Deuda: el Gobierno prorroga hasta el 19 de junio la negociación con los bonistas
El Gobierno extendió una semana más, hasta el 19 de junio, la renegociación de la deuda con los bonistas con títulos bajo legislación extranjera, pese a que se esperaba para hoy la enmienda a la oferta original y el principio de un posible acuerdo para evitar el default.
"Se extienden los acuerdos de confidencialidad hasta el martes, de modo que se extienden las negociaciones hasta ese día", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una declaración posterior a la prórroga oficial. "Se extiende la fecha de cierre de la oferta para poder enmendarla luego del martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad", aclaró.
"Estamos menos lejos", afirmó un funcionario de Economía. "La brecha no es tan amplia como antes", agregó y dejó un dato clave: "El diseño del VRI (por value recovery instrument) final es la clave para achicar esa última brecha". Ese warrant es un bono atado a las exportaciones -la variable que ganaba la carrera esta semana- que agregaba valor a la oferta, pero que no modificaba los cálculos oficiales sobre la sustentabilidad de la deuda.
El aumento de las ventas al exterior seguirán siendo condicionante (en el VRI), confiaron en Economía, para seguir trabajando en acortar la brecha en la semana que comienza. Sin embargo, esta opción comenzó a generar dudas en el sector exportador más importantes del país: el campo. "Nos permitimos solicitar con el mayor respeto, conocer en la medida que sea posible, los fundamentos, alcances y aspectos centrales de un bono que por las características señaladas, de resultar ciertas las noticias, se vincula estrechamente con nuestra actividad productiva, la política fiscal y tributaria futura", dijo ayer un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). La mesa de enlace, que agrupa a CRA, la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA) solicitó en una carta en las últimas horas una audiencia con el ministro Guzmán.
Con relación al margen limitado -por debajo de los 50 centavos por dólar a tasa de descuento de 10% que fuera indicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI)- para ampliar la propuesta local, y a la posibilidad de pasarse de ese techo, el funcionario señaló ante la consulta de este medio: "Es difícil de mensurar si te vas a pasar, porque, al ser un pago contingente, es muy subjetivo y condicionado a qué escenario se termine materializando y a las tasas de descuento que utilizan unos y otros".
Ya cuatro fuentes oficiales embarcadas en la negociación habían adelantado esta mañana a LA NACION que esa posibilidad se estaba barajando en el Ministerio de Economía. Lo mismo habían anticipado a este medio una fuente cercana a los acreedores externos y otra en Washington. Finalmente, esas sospechas fueron confirmadas por el Palacio de Hacienda, que publicó la prórroga pedida oficialmente ante la Comisión de Valores de los EE. UU. (SEC, por las siglas en inglés) y una resolución en el Boletín Oficial con similar texto.
Se trata de la cuarta prórroga a la oferta original de la Argentina. La dilación vuelve mostrar que, pese a los acercamientos de las partes, todavía quedan diferencias significativas a la hora de renegociar una deuda elegible bajo legislación Nueva York por casi US$69.000 millones.
Hoy era el deadline de la tercera prórroga que hizo el Gobierno de las negociaciones en las que lleva embarcado ya varios meses. El ministro de Economía, Martín Guzmán, con aval del Fondo, aseguró semanas atrás que no puede mejorar su propuesta por encima de un valor presente neto de 50 centavos por dólar a tasa de descuento de 10%. Sin embargo, los bonistas reclaman que la propuesta llegue, en promedio, hasta los 53 centavos por dólar.
En los últimos días, surgió la posibilidad de que el equipo que trabaja con el ministro ofrezca un bono atado a las exportaciones argentinas para poder acercar posiciones. Ese VRI no sería del gusto de todas la partes, ya que algunos fondos de inversión (los más duros son Ashmore, BlackRock y Fidelity) buscan un flujo que no esté condicionado en el tiempo por variables que no consideran asegurables en un país inestable como la Argentina.
El Ministerio de Economía pensaba presentar hoy la enmienda a la oferta de la deuda lanzada el 16 de abril último. Una vez realizada se abriría un período de diez días para definir la tasa de adhesión a la nueva oferta. Este cronograma cambiará ahora. Ese lapso podría, en tanto, abrirse desde el viernes próximo. La primera oferta, el 8 de mayo, tuvo una aceptación cercana al 13%, según datos del mercado nunca confirmados en el Palacio de Hacienda.
"Soft default"
El último 22 de mayo, el país ingresó en un default selectivo, o un "soft default", como lo llamaron en el Ministerio de Economía, luego de que se cumpliera el período de gracia de un mes después de no pagar el 22 de abril los intereses de tres bonos Global por US$503 millones. Sin embargo, embarcado en negociaciones de "buena fe", por ahora, el Gobierno logró evitar que un 25% de los acreedores, la masa necesaria, acelerara la deuda.
La oferta original implicaba una reducción en la carga de intereses de 62% (US$37.900 millones), un alivio en el stock de capital del 5,4% (US$3600 millones) y un período de gracia de tres años. Eso significaba que el Gobierno no tendría que hacer pagos hasta 2023. Ese año, el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5%. El mismo iría creciendo a niveles "sostenibles" y el cupón promedio rondaría finalmente el 2,33%.
Cuando presentó más detalles, Guzmán aclaró que de su oferta inicial surgía una estructura de bonos amortizables con tasas escalonadas, quitas de capital por bono que iban de entre 12% y 18% para los papeles más cortos según la moneda, un esquema de "opcionalidades" para elegir los nuevos papeles y diluir el poder de los bonistas y vencimientos hasta 2047.
Con el tiempo y el avance de las negociaciones, la propuesta del Gobierno mutó, aunque aún sin una presentación formal ante la SEC. El Gobierno eliminó las quitas de capital y bajó de tres a dos años el período de gracia, uno de los temas más debatidos junto con el reconocimiento de los intereses corridos en el período de gracia, entre otras mejoras aplicadas.
De la misma manera, por lo menos dos grupos de bonistas acercaron una propuesta que consideraban sustentable y que ofrecía un alivio de hasta US$36.000 millones en nueve años. Fue calificada por Guzmán como un avance "insuficiente".
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