Diputados aprobó darle más poder al jefe de Gabinete

La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley de presupuesto de 2004 y, entre los cambios más trascendentes que introdujo en el texto, sobresale el otorgamiento de superpoderes al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para reestructurar partidas presupuestarias sin estar sujeto a la ley de administración financiera.

El cambio fue propuesto por el justicialismo, en la voz del presidente del bloque, José María Díaz Bancalari, y de acuerdo con la versión de algunos diputados, contó con el apoyo tácito del radicalismo que, si bien votó en contra, habría permitido que sigilosamente se retiraran del recinto legisladores del partido para favorecer al PJ. Al final, la votación arrojó 90 voluntades a favor, 74 en contra y 7 abstenciones.

El titular del bloque radical, Horacio Pernasetti (Catamarca), negó enfáticamente un acuerdo con el PJ. "Sólo hubo 13 legisladores ausentes, tres de ellos del Chaco porque acordaron la realización de una obra en su provincia. Pero no hubo pacto", destacó.

Empero, en el propio seno del radicalismo persisten las dudas. Algunas voces deslizaron a LA NACION que la sugestiva ausencia de legisladores obedeció a un posible acuerdo entre el titular de la UCR, Angel Rozas, y Alberto Fernández, durante una discreta reunión a solas el martes último.

Se quedaron a votar

De hecho, cuando desde el propio bloque el diputado Carlos Courel y, más tarde, la diputada Elisa Carrió (ARI) sugirieron dejar sin quórum la sesión para evitar la aprobación del polémico artículo, la decisión oficial fue permanecer en el recinto y votar. El cambio que se introdujo en el artículo 13 facultará al jefe de Gabinete a "disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias sin sujeción al artículo 37 de la ley 24.156 (de administración financiera)".

En buen romance, esto significa que el funcionario podrá obviar al Congreso en decisiones clave como disponer cambios que impliquen incrementar gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de aplicaciones financieras.

"Esas facultades son nuestras. Este artículo es inconstitucional", bramó la diputada Elisa Carrió, aunque sin tener éxito.

La cuestión cobra mayor relevancia si se considera que, de acuerdo con la interpretación de varios legisladores de la oposición, el Gobierno contará con una cantidad de ingresos mayor que la que en realidad reflejó en el presupuesto. Por lo tanto, el nuevo artículo 13 permitiría, a juicio de muchos, el manejo discrecional de esos mayores recursos.

"El Gobierno reconoce un superávit de 2300 millones de pesos. Pero en realidad podría llegar a 10.000 millones, por lo que el jefe de Gabinete se convertiría en un superministro", alertó Eduardo García (Socialismo).

Debate extenuante

La aprobación del presupuesto demandó casi 24 horas de extenuante debate, por momentos tedioso hasta para los propios legisladores, que se reflejó, sobre todo en el debate en general, en un recinto semivacío.

El titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Snopek (PJ), se encargó de destacar las bondades del proyecto. "Habrá un aumento de la recaudación por el crecimiento del PBI, y el 68 por ciento del total del gasto se destinará al gasto social, mientras que 4900 millones se destinarán a la educación y a tecnología", enfatizó. En este sentido, destacó el aumento en 55 millones para las universidades, entre ellas las de Pergamino, Junín y otras localidades del interior.

"Snopek habló de metas de crecimiento, pero no de cómo vamos a combatir la pobreza en la Argentina. El programa de gobierno debería ser la guerra contra el hambre en la Argentina", retrucó Mario Cafiero (ARI).

Finalmente, el PJ logró aprobar la iniciativa pese a la catarata de críticas de los bloques opositores, entre ellos la UCR. Sin embargo, el principal partido de la oposición decidió acompañar la iniciativa, con el argumento de que su política es no boicotear la principal herramienta de un gobierno, que es el presupuesto.

Luego, en el debate en particular de cada artículo, el PJ rechazó la mayoría de los planteos de la oposición, salvo contadas excepciones. Entre los puntos más discutidos en el recinto de la Cámara de Diputados estuvieron los siguientes:

• Ratificación de decretos: entre ellos figura el 905, que generó un tenso debate (de lo que informa por separado). "No vamos a ratificar decretos por la ley de presupuesto", enfatizó Miguel Giubergia (UCR).

• Delegación de facultades: esta delegación conferida al jefe de Gabinete podrá ser asumida por el resto del Poder Ejecutivo. "Con este artículo ni siquiera se delegan facultades sólo en el Presidente, se la estamos dando a cualquier ministro de turno", bramó la oposición.

• Municipios: se faculta al Gobierno a destinar partidas a aquellos municipios de provincias donde no rija una ley de coparticipación municipal. Finalmente, el artículo se eliminó por considerar que fue diseñado únicamente para satisfacer las demandas de La Rioja.

Aspero debate por la compensación a bancos

Dos de los artículos más discutidos del presupuesto del año próximo se refieren a una cuestión común: la ratificación parlamentaria del decreto 905, por el cual se convalida una millonaria compensación a los bancos en virtud de la pesificación asimétrica de créditos y depósitos. El monto total que consta en la iniciativa suma 16.100 millones de pesos, que serán entregados a los bancos en bonos.

Los artículos que refrendan esta compensación son el 34 y el 72. "Son artículos extorsivos por parte de los bancos extranjeros, que condicionan el otorgamiento de créditos a la compensación por la pesificación asimétrica", enfatizó el diputado Mario Cafiero (ARI-Buenos Aires).

En el PJ, su colega Rodolfo Frigeri (Buenos Aires) fundamentó la necesidad de ratificar por ley el polémico decreto en el contexto de crisis que vivió el país a principios de 2002, que obligó a la salida de la convertibilidad y a la pesificación generalizada de la economía. Finalmente, el PJ impuso su criterio, pese al unánime rechazo de la oposición.

Se dispuso eliminar del proyecto el artículo 81, que facultaba a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a aplicar multas a toda persona física sujeta a su control cuando "en el ejercicio de su competencia se verifiquen transgresiones a normas legales vinculadas al régimen de administración financiera y sistemas de control del sector nacional".

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