Ajuste: cuánto cayeron el gasto real en jubilaciones y el poder de compra de los haberes

En los cinco primeros meses de este año el Gobierno redujo el dinero asignado a jubilaciones y pensiones en un 9,4% respecto de igual período de 2020 en términos reales, es decir, según las cifras corregidas por la inflación. Así lo afirma un informe elaborado por los economistas Marcelo Capello y Laura Caullo, del Ieral, que también indica que entre el primer semestre de 2017 y ese período de este año, el haber promedio pagado por el sistema disminuyó, medido por su poder de compra, un 18,5% (en la variación influyen las subas nominales -en la práctica, inferiores a la inflación- y el valor de las nuevas prestaciones), y que en los últimos 15 años el número de beneficios se incrementó un 112%, sobre todo por las moratorias dirigidas a personas sin aportes suficientes para jubilarse según los requisitos exigidos por la ley.

El dato de la caída del gasto en términos reales está en línea con el consignado, en este caso para el primer cuatrimestre de este año en comparación -a valores constantes- con ese lapso de 2020, en un informe del Observatorio Fiscal Federal, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Fundación Hanns Seidel. Allí se especifica que entre enero y abril de este año fueron a prestaciones previsionales 1.022.116 millones de pesos, un 9,2% menos que en los cuatro primeros meses de 2020. “El principal componente del gasto del sector público nacional está constituido por las prestaciones previsionales y este concepto ha registrado una clara retracción”, se asevera en el informe.

La disminución de lo asignado en términos reales a los pagos previsionales con respecto a 2020 (y también a los años previos) implica un fuerte ajuste, concretado por el Gobierno, para el bolsillo de los mayores, y responde al hecho de que las subas de los haberes se ubicaron por debajo de los niveles de inflación, y también a la caída del número de beneficios pagados por la Anses, un dato que surge de la estadística de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación.

Según un análisis de la información de esta última fuente oficial, y tal como ya informó días atrás LA NACION, entre enero de 2020 y marzo de este año se redujo a la mitad la cantidad promedio de altas mensuales de jubilaciones otorgadas por el sistema previsional que gestiona la Anses, en comparación con el período extendido entre 2017 y 2019 (se pasó de 20.700 a 10.300 casos mensuales), algo principalmente explicado por el cierre de oficinas del organismo de la seguridad social durante unos meses de 2020, y por las demoras en asignar turnos (una vez que abrieron) y en las respuestas a los trámites virtuales.

En cuanto a lo ocurrido con los ingresos jubilatorios frente a los precios, si se comparan, por ejemplo, los haberes de marzo de 2020 con los del tercer mes de este año, resultan superiores nominalmente en un 29,45%, mientras que la inflación interanual alcanzó el 42,6%; esa brecha implica una caída de poder adquisitivo de más de 9%. Es cierto que, además de las subas generalizadas (en 2020, discrecionales, y este año, según la nueva fórmula de movilidad), hubo bonos extras, pero solamente para los jubilados y pensionados de menores ingresos, mientras que todos perdieron frente la inflación. Este año se otorgaron dos pagos adicionales, de hasta $1500 cada uno, en abril y mayo; fue, de hecho, una compensación por la suba del índice de precios, que en el primer trimestre fue del 13%, mientras que la recomposición según la nueva fórmula de movilidad diseñada por el Gobierno resultó en marzo de 8,07%.

En un análisis de mediano plazo, el informe del Ieral muestra que la participación del gasto previsional de la Nación, medido como porcentaje del producto bruto interno (PBI), había alcanzado el 9,7% en 2020, mientras que en 2005 había sido de 3,9% y en 2001, de 5,4%. El incremento estuvo en gran medida vinculado con los planes de moratoria, que permiten obtener una jubilación sin contar, a la edad dispuesta para el acceso al beneficio, con los 30 años de aportes que exige la ley.

