Denuncian a Raverta por favoritismo con Cristina Kirchner y por tomar medidas que no le corresponden a la Anses
La diputada Graciela Ocaña hizo una presentación contra las actuaciones del organismo, que desistió de su apelación a una sentencia y otorgó, por vía administrativa, lo reclamado por la vicepresidenta
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LA NACIONSilvia Stang
La diputada nacional Graciela Ocaña presentó hoy ante la Justicia Criminal y Correccional Federal una denuncia contra la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, por su actuación en la causa referida a la doble pensión de privilegio que cobra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a quien la funcionaria responde políticamente.
La denuncia fue presentada pocos días después de que los jueces de la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazaron un pedido de la legisladora para intervenir en calidad de “tercero”, dado el interés público de que está en discusión, en esa causa judicial. Su pretensión había sido evitar que el juicio quedara archivado, tal como pidió la propia Anses (en nombre del Estado, que es la parte demandada), luego de decidir pagarle a Cristina lo que ella reclamaba y desistir de la apelación que había presentado antes a un fallo de primera instancia. En aquella presentación hecha la semana pasada (los jueces resolvieron el rechazo casi en forma inmediata), Ocaña ya había apuntado contra el comportamiento de la funcionaria de la Anses.
“No vamos a bajar los brazos. Raverta sabe que no cumplió con sus deberes como funcionaria. Vamos a intentar llegar hasta la Corte Suprema [con el pedido de tener participación en el juicio], tal como la Anses viene haciendo con los miles de jubilados que tienen sentencias firmes y aún no cobran sus haberes”, dijo Ocaña a LA NACION.
En el escrito, la también candidata a diputada por Juntos en la provincia de Buenos Aires hace un repaso de las decisiones que se tomaron desde el organismo de la seguridad social conducido por Raverta y pide investigar cada acción, porque, según argumenta, parecieran “formar parte de una maniobra ya acordada para garantizar los privilegios de la Dra. Kirchner”.
Según Ocaña, “Raverta y [Carlos] Zannini dictaron actos contrarios a la ley para engrosar el ya abultado patrimonio de la Sra. Fernández, y ésta se apropió de caudales públicos que no debía recibir”, porque comenzó a cobrar algo mientras se estaba discutiendo en la Justicia si correspondía o no. La legisladora califica también las acciones de una “perversidad manifiesta”, porque la Administración “actuó en contra de sus intereses –los que debe proteger y defender-, que es como decir [que actuó] en contra de los miles de jubilados que tienen sus beneficios frenados por apelaciones insostenibles de la propia Anses”.
Según se recuerda en la denuncia, varios meses antes de que la Anses desistiera de la apelación que había presentado en febrero contra la sentencia que favorecía a la expresidenta, ya había comenzado a abonarle las dos prestaciones a la vez, tal como Cristina Kirchner pretendía. Eso ocurrió porque, en medio de un juicio y con los efectos del fallo de primera instancia suspendidos (como consecuencia de la apelación que había presentado la propia Anses), se restituyó, mediante una resolución, el beneficio cuyo pago había quedado suspendido en 2016.
Aquella suspensión del pago dispuesta por la ministra de Desarrollo Social del gobierno macrista, Carolina Stanley, invocaba la incompatibilidad de percibir a la vez las dos prestaciones que por ese entonces estaba percibiendo Cristina Kirchner. Los beneficios en cuestión son dos asignaciones vitalicias de altos montos: una por haber sido presidenta y otra por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner.
Concretamente, el artículo 5° de la ley 24.018 indica que “la percepción de la asignación ordenada en el artículo 1° [en referencia a las asignaciones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes], es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”.
En la letra de la resolución por la cual a partir de abril último la Anses volvió a liquidar ambos pagos a favor de la vicepresidenta de la Nación, se argumenta que se le pidió opinión a la Procuración General del Tesoro, a cargo del kirchnerista Carlos Zannini, y que desde esa dependencia se emitió un dictamen con una interpretación del artículo 5° favorable al pedido de la vicepresidenta.
