Demorarán aún más los juicios de los jubilados contra la Anses
Por la cantidad de reclamos, los jueces pidieron a la Corte una prórroga del plazo para dictar sentencia
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LA NACIONSilvia Stang
Los jubilados que reclaman en la Justicia el cumplimiento de sus derechos deberán esperar plazos aún más largos que los actuales para tener una respuesta a sus demandas. Por la enorme cantidad de litigios que ingresan en el fuero día tras día, la presidenta de la Cámara Federal de la Seguridad Social, la jueza Lilia Maffei de Borghi, le solicitó formalmente a la Corte Suprema una prórroga en los plazos legales establecidos para dictar sentencias, tanto en primera como en segunda instancia. Los juicios son, en su mayoría, reclamos contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la insuficiente recomposición que tuvieron en los últimos años los haberes de muchos jubilados y pensionados.
El pedido de la Cámara es que se eleve en 180 días hábiles el tiempo que tienen los magistrados para expedirse en cada causa. El Código Procesal Civil indica que en los juzgados de primera instancia debe dictarse sentencia en 40 días hábiles, en tanto que se otorgan 60 días hábiles a las salas de apelación. Si se habilita la ampliación que los jueces camaristas están pidiendo por verse imposibilitados de cumplir con los plazos vigentes, el tiempo total se elevaría de 100 a 460 días.
En medios judiciales se estima que la Corte dará su aprobación porque, en la práctica, ya se hizo imposible la tramitación de las demandas en los plazos legales. Según el juez camarista Luis René Herrero, hoy un litigio tarda en promedio entre 5 y 6 años, tiempo al que se suman alrededor de 3 años hasta que la Anses abona. En esa demora cuentan varios hechos: la Corte no tiene plazos para expedirse; hay demoras en la asignación de expedientes, y muchas causas resueltas vuelven a la Justicia por trámites de "ejecución de sentencia", luego de la Anses paga con criterios diferentes a los dispuestos en un fallo.
Herrero explicó que los jueces están obligados a pedir prórroga cuando existen razones extraordinarias, como el colapso actual del fuero, que les impide cumplir.
Cada vez más
Maffei, que en diálogo con LA NACION calificó la situación del fuero como "dramática", afirmó que hay 13.000 causas aún pendientes de ser sorteadas entre los 10 juzgados de primera instancia. Entre el 1° de febrero y el 22 de abril, según agregó, se asignaron 24.901 juicios, en tanto que 6456 pasaron a las salas de apelación. Entre ambas instancias hay 169.338 causas que esperan resolución. Además, agregó, este año se otorgaron 14.646 poderes "que luego se convierten en esa misma cantidad de juicios", una cifra que casi duplica a la de los primeros meses de actividad judicial de 2008.
Pero el número de causas tramitándose es aún más elevado, ya que faltan sumar los expedientes de ejecución de sentencias; los que ya están en la Corte, y los que se tramitan en el interior. Por eso, se estima que son más de 230.000 los juicios en trámite y que podrían estar involucrados casi medio millón de jubilados, dado que cada presentación suele involucrar a más de una persona. El colapso del juzgado de la seguridad social tiene entre sus causas principales el retraso del valor de muchos haberes acumulado en los últimos años, más específicamente a partir de 2002, desde cuando el índice de inflación se habría elevado ya en alrededor de un 180 por ciento.
En la causa promovida por el jubilado Adolfo Badaro, la Corte Suprema declaró, a fines de 2007, que los haberes de los pasivos debían moverse, a partir de enero de 2002, al ritmo de la mejora salarial de los trabajadores activos. Si bien esa consigna se cumplió -en algunos casos en exceso- para quienes cobraban en aquel entonces la jubilación mínima o algo más, la evolución de otros cientos de miles de ingresos quedó detrás del avance que mostró el índice oficial de salarios.
Según Herrero, en el actual colapso de la Justicia tiene responsabilidad la Anses, por haber decidido no generalizar la aplicación -por vía administrativa- de los criterios ya determinados por la Corte sobre el ajuste de haberes, lo que obliga a recurrir a la Justicia a quienes están en situación similar a la de Badaro.
Por otra parte, si bien este año se puso en marcha la ley de movilidad jubilatoria -los jueces supremos habían ordenado en agosto de 2006 su aprobación-, la nueva norma dispone que se darán ajustes periódicos y automáticos en función de un índice predeterminado, pero sólo a partir de 2009, con lo cual no corrige los desequilibrios que se produjeron en los últimos años.
El mayor retraso fue para quienes, como Badaro, tenían en 2002 un haber de $ 1000 o más. Para ese grupo, la primera recomposición llegó sólo en 2006, y al día de hoy recibieron un alza nominal del 82,13 por ciento. En igual período, los salarios crecieron un 189,3 por ciento.
Por su parte, en la Cámara baja, la Comisión de Justicia analiza un proyecto para crear cinco nuevos juzgados de primera instancia, una nueva sala en la Cámara y dos fiscalías de primera instancia, todo en el Fuero de la Seguridad Social. El fundamento de la iniciativa es, justamente, el colapso del sistema, que hace que las "dependencias [existentes] se encuentren totalmente desbordadas".
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