectan a la economía”, plantea Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, al analizar las disposiciones del DNU que implican cambios que van desde la normativa que aplica a los alquileres hasta el marco legal para la actividad aerocomercial o la determinación en los precios de la salud privada.

“Los sectores son realmente numerosos. El efecto concreto es la liberalización de precios en algunos, como la medicina prepaga y las obras sociales. Desde un punto de vista macro, una consecuencia de corto plazo es que se acelera la inflación”, concluye el economista.

Según los últimos datos del Indec, el rubro salud acumuló en noviembre de este año una suba interanual del 161,2% (encabezó el ranking entre los rubros de mayor ajuste, con un alza del 15,2% el mes pasado), y se ubicó apenas por encima del 160,9% que arrojó el IPC informado por el ente estadístico.

Existe la expectativa, de todas formas, de que la mayor competencia esperada en los diferentes segmentos termine beneficiando en distintos puntos al consumidor, con mayor oferta y baja en los precios.

Otro de los rubros sensibles que generó preocupación en la ciudadanía tiene que ver con los efectos del DNU en el mercado de alquileres y la derogación de la cuestionada norma que regulaba a este sector y que generaba un rechazo casi unánime. Según se desprende del decreto dictado por Milei, ahora la negociación de estos contratos tendrá menos restricciones en cuanto a los plazos (era de tres años), la moneda elegida (pesos, dólares u otra) y las cláusulas de ajuste. Estas variables ahora las negocian las partes involucradas.

“Los contratos en moneda local con este nivel de inflación se hacen difíciles y una manera de intentar preservar el valor del contrato en el tiempo es hacerlo en alguna moneda extranjera, típicamente el dólar”, analiza Guido Zack, director del área de Economía del think tank Fundar, quien matiza: “El problema es que los contratos en dólares no necesariamente mantienen el valor del contrato en el tiempo, sino que sufren grandes modificaciones para uno y para el otro”.

“Si los alquileres y otros contratos se pactan en dólares, algo que igualmente ya venía sucediendo, el problema es que los ingresos de los argentinos están en pesos y frente a un aumento importante del tipo de cambio se corre el riesgo de que quien tiene que pagar no esté en condiciones de cumplirlo y no por responsabilidad propia sino básicamente por un fenómeno macroeconómico, y eso tiene un potencial de ruptura de contratos importantes”, agrega el analista.

En cuanto al instrumento utilizado, Caamaño sostiene que la decisión de avanzar con la desregulación a través de un DNU abre flancos cuestionables sobre su viabilidad de corto plazo y el efecto que tendrá sobre la economía, más allá incluso de las modificaciones micro y macro introducidas. “En el fondo, lo que plantea es adecuado y la mayoría de las cosas que modifica me parecen correctas, aunque quizás en algunas hay cuestiones de forma que no son adecuadas. La gran discusión es el instrumento elegido”, dice el analista.

Las perspectivas en cuanto a la “sostenibilidad” de las reformas introducidas en el DNU son una incógnita, si se lo analiza desde un punto de vista económico. “Si se puede cambiar todo un set de normas sin acreditar necesidad y urgencia y pasar por el Congreso, dentro de cuatro años puede otro venir y darlo vuelta. Lo discutible y criticable es el instrumento. Si queda este antecedente, el que viene después lo puede deshacer, y eso le quita valor para quien tiene que tomar decisiones de mediano plazo”, agrega Caamaño.

En esa misma línea, Sigaut Gravina plantea que la desregulación a través de un DNU “le quita potencia a la herramienta” y tiene un impacto macro: si los cambios impulsados pueden ser frenados en la Justicia o revertidos en un cambio de Gobierno a través de otro DNU, se debilitan las expectativas de “previsibilidad” que busca generar la desregulación. “Un decreto tiene menos consenso que una ley aprobada en el Congreso, más allá de la legalidad o de la justificación de excepcionalidad”, dice el analista.

“Hay obviamente una política de desregulación, que abarca desde cuestiones más macro hasta temas más sectoriales, como la política de cielos abiertos para el sector aerocomercial. Los beneficios a futuro del plan tienen que ver con el instrumento usado, porque si es endeble el andamiaje legal, no va a generar inversión. Hay un punto que tiene que ver con cuán reversible son estas cuestiones en el tiempo: cuanto más flojo de papeles esté, más riesgo es que el incentivo de largo plazo no funcione, porque le quita potencia a los beneficios que se buscan”, analiza Sigaut Gravina.

En el corto plazo, no obstante, advierte por un efecto negativo sobre la inflación. “El DNU intenta sacar todo lo que pueda ser regulaciones adicionales en la vida de las empresas, pero el momento es muy crítico. Está bien que se quite el pie a los precios, como en el caso de la salud, y veremos cuál es la solución del mercado. Pero de corto plazo tenés riesgos al desregularizar y no establecer topes. Está bien que a la larga el objetivo es bueno, pero genera más presión inflacionaria en el corto plazo”, concluye.

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