Según muestran los datos de la Secretaría de Seguridad Social, la participación de los casos con moratoria entre las altas de jubilaciones es actualmente, y desde 2017, de entre 54% y 62%. En años previos ese índice había sido más elevado, y en 2015 había llegado al 87%: la razón es que en 2014 se había aprobado una flexibilización de requisitos para acceder a los planes.

De las prestaciones vigentes actualmente, entre jubilaciones y pensiones hay unas 3,6 millones que requirieron moratoria y algo más de 3,1 millones que no. Eso es, en gran medida, una muestra de la fragilidad en las condiciones laborales sufrida por muchas personas. Y la suba del número de beneficiarios ocurrió al mismo tiempo en que no hubo mejoras en cuanto a la tasa de formalidad de los trabajadores que están en la etapa activa. Así, mientras que en 2006 había 2,1 aportantes por cada beneficio puesto al pago, en 2020 esa relación había caído a 1,4, según el informe del Ieral.

De los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec previos a la pandemia, se desprende que la mitad de las personas ocupadas (asalariadas o cuentapropistas) no tenía aportes jubilatorios, a lo que se suma el problema de las trayectorias laborales formales que suelen ser intermitentes, lo cual hace difícil alcanzar los años de aportes requeridos.

Medido en moneda constante, señalan Capello y Caullo, el gasto del sistema previsional nacional creció 167% entre los años 2000 y 2020, a una tasa de 6% anual promedio, aunque con amplia disparidad según la parte de la línea de tiempo que se mire. “Por ejemplo, en 2007, con la incorporación de la moratoria previsional, el crecimiento del gasto real fue de 40%, mientras que en 2002, con la crisis por la salida de la convertibilidad, hubo una reducción del 20% en términos reales. Y entre 2018 y 2020 el gasto correspondiente al instituto de seguridad social, excajas provinciales y organismos descentralizados cayó 6% en términos reales”, indica el informe.

Según se consigna, si se hacen las cuentas a valor constante del peso (según precios de abril de 2021), en los primeros cinco meses de este año el gasto promedio fue de $262.549 millones, un 9,4% más bajo que el de 2020 y un 17,7% más reducido que el de igual período de 2018. Ese año, en el que rigió la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017 ahora ya derogada, las jubilaciones perdieron un 13% de su poder adquisitivo; en 2020, ese mismo cálculo iba a generar una recuperación del ingreso real (el índice daba un aumento de 42% para todo el año, contra una inflación de 36,1%).

Pero el Gobierno de Alberto Fernández puso en suspenso su aplicación, y las subas decididas de manera discrecional y otorgadas por decretos provocaron que el valor real de los ingresos disminuyera para todos los jubilados, en niveles de entre 0,6% y 8,7%. Con aquella medida de suspensión de la fórmula, aprobada por el Congreso, comenzó el ajuste en el principal rubro que tiene el gasto público.

En el informe de la consultora se recuerda que en las últimas décadas el sistema tuvo una serie de cambios que alteraron tanto su estructura de financiamiento (que es mixta, ya que contempla aportes y contribuciones específicos, pero también recursos de impuestos como el IVA o el que se aplica sobre las operaciones bancarias), como también en la dimensión del gasto comprometido.

“Desde hace décadas las cuentas no cierran y el sistema ha incrementado su déficit año tras año, que debió ser cubierto con ingresos tributarios”, se advierte. Y se cuantifica la brecha, al señalarse que el déficit previsional genuino (cuando se consideran solo los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social) pasó “de un 0,5% del PBI en 2010 a un 4,8% en 2020”.

En el Ieral consideran que esa fuerte suba del desequilibrio, que acompañó a la incorporación de un gran número de beneficiarios, tuvo su impacto en el valor de los ingresos jubilatorios: mientras que entre el primer semestre de 2013 y ese período de 2021 el haber mínimo cayó en términos reales un 26,5%, entre la primera mitad de 2017 y ese lapso de ese año, el haber medio tuvo una disminución de 18,5%.

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