Denuncian que el kirchnerismo frenó los desarrollos inmobiliarios en La Plata
El intendente Julio Alak paralizó las tramitaciones de obra porque desconoce los cambios en la normativa aprobados en la gestión anterior de Cambiemos, que habilitó emprendimientos en zonas rurales
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LA PLATA.- La Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU) de la Región Capital denunció la “angustiante situación” que atraviesan sus asociados por la parálisis de las tramitaciones de obras por parte del municipio local al desconocer la normativa generada durante la anterior gestión de la comuna y mantener frenados los expedientes desde diciembre último.
Así lo expusieron los empresarios en una nota elevada esta semana al intendente Julio César Alak (Unión por la Patria) en la que pidieron con carácter urgente una audiencia para poder destrabar la situación que, sumada a la caída general de las contrataciones en la esfera pública, provoca, una realidad “apremiante que conspira contra la posibilidad de atraer inversiones a la región”, señalaron.
El reclamo de los desarrolladores surgió después de que escucharon de boca de funcionarios municipales que no avanzará ninguna obra o emprendimiento encuadrado en las ordenanzas que habilitaron proyectos durante la intendencia de Julio Garro (Cambiemos) y que todo ese marco normativo se encuentra en revisión, más allá de que debe contar con la aprobación de organismos de jurisdicción provincial.
En el texto, los directivos de la CDU reclaman por “los cambios de criterio en la implementación de ordenanzas, decretos, reglamentos y procedimientos” y recuerdan que algo similar ya ocurrió con el recambio de autoridades en 2015, generando un estado de “inexplicable y dañina inseguridad jurídica”. Los empresarios recordaron que según la norma que rige el uso del suelo a nivel provincial (Decreto ley 9812?77 y leyes modificatorias), “el ordenamiento territorial debe concebirse como un proceso ininterrumpido en el que un conjunto de pautas y disposiciones normativas orienten las decisiones y acciones del sector público y encaucen las del sector privado”. En ese sentido consideran que no es posible ignorar que “durante los ocho años de la gestión anterior el municipio contribuyó a dicha orientación mediante el dictado de diversas ordenanzas, la aprobación de proyectos, planos y memorias técnicas que generaron múltiples emprendimientos inmobiliarios”.
Durante los dos periodos en que gobernó Garro, entre 2015 y 2023, se aprobaron varias ordenanzas con reformas parciales al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), mediante las que se habilitaron numerosos emprendimientos modificando las zonas rurales para permitir los desarrollos. Esto es lo que ahora está en cuestionamiento y en lo que también tiene incumbencia el gobierno hoy a cargo de Axel Kicillof ya que, según la legislación bonaerense, todo cambio de zonificación requiere estudios y aprobación de parte de diferentes instancias del Poder Ejecutivo provincial.
“No hemos logrado que nos atienda nadie en el municipio y estamos muy preocupados porque el virtual congelamiento de los trámites de obra es casi absoluto”, se quejó el presidente de la CDU Región Capital, Valentín Lopez Gastesi, que nuclea a empresas del sector inmobiliario y de la construcción que realizan emprendimientos de loteos en La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Brandsen. El directivo destacó que el perjuicio alcanza a todas las actividades vinculadas, desde arquitectos, ingenieros, contadores, agrimensores y escribanos así como el resto de oficios de la construcción. Los intentos de LA NACION por comunicarse con funcionarios de la Secretaría de Planeamiento de la comuna, a cargo del arquitecto Sergio Resa, resultaron infructuosos. Nadie respondió a los mensajes enviados a esa dependencia así como tampoco al área de prensa del municipio.
Además, se planteó la necesidad de equiparar a todos ante la ley ya que, según indicaron, mientras muchos emprendedores cumplen con los requisitos municipales y provinciales abonando tasas, impuestos y aportes profesionales existen en el distrito más de 120 barrios creados a partir de tomas de tierras además de unos 250 loteos indivisos irregulares, que provocan “un daño irreparable a los que invertimos y queremos trabajar en el marco de la ley”, aseguró a LA NACION Lopez Gastesi.
“Los emprendimientos inmobiliarios demandan mucho tiempo y grandes inversiones; para llevarlas adelante y brindar seguridad tanto al desarrollador como a los adquirentes de unidades, debemos contar con normas y reglas claras que perduren en el tiempo más allá de los cambios en la gestión del Poder Ejecutivo”, exigieron desde CDU.