Pelea por la deuda. Los tres juicios abiertos que tiene la Argentina en New York

En el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el despacho de la jueza Loretta Preska, hay tres carpetas que continúan abiertas con demandas contra la Argentina. Se trata de juicios basados en hechos que ocurrieron hace más de cinco años, pero que toman vigencia en el contexto cual, en el cual el Gobierno se encamina a realizar una nueva expropiación y mientras el Ministerio de Economía negocia una reestructuración de la deuda y ofrece como "endulzante" un bono atado a las exportaciones.

Preska se quedó con los expedientes argentinos cuando falleció su antecesor, Thomas Griesa, en 2017. Griesa se hizo célebre en la Argentina luego de que en un fallo inédito, basado en la doctrina pari passu, prohibiera al país pagarle a los acreedores que habían aceptado canjear sus bonos defaulteados en 2001 por nuevos títulos en 2005 y 2010, si antes no le pagaba a los fondos litigiosos (holdouts) que no habían entrado en el canje y demandaron al país. Esta prohibición derivó en el default técnico de 2014, aunque el país nunca había dejado de estarlo desde 2001.

Casi seis años después, la Argentina todavía acumula dos juicios derivados de la cesación de pagos de 2001 y una demanda por la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012. En total, de avanzar estas demandas, el país podría pagar, por lo menos, US$4697 millones.

Cupón PBI

Se trata de la demanda más reciente, iniciada en enero de 2019, y que cobra mayor relevancia ahora, en plena negociación de la deuda. En 2005, cuando el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen (hoy presidente de YPF), presentaron la oferta para canjear los títulos en default desde 2001, propusieron como "endulzante" –como se dice en la jerga financiera– un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).

El problema que desató el juicio ocurrió en 2014, cuando el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof (hoy gobernador de Buenos Aires), anunció un cambio en la base de cálculo del producto, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.

Por este cambio estadístico, el fondo Aurelius presentó el año pasado una demanda, aunque las contingencias están divididas en varios litigios contra la Argentina en tribunales de Nueva York y en el Reino Unido. Todavía no hay sentencia definitiva en ningún caso. Según fuentes al tanto de la demanda, el litigio podría costarle al país alrededor de US$1322 millones.

Este cambio de base en el cálculo del PBI, sumado a las denuncias por manipulación en las estadísticas del Indec, son las razones por las cuales los acreedores dudan de la efectividad del cupón atado a las exportaciones que quiere proponer el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El remanente de holdouts

En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el entonces gobierno pagó US$9300 millones a parte de los holdouts que tenían todavía deuda en default de 2001. Para hacer frente a los primeros compromisos, se emitieron los famosos bonos Globales, que hoy el ministro Guzmán busca reestructurar, junto con los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010.

Eso permitió que el juez Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarle al resto de los bonistas y el país salió del default. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York, lo que explica que el monto total pagado ascendiera luego a US$11.000 millones para 2019. Sin embargo, hay un pequeño remanente de holdouts que todavía mantienen la demanda vigente contra la Argentina. Son aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.

Según fuentes del mercado, los juicios que quedan son por bonos que tienen un valor nominal de menos de US$250 millones; de esos, hay US$140 millones en un juicio de tres fondos que trabajaban juntos. Si se lograra un acuerdo con la propuesta que se realizó en 2016, el pago sería de alrededor de US$375 millones.

Que todavía hayan fondos buitres litigando contra el país fue lo que popularizó en el mundo financiero las cláusulas de acción colectiva (CAC), un instrumento que establece que si el país deudor realiza una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática. Con los canjes que había realizado el país en 2005 y 2010, se había logrado que acepten la oferta los titulares del 92,4% de la deuda en default.

Expropiación de YPF

La demanda se presentó ante el juzgado de Nueva York, en 2015, por el fondo Burford Capital, luego de haber adquirido el derecho a litigar contra la Argentina en la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que tenían el 25% de las acciones de la petrolera. La causa se basa en la expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol.

Los demandantes señalan que la Argentina violó el estatuto de la compañía –que ya en ese momento cotizaba en la Bolsa de Nueva York–, que establece que se debería haber realizado una oferta por el 100% de las acciones, al momento de adquirir el control de la empresa.

Como defensa, los abogados de la Argentina explicaron que la expropiación del 51% de las acciones fue un acto soberano, no comercial, y que estuvo avalada por una ley local, que está por encima de cualquier estatuto empresarial. Este recurso, sin embargo, fue desestimado por la jueza porque indicó que una vez expropiadas las acciones, el Estado, como accionista principal, estaba obligado a llamar a la oferta pública (OPA).

La expropiación –agrega la demanda– perjudicó a las empresas Petersen, quienes habían adquirido el 25% de las acciones gracias a un préstamo sindicado que tenía como garantía el reparto de utilidades, que en la época en la que Repsol tenía el control, eran bastante elevadas.

Como nuevo argumento de defensa, la Argentina podría pedir que se haga un Discovery, para que la Justicia norteamericana investigue a las empresas Petersen, que creó el Grupo Petersen –de la familia Eskenazi–, en España, para comprar las acciones de YPF. La familia es dueña además del Banco de Santa Cruz. Quien hoy está a cargo de la Procuración del Tesoro –el máximo organismo de asesoramiento jurídico del Estado– es Carlos Zannini, quien, hasta diciembre pasado, se desempeñaba como director titular de ese banco, designado por la gobernadora Alicia Kirchner.

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