“Notoria contradicción”
Así, como en el medio de un juicio contra el Estado se dispuso un acto administrativo para dar respuesta favorable a la demandante y pedir luego el archivo de la causa, Ocaña señala que “la Anses ha actuado incurriendo en una notoria contradicción que perjudica los intereses del Estado y de todos los argentinos y argentinas, ya que es evidente el favoritismo que existe con la Vicepresidenta, en comparación con la suerte que corren todos los jubilados y jubiladas de nuestro país, quienes esperan años para tener una sentencia firme en sus juicios de reajuste de haberes, por los sucesivos recursos que presenta la Anses en cada uno de los procesos judiciales”.
Entre los pedidos específicos hechos a la Justicia, la presentación de Ocaña incluyó que se informe el número de sentencias definitivas que hubo en 2020 y 2021 contra la Anses y el de las apelaciones interpuestas por el organismo contra las decisiones favorables a jubilados. También se pide que se detalle a cuántos demandantes recibió de manera personal Raverta, ya que en la denuncia se afirma que, contra lo habitual, en el caso de Cristina Kirchner la funcionaria recibió personalmente escritos del abogado de la parte demandante.
Para la diputada de la oposición, el acto de desistir de la apelación para que la causa judicial no siguiera su curso, demuestra que se actuó “de forma contradictoria y manifiestamente arbitraria, para beneficiar los intereses de la ex Presidenta por sobre los intereses del Estado Nacional y el resguardo del erario público”. Y agrega que “existen sobrados motivos para poder aseverar que la titular de la Anses, la Sra. María Fernanda Raverta, prioriza su vínculo de lealtad con la Vicepresidenta, otorgándole un trato diferencial”.
“La Anses apela gran parte de las sentencias que emite la justicia en favor de los/as jubilados/as, generando que estas personas mayores deban esperar años la llegada de una sentencia firme que les permita el cobro de las sumas que les corresponden después de haber trabajado durante toda su vida. Muchos/as incluso, fallecen esperando la llegada de este dinero”, se expresa en el escrito.
La denuncia sostiene, además, que el desistimiento de la apelación por parte de la Anses (un hecho nada habitual) no incluye una justificación, lo cual “es argumento suficiente para considerar que el accionar de la Anses en esta causa es nulo”.
Con respecto a la resolución 2053 del organismo, que restituye la prestación antes suspendida, se sostiene que es una norma de menor jerarquía que el decreto de 2019 que había rechazado la percepción simultánea de ambos beneficios. “Una Subdirectora de un ente descentralizado [por quién firma la norma] no puede dejar sin efecto una decisión tomada por una Ministra de la Nación [por Stanley] y por el Presidente de la Nación [por Macri], razones por las cuales dicha norma resulta nula”.
Sin facultades para decidir el destino de los fondos
Más allá de las jerarquías de las normas, también se recuerda que la Anses, creada por decreto en 1991, es un organismo que tiene la función de administrar recursos del Estado, pero no cuenta con facultades para tomar decisiones referidas a cómo disponer de esos fondos de carácter público.
Ocaña también apunta contra la participación que tuvo Raverta en la causa, dada su relación con Cristina Kirchner. Y considera que por su relación personal “se encontraba obligada a excusarse”, según la letra del artículo 1 del decreto 201 del año 2017, que está referido a cómo se debe actuar en litigios contra el Estado.
Al margen de la discusión por la validez de cada paso dado y por la interpretación de las normativas, Ocaña sostiene en su denuncia que “hay una dimensión moral que no califica en ningún argumento jurídico, por estos tiempos se lo llama empatía. No puedo dejar de preguntarme: ¿era necesario litigar contra un estado fundido en pos de obtener un beneficio propio?”.
Por Silvia Stang
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