Deuda. Apoyo del G6 a la oferta oficial a una semana del cierre de la negociación

"Esta es la oferta definitiva. Hasta aquí hemos llegado", respondieron con algún retraso en el Ministerio de Economía a la pregunta. Era martes por la tarde. La tardanza allí se debió a que los funcionarios esperaban una ratificación política de la posición argentina de no innovar ante la contrapropuesta del lunes de los tres comités de bonistas que negocian con el país. Luego de que la Argentina presentara cuatro iniciativas y ante la presión por sentar al equipo oficial de nuevo en la mesa, Alberto Fernández confirmó esa tarde que, por ahora, esperarán.

Entre críticas públicas y veladas de los acreedores al ministro de Economía, Martín Guzmán, el Gobierno sumó un nuevo apoyo a su propuesta: el del G6. Y por las dudas, la pregunta al Palacio de Hacienda se reactualizó."¿La Argentina se moverá?", repreguntó hoy LA NACION. "No", contestó una fuente oficial. "En lo económico no hay nada más que discutir. Si con algunos cambios legales se destraba, tiene que acelerarse el proceso", aclaró otro hombre del equipo de Guzmán ante la consulta sobre la negociación.

Las presiones para forzar movimientos desde ambos costados del proceso se multiplicaron con el correr de las horas ante la inminencia de una semana clave, la última, antes del 4 de agosto, fecha de cierre de la segunda oferta formal argentina. ¿La buena noticia? Esas presiones visibilizan los incentivos que existen de ambos lados para cerrar un acuerdo definitivo. El Gobierno mira la "sustentabilidad" macro (la posibilidad de hacer política pública y generar densidad política), y los acreedores un mejor deal (no sólo por afán pecuniario sino ante la inminencia de otras reestructuraciones de deuda soberana en el radar).

Triunfo o fracaso dependerá ahora de la tasa de adhesión lograda y las interpretaciones, en base a ese número, de los mínimos de participación, las cláusulas de acción colectiva, y la polémica estrategia "pac-man" (redesignación) que podría impulsar el Gobierno. Por eso, el 4 de agosto definirá si el país logra las mayorías necesarias para cerrar un nuevo capítulo de default (el noveno) o si requerirá extender las negociaciones y volver a ceder.

"Soy un instrumento del Presidente", suele decir el ministro Martín Guzmán, que esta semana recibió el apoyo directo del primer mandatario -lo sentó a su lado en su presentación virtual en el Consejo de las Américas-, de la vicepresidenta Cristina Kirchner a través de un tuit, y de los empresarios del G6, curiosamente cuestionados por el kirchnerismo más duro el último 9 de Julio. Esta semana, la CGT y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en un encuentro del sector privado sin el Estado presente, indicaron que un acuerdo es condición necesaria para la reconstrucción de la economía argentina en la etapa de la pospandemia.

Pese a las críticas a los planes económicos por parte del Presidente, Gobierno y empresarios coinciden en que cerrar un acuerdo es clave para los objetivos oficiales. Sin una reestructuración exitosa esos objetivos declamados se hacen prácticamente inaccesibles: estabilidad cambiaria en el corto plazo, más exportaciones y acumulación de divisas, inversiones privadas y nuevo programa con el FMI parecen imposibles.

"Luego de varios meses de negociación, la Argentina consolidó una propuesta que compatibiliza las posibilidades de crecimiento con el cumplimiento de las obligaciones contraídas, además de reducir las erogaciones futuras. En este sentido, el diálogo entablado y la oferta presentada muestran la voluntad del país de despejar las incertidumbres del horizonte financiero", indicó el comunicado del G6 difundido por los empresarios y por el Gobierno.

"La propuesta elevada por el Estado Nacional y la voluntad de pago construyen una alternativa que mejora la situación objetiva de ambas partes. Con su última oferta, nuestro país procura responder de buena fe a los requerimientos de su contraparte. Ahora, se requiere que los acreedores externos cooperen con un esfuerzo final para concretar la reestructuración consensuada", agregaron los empresarios, que todavía tienen dudas acerca del rol que el Gobierno asigna al sector privado en la economía actualmente y en el futuro.

Cerraron: "De tal forma que constituya en un avance para dos prioridades convergentes: el desarrollo integral de la Argentina y la garantía de que el país va a honrar sus compromisos".

Entre los acreedores privados, crecen las críticas hacia Guzmán. Las diagonales que llegaban al Presidente y que algunos encontraban a través de Sergio Massa, por ahora, están cortadas. En el círculo de Fernández sostienen al ministro, a pesar del regateo que proponen los bonistas, que no sólo accederían a un valor presente neto (VPN) menor al de la propuesta presentada el lunes sino que además ofrecen una adhesión elevada -que evitaría juicios a futuro en Nueva York- y, lo que es más importante para el Gobierno, la posibilidad de empaquetar una mejora de la oferta oficial en un envase digerible políticamente para la gente.

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