Deuda. Crean un grupo de trabajo con provincias para mostrar unidad frente a los acreedores
LA NACIONFrancisco Jueguen
Luego de que el Gobierno decidiera ayer no pagar los intereses de los bonos globales por US$503 millones y le pusiera una fecha límite concreta a la oferta oficial presentada a los acreedores privados la semana pasada, hoy buscará acordar con las provincias una estrategia coordinada para la deuda bajo legislación extranjera, incluso de esos distritos.
El ministro de Economía Martín Guzmán creó para eso la Unidad de apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, que estará dirigido por el exComisión Nacional de Valores (CNV), Rafael Brigo. Hoy habrá un primer encuentro a las 17 -vía teleconferencia- con todos los ministros de Hacienda de las provincias. Allí estarán Guzmán y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. La creación de esta unidad es "temporal", aclararon.
"La idea es unificar criterios para las problemáticas de las deudas bajo legislación extranjera entre la Nación y las provincias", contaron a LA NACION cerca de Guzmán. Pero no sólo se coordinarían estrategias. Volverá a ser, como la semana pasada en la Quinta de Olivos, un intento del Gobierno de mostrar acuerdo político para la oferta de deuda presentada.
Ayer, el Gobierno decidió dejar de pagar intereses -por primera vez- de títulos que responden a una legislación foránea. Tal medida había sido anticipada tanto por el presidente Alberto Fernández como por el ministro de Economía, quienes habían señalado con anterioridad que una vez presentada la oferta para la reestructuración de la deuda se dejarían de abonar esos intereses con las reservas internacionales con las que cuenta el país.
Por caso, el último martes el gobernador bonaerense, Axel Kicillof ya había adelantado a los intendentes la oferta de reestructuración de la deuda de la provincia nominada en moneda extranjera iba a ser por un monto total elegible de US$7148 millones. Les dijo que propondrá un período de gracia de tres años, con quita de intereses en el orden del 55 por ciento y una quita de capital del 7 por ciento. De acuerdo con el documento elevado a los alcaldes, la reducción de la carga total de la deuda en intereses y capital para el período de 2020-2030 se estimaba en US$5000 millones. Además, buscará extender el plazo de cuatro a 13 años.
En tanto, entre los detalles clave de la oferta de Guzmán surgen una estructura de bonos amortizables con tasas escalonadas nunca mayores al 5%, quitas de capital que van de entre 12% y 18% para los papeles más cortos según la moneda, un esquema de "opcionalidades" para elegir los nuevos papeles y diluir el poder de los bonistas, y vencimientos hasta 2047.
Además la oferta nacional una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023. Eso significa que el Gobierno no pagaría hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. Las mismas irían creciendo a niveles "sostenibles". El cupón promedio rondaría finalmente el 2,33%.
Brigo es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) especializado en estimaciones de actividad económica, indicadores, cadenas de valor y clusters productivos, según una biografía oficial. Fue gerente de Estudios Económicos y Sociales del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) y anteriormente se desempeñó en la Secretaria de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Dirección de Estadísticas Económicas de la Dirección Provincial de Estadística (DPE) de la Provincia de Buenos Aires, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas); y en forma particular para organismos como CEPAL, Banco Mundial, Fundación Pescar, FCE-UNLP.
"La República Argentina ratifica su voluntad de pago aun en el gravísimo contexto internacional que se ha generado producto de la pandemia del Covid-19, y busca dentro del marco de los contratos existentes un perfil de endeudamiento sostenible que no atente contra, sino que sea en un todo compatible con, un sendero de crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo, que mejore la capacidad de repago futura y los indicadores sociales básicos", informó ayer el Ministerio de Economía, que puso como límite a la aceptación o no de la oferta de reestructuración de la deuda por parte de los bonistas una fecha: el 8 de mayo.
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