Deuda: un equipo del Ministerio de Economía y del BCRA viaja a Washington para negociar con el FMI

A contrarreloj para cerrar un acuerdo y a días de presentar el plan plurianual en el Congreso de la Nación, un equipo del Ministerio de Economía y del Banco Central (BCRA) se embarcarán hacia los Estados Unidos para avanzar en los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los técnicos viajarán este sábado rumbo a Washington para reunirse con el staff del Fondo. No está previsto, según pudo saber LA NACION, que viaje el ministro de Economía, Martín Guzmán, el negociador principal ratificado por el Gobierno para llevar adelante las negociaciones con el organismo.

“El objetivo es continuar avanzando en los entendimientos técnicos en el marco de las negociaciones con ese organismo multilateral de crédito para un programa que permita refinanciar el préstamo tomado en 2018″, confirmaron desde el Palacio de Hacienda esta mañana.

Según pudo saber este medio, irán por Economía, el viceministro, Fernando Morra; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi. Además, se sumará Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Fondo. Por el BCRA viajarán Jorge Carrera y Germán Feldman. “Estarán en reuniones técnicas continuas varios días”, según adelantaron a este medio cerca de Guzmán.

“El equipo del FMI dirigido por Julie Kozack y Luis Cubeddu se reunirá con una delegación argentina del Ministerio de Economía y el Banco Central en Washington D.C. a partir de este fin de semana para profundizar las discusiones técnicas hacia un programa respaldado por el FMI”, dijo un vocero del FMI.

“Se está trabajando en el plan, se está trabajando con el FMI, quisiéramos llegar al mejor acuerdo posible en el menor tiempo posible, ese es nuestro objetivo. Es una negociación de envergadura y cuando lo tengamos listo lo enviaremos al Congreso. No hay una fecha precisa”, afirmó ayer Cecilia Todesca. El plan plurianual, dicen en Hacienda, se presentaría en estos días.

En 2018, el gobierno de Mauricio Macri cerró un Stand-By Agreement (SBA) con el Fondo por US$57.000 millones de los que se desembolsaron unos US$44.000 millones. La gestión de Alberto Fernández busca ahora refinanciar esa deuda con un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés). La fecha límite, autoimpuesta por Guzmán en la negociación con el Club de París, es marzo de 2022. Ese programa contempla un plazo de 10 años, con un período de gracia de cuatro años.

Las negociaciones se han acelerado –a la misión del Gobierno a Washington le seguiría una del staff a Buenos Aires–, pero en Washington creen que es difícil que el Gobierno logre cerrar el acuerdo técnico con el Fondo antes de fin año. Aun si se termina el plan final, y se logren pactar las metas fiscales y monetarias y las políticas a implementar en las próximas semanas, el acuerdo aún debe atravesar varios etapas internas en el Fondo antes de llegar al llamado “Staff-Level Agreement”, el paso previo antes de que el programa vaya al Directorio Ejecutivo, controlado por el G7.

La expectativa en Estados Unidos es que el acuerdo esté terminado, con la eventual aprobación del board, antes de la fecha límite que impuso Guzmán, y de los vencimientos más pesados que debe enfrentar el Gobierno. Con todo, tanto en Washington como en Wall Street las expectativas están muy deprimidas, y analistas e inversores esperan un acuerdo “light” que solo sirva para refinanciar los vencimientos sin llegar a revertir el rumbo, renovar la confianza o terminar de encarrilar la economía.

El Gobierno está apremiado por el calendario de vencimientos y la sangría de reservas. El 22 de este mes, el Gobierno debe hacer frente a un pago de US$1900 millones. Tendrá además más vencimientos en el primer trimestre del año que viene en momentos en que las reservas líquidas del BCRA son escasas, y están bajo fuego, y cuando la brecha cambiaria sigue presionando a la actual administración. Por caso, la entidad que dirige Miguel Pesce debió vender ayer US$135 millones y cerró noviembre con saldo vendedor por US$890 millones. El año próximo hay pagos al FMI por alrededor de US$18.000 millones.

El miércoles pasado, Guzmán, se reunió con la Encargada de Negocios ad interim de la Embajada de los Estados Unidos de América en Argentina, MaryKay Carlson, y con Ernest Abisellan, Consejero de Asuntos Económicos, Ciencia, Tecnología, Medioambiente y Salud de esa representación diplomática.

“Durante la reunión, conversaron acerca de los principales puntos de la relación económica bilateral entre Argentina y los Estados Unidos”, indicaron en Hacienda. EE.UU. tiene la principal cuota en el Fondo y gran influencia sobre las decisiones del board, donde se tendrá que aprobar el memorándum de entendimiento. Antes de esa meta, el Gobierno debe lograr un acuerdo técnico con el staff.

Estados Unidos es un jugador clave en la construcción de consenso en el board, una gravitación que se profundizó luego del escándalo en el que quedó envuelta la directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, tras haber sido acusada de favorecer a China en un informe de competitividad durante su gestión en el Banco Mundial. Ese proceso dejó a la economista búlgara debilitada, y bajo la lupa del Congreso y la secretaría del Tesoro, que dirige Janet Yellen. Allí gana peso David Lipton, número dos del Fondo durante las negociadores con el gobierno de Mauricio Macri, en quien Yellen ha delegado la agenda internacional del Tesoro.

El fin de semana, la vicepresidenta Cristina Kirchner envió una carta en la que instó a la oposición a respaldar en el Congreso la negociación con el Fondo y en la fue ambigua con relación a su propio apoyo. “La lapicera la tiene el Presidente”, escribió sobre Fernández.

El Fondo ha pedido en reiteradas ocasiones que el acuerdo tenga un “amplio respaldo político y social”.

Antes de conocerse el resultado de las elecciones legislativas, el Presidente anunció que había aval de Cristina Kirchner a la negociación, ratificó a Guzmán al frente de la misma y anticipó que enviaría al Congreso un plan plurianual en las que el Gobierno comenzaría a exhibir sus metas durante los próximos años sobre déficit fiscal (y el financiamiento del mismo), las cuentas externas y la acumulación de reservas, el crecimiento y la inflación, entre otras variables que hacen a la sustentabilidad de la deuda.

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