Deuda. El Gobierno extendió por más de un mes la negociación con los bonistas
El Gobierno volvió hoy a dar muestras de que, pese a los encontronazos por la forma contractual de los nuevos bonos y a las persistentes diferencias por el valor de la oferta con algunos fondos de inversión, seguirá negociando para evitar el default de la deuda. En ese camino, la administración de Alberto Fernández se puso ahora una fecha definitiva.
El Ministerio de Economía confirmó que prorrogó, por quinta vez, el período de apertura de la oferta original con el objeto de mantener abierto el diálogo y el intercambio de propuestas con los bonistas por la reestructuración de la deuda privada bajo legislación extranjera. Esta vez, la extensión es mucho más prolongada en el tiempo que las previas: hasta el 24 de julio.
Desde el 22 de mayo pasado, el país se encuentra en default selectivo luego de que se venciera el período de gracia sin que se pagaran los US$503 millones en intereses de tres bonos globales. A fin de este mes, habrá nuevos vencimientos de esos bonos (el 28 de junio habrá que pagar US$98 millones del bono Century) y de un discount (el 30 de junio se pagan US$219 millones). Ambos tienen diferentes "indentures" (prospectos).
Es muy probable que el Gobierno no pague esos vencimientos y que logre -por contrato- habilitar los períodos de gracia de treinta días. Luego, ya cerca de la nueva fecha de vencimiento de las negociaciones, crecen las posibilidad de un cross default si no hay acuerdo.
"Esperemos esta sea la última y definitiva", contaron a LA NACION cerca el ministro Guzmán a la hora de evaluar esta nueva extensión del proceso con los acreedores bajo ley extranjera.
La decisión oficial, que fue comunicada a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC, por las siglas en inglés), se da luego de que el miércoles pasado todos los actores se levantaran de la mesa de negociaciones -una vez vencidos los acuerdos de confidencialidad- dando un portazo y al borde de quebrar los frágiles vínculos que se habían forjado en el proceso.
"Ningún acreedor me va a convencer de que haga sufrir más a los argentinos para pagar un peso de deuda más, en eso soy inflexible. No le pueden exigir a la Argentina lo que no le exigen al mundo", dijo el Presidente esa noche en una entrevista a Telefé. Sin embargo, luego, aclaró: "Yo no soy el presidente del default. El presidente del default es el que me precedió". Minutos antes, Guzmán había publicado su última propuesta y las que había recibido.
Los grupos más duros difundieron entonces un comunicado de alto voltaje en el que cuestionaban al Gobierno por "profundizar innecesariamente el deterioro económico rechazando una solución sustentable y sensible". Además advirtieron con la judicialización.
La decisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, choca con sus propias declaraciones de la semana pasada, en las que afirmó que, luego de finalizados los acuerdos de confidencialidad el martes, estaría listo para enmendar la primera oferta actual y reabrir un nuevo período -de diez días- para definir la tasa de aceptación de la nueva propuesta argentina. La primera oferta tuvo una aceptación de alrededor de 13%, según datos del mercado no confirmados.
Tal como informó hoy LA NACION, la diferencia entre la tercera propuesta de Guzmán y la última de los comités más duros -AdHoc y Exchange- era de entre US$6100 y US$6800 millones. Para el Gobierno, se trata de US$220 millones anuales extra sin contar el "endulzante" diseñado por el ministro (un bono atado a las exportaciones argentinas). Este bono ya genera que la Mesa de Enlace reclamara una audiencia ante el ministro.
Con los fondos más duros -Blackrock, Ashmore, Fidelity-, la diferencia llega a entre cinco u ocho centavos por dólar, según el valor presente neto (VPN) a una tasa de descuento de 10%. En en oficialismo creen que son los comités más duros -AdHoc y Exchange- quienes deben dar el próximo paso para avanzar en las negociaciones, ya que estiman que una vez logrado un acuerdo "amplio" habrá una baja de la tasa de interés y una suba de los precios de los bonos.
El fuerte enojo entre los negociadores oficiales se dio cuando desde estos comités reclamaron para los nuevos indentures -prospectos- las mismas protecciones que tenían los bonos de los canjes en 2005 y 2010. Los bonistas creen que la historia de la Argentina como defaulteador serial amerita esa protección que otorgan las viejas cláusulas de acción colectiva.
En el oficialismo recalcan que los bonistas ya aceptaron con los "bonos Macri" cláusulas menos amigables para ellos y hoy consensuados en la comunidad financiera internacional luego de la crisis griega que, como el caso argentino, propició la aparición de "fondos buitre".
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