Discapacidad: advierten por el retraso de los aranceles en servicios educativos y por la escasez de profesionales

Con un nivel de inflación que entre enero y septiembre de este año acumuló un 103,2%, los problemas de financiamiento para la prestación de servicios de salud, que se arrastran desde hace años sin que surjan políticas de fondo, toman más fuerza en cada mes de este año. Los anuncios sobre el cobro de bonos para la atención de los pacientes; las subas mensuales de las cuotas de las prepagas con mecanismos burocráticos para pedir su reducción o su suspensión; las demoras en los turnos para atenderse; el encarecimiento de los insumos, y las dificultades para concretar operaciones de importación de productos básicos son algunas de las señales que se van emitiendo de manera constante.

En el caso de las prestaciones vinculadas a la discapacidad -un tema en el cual el ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa, centró en parte algunos de sus más recientes discursos de campaña-, la cámara que agrupa a los centros que dan Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (SAIE) advirtió sobre un fuerte desfase entre la inflación y el reajuste de los aranceles cobrados y puso el foco en que la situación provoca crecientes dificultades para encontrar profesionales que cubran los puestos necesarios para dar acompañamiento a los alumnos.

“A septiembre, los aranceles tuvieron una suba en lo que va del año de 66%, con una inflación que llegó a 103,2%, y hay que tener en cuenta que las prestaciones se cobran a partir de los 60 días después de haberse realizado”, dice a LA NACION Elizabeth Foschi, presidente de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (Casaie), quien agrega que las demoras para el cobro suelen ser mayores y llegar hasta 4 o 5 meses.

El trabajo que hacen los grupos interdisciplinarios (hay psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, profesores especiales y coordinadores) es el de acompañar y dar apoyo a los alumnos que concurren a escuelas comunes. Cada uno de ellos tiene a una persona que trabaja en el ámbito escolar y, además, por cada 30 chicos (como máximo) hay un equipo de cinco personas. La prestación educativa está prevista en la ley 24.901.

Según explica Foschi, lo que se cobra está sujeto a lo que indica un nomenclador nacional, más allá de que los chicos dependan de una obra social, una prepaga, del PAMI o del sistema público de salud. Concretamente, la resolución 5 que emitieron en agosto el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad en forma conjunta, establece los valores por las diferentes prestaciones entre ese mes y diciembre. El reajuste fue de 10% para los aranceles de julio y de 5% para los de agosto y septiembre. Para cada mes del tercer trimestre (octubre, noviembre y diciembre) se previó otro 5%.

Así, dados los valores establecidos en resoluciones anteriores, se llegaría a fin de año con un aumento nominal de 92%, frente a un índice de precios al consumidor que, según se estima, cerraría el año en alrededor de un 180% (ese dato surge del último Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central, pero las proyecciones serían puestas en revisión a partir de lo que ocurra el domingo con el resultado electoral).

En el caso de los servicios de inclusión educativa, según puntualizó Foschi, el monto por el servicio prestado en agosto (que se cobrará en noviembre), por chico y para todo el equipo y el mantenimiento de la sede de cada servicio, es de $171.352,18, mientras que por las prestaciones de septiembre es de $179.919,79 y por las de octubre (que se cobrarán efectivamente ya en 2024), de $188.915,78. Más allá de esas cifras y el retraso frente a la inflación, la directiva sostiene que “por enero y febrero no se cobra”, lo cual hace que sea “casi inviable trabajar en esto” y de allí se derivan las dificultades para encontrar profesionales.

“Nos cuesta conseguir personas que quieran trabajar, porque la paga es, en promedio, de $130.000 por el trabajo de cuatro horas [para quien hace el acompañamiento en el ámbito escolar], y a eso se suma el hecho de que no se cobra enero y febrero; la demanda aumenta, porque hay cada vez más niños que demandan el servicio, pero a la vez hay menos profesionales capacitados” que se sumen a los servicios.

El dinero, en el caso de las obras sociales y prepagas, proviene del Fondo Solidario de Redistribución que tiene el sistema y que funciona bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud. El fondo, que también debe hacerse cargo de otras varias prestaciones, se financia con una parte de los aportes hechos por los trabajadores mediante descuentos de sus salarios. Por el circuito que tiene el mecanismo de pagos, “al servicio de apoyo le llega el dinero dos meses después y no tiene ya el mismo valor” que cuando se hizo el trabajo, resume la directiva.

Según afirma, ante la aceleración de la inflación, en septiembre se iba a abrir una mesa de diálogo, pero eso no ocurrió. A fines de ese mes, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, anunció el pago de un bono excepcional, durante el mes actual, de 25% de la facturación emitida por las prestaciones correspondientes a julio. Ese cobro tiene requisitos: se debe estar inscripto en el Registro Nacional de Prestadores y trabajar con personas que estén amparadas por el Programa Federal Incluir Salud, por alguna obra social o por el PAMI.

“Se va a cobrar, pero no abarca a todos y, además, la presentación para poder cobrar es complejísima; es un bono para distraer por la falta de convocatoria a la mesa de diálogo”, dicen en la cámara. Según un comunicado de la entidad, los grupos que están allí nucleados dan apoyo a más de 10.000 alumnos de escuelas de todo el país.

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