Deuda. El Gobierno confirmó que no pagó los US$503 millones y que abre el período de gracia
El Gobierno confirmó la decisión de no pagar los intereses de los bonos globales que vencían hoy y abrió, así, el período de gracia por 30 días para seguir negociando la reestructuración de la deuda con los acreedores con papeles bajo legislación extranjera. De esta manera, se estrecha el margen que puede llevar nuevamente al país al camino del default.
El Ministerio de Economía le puso además una fecha precisa al final de la negociación con los bonistas. Será el 8 de mayo próximo. "Es en el marco del lanzamiento de esta oferta [por la que presentó a los bonistas a fines de la semana pasada], cuyos términos expiran el día 8 de mayo de 2020, que la República decidió valerse de los períodos de gracia contemplados para los servicios de renta correspondientes a los bonos Internacionales de la República Argentina en dólares estadounideses 6,875% 2021, los bonos internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses 7,50% 2026, y los bonos internacionales de la República Argentina en dólares estadounidenses 7,625% 2046", ratificó el Ministerio.
"Eso se descontaba. La gran pregunta es si va a ver una negociación para tratar de acercar posiciones o si el Gobierno se planta en la propuesta. Los bonos ya cayeron más de 10% desde que se dieron los detalles de la propuesta, con lo cual el comienzo no ha sido auspicioso", afirmó el ex secretario de Finanzas, Miguel Kiguel, en Twitter.
"La República Argentina ratifica su voluntad de pago aun en el gravísimo contexto internacional que se ha generado producto de la pandemia del Covid-19, y busca dentro del marco de los contratos existentes un perfil de endeudamiento sostenible que no atente contra, sino que sea en un todo compatible con, un sendero de crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo, que mejore la capacidad de repago futura y los indicadores sociales básicos", añadió el Palacio de Hacienda.
El mercado ya descontaba el no pago de los intereses de los bonos globales por US$503 millones. Esa negativa ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que siempre dijo que trataría igualitariamente a la legislación local, a la que reperfiló unilateralmente, y a la extranjera una vez que presentara la oferta lanzada la semana pasada.
Al no pagar, el Gobierno ingresa en un período de gracia de 30 días para negociar. Luego vendrá la posibilidad del cross default, la exigencia por adelantado del pago de otros bonos, a los 60 días. Entonces, la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) declararía en default a la Argentina y gatillaría inmediatamente los credit default swaps.
"En diciembre de 2019, el Honorable Congreso de la Nación declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social por medio de la Ley Nº 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva", rememoró el comunicado de Hacienda. Agregó: "Además, facultó al Poder Ejecutivo Nacional a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina, procurando resguardar la recuperación de la actividad económica y la mejora de los indicadores sociales básicos."
Recordó la Ley N° 27.544 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Ley Extranjera que declaró prioritario para el interés de la Argentina para la restauración de la sostenibilidad de la deuda a emitida bajo ley extranjera y que autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar una serie de operaciones para lograr dicho objetivo. "En ese contexto, desde fines del año pasado, el Ministerio estableció canales de diálogo con acreedores e instituciones financieras para comenzar las conversaciones que permitiesen alcanzar un nuevo perfil de vencimientos y restaurar así la sostenibilidad de la deuda pública", se indicó.
"Como culminación de este proceso valioso de interacción con los distintos agentes participantes del mercado, el Ministerio realizó una Propuesta de Reestructuración mediante una oferta de canje que se publicó en el día de ayer tras el registro de los títulos ofrecidos con la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos. El objetivo que se persigue es realizar una operación de canje de deuda que resulte efectiva a efectos de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública en moneda extranjera", aseguró la cartera que conduce Guzmán.
Entre los detalles más importantes de la oferta surgen una estructura de bonos amortizables con tasas escalonadas nunca mayores al 5%, quitas de capital que van de entre 12% y 18% para los papeles más cortos según la moneda, un esquema de "opcionalidades" para elegir los nuevos papeles y diluir el poder de los bonistas, y vencimientos hasta 2047.
Además la oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3600 millones) y un período de gracia por tres años, hasta 2023. Eso significa que el Gobierno no pagaría hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. Las mismas irían creciendo a niveles "sostenibles". El cupón promedio rondaría finalmente el 2,33%.
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