Deuda. El Gobierno afina un instrumento para cerrar la brecha con los bonistas
LA NACIONFrancisco Jueguen
La intervención y expropiación de Vicentin no podía llegar en un peor momento para Martín Guzmán, enfrascado en el cierre de la negociación para reestructurar la deuda argentina con los acreedores del país. Hoy todo el mundo financiero mira a la Argentina.
Sin embargo, la negociación hace sus avances en paralelo a las dudas que aparecen en el sector privado.El Ministerio de Economía trabaja en un bono condicionado a una variable de la economía o value recovery instrument (VRI, según las sigas en inglés) para ofrecer a los bonistas. En principio, no sería vinculado al PBI pero, como adelantó ayer el periodista Carlos Pagni en LN+, sí podría estar vinculado al crecimiento de las exportaciones. Esta es la variable, para el Gobierno, que corre un poco más adelante en la consideración. Ante la consulta de este medio, en el Palacio de Hacienda no quisieron hacer comentarios.
"Ese warrant podría ayudar a cubrir la diferencia", contó una fuente vinculada a la negociación con los bonistas. "Básicamente, se mantiene el flujo que Guzmán considera sustentable, pero ese flujo crece en caso de que la Argentina crezca, exporte más o incluso vuelva al mercado financiero. Hay múltiples opciones para ser creativos", contó el experto a LA NACION.
Por otro lado, a través de ese VRI, el Gobierno se guarda la carta para regular el momento exacto en el que comenzar a mejorar los flujos de los acreedores. El FMI sugirió implícitamente la semana pasada, según la relectura de un comunicado oficial que hace el Ejecutivo, que el margen para mejorar la oferta a los bonistas están en el período posterior a 2024.
Sin embargo, esa opción no es garantía del éxito. Aún los fondos de inversión más duros, entre ellos citan a BlackRock, Ashmore y Fidelity, no harían uso de esa opción y esperan que el Ministerio de Economía acerque una opción que garanticen el flujo por ellos esperado. Sin embargo, puede ser un instrumento interesante para otros acreedores, pese a que fue una opción que el ministro Guzmán puso desde un principio desde la mesa.
No obstante, estos instrumentos corren con un pecado de origen, un prontuario para el oficialismo. El último cupón atado al PBI de las viejas reestructuraciones de deuda durante la gestión de Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen hoy son todavía objetos de juicios en los EE.UU. por la manipulación de las estadísticas públicas durante 2007 y 2015 que comenzó Guillermo Moreno en el Indec con aval tanto de Néstor como de Cristina Kirchner.
En el mercado financiero estiman que la negociación podría cerrar entre U$52 o US$53 centavos por dólar a una tasa de descuento del 10%. El Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de una charla entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva unos días atrás afirmó que el país no podía pagar más de un Valor Presente Neto (VPN) de US$50 centavos por dólar.
Ayer volvieron a firmarse, según confiaron fuentes del Gobierno a LA NACION, los acuerdos de confidencialidad o non disclosure agreement (NDA, según la siglas en inglés) entre el Ministerio de Economía y los tres comités que representan a parte de los bonistas. "Es bueno que se hayan sentado nuevamente en la mesa de negociaciones", advirtieron los negociadores.
La decisión sienta a todos las partes a negociar la letra fina del posible acuerdo. No sólo eso obliga a los participantes a no jugar en el mercado mientras duren los acuerdos. El reloj corre. El último fin de semana, el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo un encuentro con el presidente Alberto Fernández para definir la enmienda a la oferta presentada el 20 de abril.
El viernes vence la tercera prórroga a la negociación y, probablemente ese día, el Gobierno enmiende la oferta original lanzada el 20 de abril con las nuevas condiciones. Lo hará ante la Comisión de Valores de los EE.UU. (SEC, según las siglas en inglés) y además deberá publicar la enmienda en el Boletín Oficial. Desde entonces, se abrirá un proceso formal de diez días en el que los bancos (HSBC y BoA) buscarán sumar la mayor adhesión posible.
El último 8 de mayo, el deadline que marcó el propio Gobierno para su oferta inicial, el Ministerio de Economía habría tenido una aceptación cercana al 13%, según datos del mercado. El Ministerio de Economía desconoció ese número, pese a que no informó otro, y, en cambio, afirmó que la oferta nunca cerró definitivamente porque debió ser prorrogada.
No obstante, desde entonces y hasta la actualidad, Guzmán debió moverse y mucho de su posición original para acercar las posiciones con los acreedores bajo ley Nueva York. También lo hicieron los bonistas, incluso los más duros, que quince días atrás presentaron una oferta que consideraban sustentable, pero que para Economía resultó "insuficiente".
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