Destino incierto para un conjunto de activos estratégicos para el país

La situación de las centrales hidroeléctricas del Comahue muestra de manera gráfica la falta de políticas del Estado o un plan de largo plazo, algo que caracteriza a la Argentina hace varios años. Luego de 30 años de concesión, en agosto pasado vencieron los contratos que tienen distintas empresas privadas sobre la operación y mantenimiento de las represas Alicurá, El Chocón Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Sin embargo, desde entonces, el gobierno anterior y el actual prorrogaron la concesión por 60 días, sin dar detalles sobre qué ocurrirá a futuro.

En otras palabras, desde 1993 los distintos gobiernos sabían que en 2023 vencían los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas. La gestión de Alberto Fernández armó una comisión para “elaborar un informe circunstanciado, detallando el estado de situación de cada concesión”. La idea final era crear una nueva empresa estatal que se quedara con las centrales y que licitara su mantenimiento.

Ese plan, sin embargo, no tenía mucho eco entre las compañías privadas, que se mantienen en el negocio no por el flujo que cobran (tarde) de Cammesa, la compañía con control estatal encargada de los despachos de energía, sino por la posibilidad de contabilizar las represas dentro de sus activos.

Las negociaciones acerca del futuro de las represas también incluye a las provincias patagónicas, que piden mayor participación accionaria en el reparto de los activos. La semana pasada, por ejemplo, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió a la legislatura provincial un proyecto de ley para “reafirmar la propiedad provincial de los recursos” y “establecer regulaciones claras y rigurosas para el uso de aguas públicas con destino a la generación de energía hidroeléctrica”.

“Los recursos naturales son de las provincias, así lo establece la reforma constitucional de 1994. Por ese motivo, desde el Ejecutivo provincial se busca evitar la intromisión indebida del gobierno central en las autonomías locales y fortalecer el federalismo”, dice el comunicado que publicó el Departamento Provincial de Aguas de Río Negro.

La Secretaría de Energía, mientras tanto, publicó hoy en el Boletín Oficial una nueva prórroga de las concesiones por 60 días. Es la cuarta extensión que se hace, desde que vencieron en agosto pasado, y la normativa fija que se puede seguir prorrogando hasta que se cumpla un año del vencimiento (agosto próximo). Para esa fecha, el Gobierno tendrá que haber decidido o quedarse con la operación y mantenimiento de las represas o haber convocado a una nueva licitación.

En el entorno del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, dijeron que “en poco tiempo habrá noticias y que se está trabajando en ese tema”.

Para las empresas, sin embargo, esta situación genera una fuente más de incertidumbre, que se suma a los retrasos en el pago de Cammesa, que adeuda todavía una parte de los vencimientos de enero y la totalidad de febrero y marzo.

Entre las compañías se encuentran la italiana Enel, a cargo de El Chocón y Arroyito; la estadounidense AES, que tiene la operación de Alicurá, y las argentinas Aconcagua y Central Puerto, a cargo de las represas Cerros Colorados y Piedra del Águila, respectivamente.

Entre las cinco centrales, que se encuentran sobre los ríos Limay y Neuquén, suman una potencia instalada de 4170 megawatts (MW), que representa el 10% del total de la oferta de energía eléctrica del país.

Entre 2024 y 2026, vencen otras 15 centrales hidroeléctricas, pero de menor potencia instalada que las primeras cinco. En total, se trata de un negocio que genera alrededor de US$200 millones por año.

Pago prioritario de Cammesa

La Secretaría de Energía sorprendió también hoy al publicar un cambio en las condiciones de pago de Cammesa y estableció que tendrán prioridad de cobro las empresas transportistas, entre la que se encuentra Transener, que recientemente tuvo problemas para pagar los salarios de sus empleados.

La resolución generó sorpresa entre las generadoras, entre las que se encuentran Pampa Energía, Genneia, Central Puerto, YPF Luz, AES y Enel, ya que también tienen problemas de capacidad de pago a sus proveedores por las demoras de Cammesa. “Es bastante demencial”, dijeron en una de ellas a LA NACION.

Antes, Cammesa pagaba de manera proporcional a cada empresa según el dinero que iba recibiendo por parte del Tesoro y de las empresas distribuidoras, entre las que se encuentran Edenor y Edesur, que son las encargadas de recaudar el dinero de las tarifas.

Energía dijo en la resolución que fue notificada por Cammesa de que el fondo de estabilización “se ha encontrado en déficit permanente, razón por la cual no es posible cubrir en tiempo y forma la totalidad de las diferencias entre lo recaudado de acuerdo a los precios y cargos facturados a los agentes demandantes y los montos que efectivamente habrá que abonar a los agentes acreedores del mercado eléctrico mayorista (MEM)”.

Entre las razones que mencionó para establecer como prioridad de pago a las empresas transportistas es que “representan una porción significativamente menor en función de la magnitud de las transacciones mensuales del MEM”.

Antes de pagarles a las transportistas, sin embargo, Energía aclaró que la prioridad de cobro la tendrá el Estado, ya que Cammesa previamente deberá “cancelar el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”.

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