Detrás de la batalla por el petróleo argentino

BUENOS AIRES.- Con sus riñas internas y la participación de un monarca, la batalla entre la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner e YPF SA, la mayor energética del país, se ha vuelto lo suficientemente jugosa como para competir con cualquier telenovela latinoamericana.

Indignada por la caída de la producción de petróleo de YPF en Argentina, Kirchner envió recientemente a sus subordinados para que participaran en una reunión de la junta directiva de la empresa.

Los funcionarios, sin embargo, afirman que YPF les impidió, de manera brusca, el acceso. En medio de fulminantes ataques del gobierno contra YPF, en la que la española Repsol YPF SA tiene una participación mayoritaria, el rey Juan Carlos llamó personalmente a Kirchner para pedirle que no fuera tan dura con la compañía, según una fuente cercana. El conflicto ha repercutido en la acción de Repsol, que el 2 de abril se desplomó 15% luego de que un gobernador provincial dijera que revocaría los derechos de uno de los mayores yacimientos petrolíferos de la empresa.

Nadie sabe cómo terminará el guión. Kirchner ha dicho que utilizará "todas las armas que da la Constitución" para conseguir una mayor producción de YPF, a la que culpa de la creciente dependencia del país de la energía importada.

Sin embargo, los debates al interior del gobierno sobre una serie de opciones de reestructuración son acalorados y van desde la completa nacionalización de YPF hasta una alianza con una firma del sector privado para lanzar una oferta hostil de adquisición, según una fuente cercana.

Muchos de los posibles caminos están repletos de riesgos jurídicos y económicos para Kirchner.

Aunque la campaña contra YPF le está proporcionando a Kirchner un impulso político con su base de izquierda, al mismo tiempo plantea dudas a largo plazo sobre el clima de inversión y la política energética argentina.

"El impacto sobre el clima de inversión es extremadamente negativo", dice Warren Levy, fundador y presidente de Estrella, una de las empresas de servicios petroleros de mayor crecimiento en Sudamérica. "Las empresas petroleras se sienten mucho más cómodas con riesgos técnicos que políticos o fiscales", añade.

Algunos ejecutivos de la industria creen que el gobierno de Kirchner ha alentado a los líderes provinciales para despojar a YPF de sus concesiones petroleras como una estrategia para bajar el precio de las acciones de la compañía.

La reducción de la capitalización de mercado de YPF disminuiría la indemnización que el gobierno tendría que pagar a Repsol YPF en caso de una nacionalización.

El valor de mercado de YPF ha caído a la mitad, a cerca de US$9.000 millones, desde los US$17.500 millones de hace un año, sobre la base de sus ADR que cotizan en Nueva York.

Tanto voceros de YPF como del gobierno argentino declinaron comentar para esta nota. Pero en respuesta a las quejas del gobierno sobre sus inversiones, YPF ha resaltado que invirtió US$3.000 millones el año pasado, casi 55% más que en 2010, y tiene la intención de aumentar tal monto en 2012.

El eje central de la disputa es que, después de una década de crecimiento económico acelerado en Argentina, la lánguida producción energética no ha logrado satisfacer la rápida expansión de la demanda. Aunque el consumo de petróleo y gas aumentó 38% y 25%, respectivamente, entre 2003 y 2010, la producción de crudo descendió 12% y la de gas 2,3% en el mismo período, según un informe de Barclays Capital. Argentina ha tenido que depender cada vez más de costosas importaciones. La balanza comercial de energía pasó de un superávit de unos US$2.000 millones en 2010 a un déficit de unos US$3.000 millones en 2011.

El gobierno ha culpado directamente a YPF por la caída de la producción, a la que acusa de no haber invertido lo suficiente. "En estos tres años no han perforado ni un solo pozo nuevo", dice

Martín Buzzi, gobernador kirchnerista de la provincia de Chubut, sobre la revocación de varias concesiones de YPF el mes pasado.

YPF y otras empresas privadas de energía sostienen que, para encontrar el culpable, el gobierno sólo tiene que mirarse al espejo.

Las compañías de energía señalan que las políticas oficiales —como los altos impuestos, los precios máximos sobre las tarifas de energía para los hogares y los cambios imprevistos de las reglas de juego, como la suspensión de las exenciones tributarias sobre el gasto en producción— desalientan la inversión.

"Es una calamidad", dice la senadora María Eugenia Estenssoro, una crítica de la política del gobierno que forma parte de la comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado. "Perdimos nuestra i independencia energética", observa.

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