Deuda en dólares: según el Gobierno, el año pasado hubo récord histórico de créditos de organismos internacionales

El año pasado, el Gobierno terminó con un récord histórico de desembolsos de Organismos Internacionales de Crédito (OIC). En total, sumaron US$5023 millones, la cifra más alta de la serie histórica desde 1990 y un incremento del 27,5% con respecto a 2021.

Los números los dio a conocer esta mañana el Gobierno, a partir de los registros de la Secretaría de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales del Ministerio de Economía. En el comunicado, se destacó que los desembolsos se aceleraron a partir de agosto del año pasado, cuando Sergio Massa asumió como el titular del Palacio de Hacienda. El 77% del total -casi US$4000 millones- se realizaron entre el octavo mes del año y diciembre.

Si bien el financiamiento externo en dólares es bien visto por el mercado, suele ser motivo recurrente de críticas por parte del kirchnerismo. “Es positivo que haya crédito internacional para proyectos de desarrollo. Pero la realidad es que el aumento de los desembolsos de estos organismos tuvo más que ver con la desesperación del Gobierno por conseguir dólares para estabilizar el tipo de cambio más que otra cosa. Ahora se tiene el compromiso de hacer estas obras, pero en el corto plazo el Ejecutivo privilegia tener esas divisas”, consideró Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

Se trata de la cifra más alta de serie histórica, superando los US$4669 que se alcanzaron en el año 2003. En tanto, el flujo neto positivo (es decir, que los ingresos han sido mayores que los egresos generados por los pagos) fue de US$1913 millones, el más elevado de los últimos 26 años.

“Nos prestaron más, es flujo neto positivo. Endeudamiento en dólares. No entiendo qué es lo que hay que festejar tampoco, ni por qué se hace un balance de gestión a menos de cinco meses de haber empezado”, apuntó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.

Al observar en detalle, el mayor desembolso provino del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), ya que representó casi la mitad de los préstamos (49%). Le siguieron el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con un 20%; la Corporación Andina de Fomento (CAF), con 14%; fuentes bilaterales, otro 14%; el Fonplata, 1%; el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) un 1%; y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con 0,14%.

“Se habla de desembolsos; pero si se tienen vencimientos, se tiene que desembolsar más y más para no ir a default o tener que pagar con dólares propios. Es un poco tramposo hablar solamente de eso. Pero, en definitiva, es tomar deuda. Es lo mismo hacerlo con un privado o el FMI. Puede haber más o menos condicionalidades, pero al final del día es deuda que se tiene que pagar en algún momento, variables que se tendrán en cuenta para la próxima gestión de Gobierno. Sobre todo porque la Argentina tiene muy pocas reservas netas y, aunque los vencimientos no tendrían que ser problemáticos, en dólares cualquier enfrentamiento de pago parece alto. Lo que realmente sería positivo para el país es que se reduzca el déficit”, añadió Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria Consultores.

Con el BID se alcanzaron varios acuerdos, sobre todo en el segundo semestre del año. Por ejemplo, a finales de noviembre de 2022 se aprobó un préstamos de US$500 millones para fortalecer la lucha contra el cambio climático y, de paso, ayudar a fortalecer las reservas y contener los dólares hacia fin de año.

Con ese desembolso, la asistencia del BID a la Argentina se elevó a US$1200 millones en el último trimestre del año. Aunque originalmente se habían acordado US$800 millones, pero Massa logró desbloquear los montos e incrementar la cifra luego de su reunión en Washington con Mauricio Claver-Carone, quien entonces era presidente de la entidad y fue echado por un escándalo ético.

En tanto, en septiembre de 2022 se aprobaron contratos de financiamiento de la CAF por US$665 millones, destinados al Programa Argentina contra el Hambre, obras viales y de saneamiento, acciones ambientales y acceso de pymes agropecuarias a los mercados externos.

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